Política Fahrenheit del PP contra la cultura
La industria cultural aporta el 4% del PIB español. La edición, el 1%. Creación y producción son responsables del 59,8% del PIB de las actividades culturales. Pero el Gobierno en funciones del PP sigue tratando a sus creadores como si fueran estafadores. Si Bradbury lo hubiera imaginado, habría cambiado el fuego que destruye los libros a 451 grados Fahrenheit por este Gobierno. España nunca ha cuidado a sus creadores; ahora pretende amordazarlos y condenarles a la precariedad con una reglamentación tan disparatada que ha provocado una oleada de indignación.
Los escritores y creadores en general que perciben derechos de autor y están jubilados han ocupado las portadas de los medios recientemente debido a la medida del Gobierno del PP que anula su jubilación. En agosto de 2011 se verifica una modificación normativa y no una ley. Y entra en vigor en enero de 2012. Desde entonces, se dispone que si otras actividades laborales superan en un año los 9.172,80 euros (salario mínimo interprofesional fijado para 2016) no se puede cobrar la pensión. O jubilación o derechos de autor a partir de 9.172,80 euros. Pero no sucede lo mismo con quienes viven, por ejemplo, de la renta de propiedades o tienen una Sicav, que gozan incluso de desgravaciones. La ley no es clara y hemos de tener en cuenta que existe la forma de transformar la situación si cada jubilado que trabaja se declara socio de sociedades limitadas de las que pueden recibir dividendos en vez de honorarios que serían incompatibles con su pensión. La desventaja de los trabajadores culturales respecto a otros gremios es histórica. Se trata de un problema grave que obliga a los creadores artísticos, científicos y literarios a la precariedad, y a la cultura a ralentizarse hasta perder su activo más importante. Para entender lo que significa la situación presente, necesitamos tener en cuenta cuatro aspectos básicos en un orden que no altera el resultado final.
En primer lugar, hay que volver a recordar que se necesita un creador para activar un sector económico importante. Con unos 91.000 nuevos títulos anuales, España se mantiene como una de las principales potencias editoriales del mundo. La industria cultural española representa aproximadamente el 4% del PIB y el 2,8% del empleo total en España, 485.000 personas. Como comparación, es útil saber que la agricultura aporta el 2,5% del PIB. Sólo el sector del libro controla el 1% del PIB total de España y asume el 39,1% del conjunto de las actividades culturales. Son 3.109 editoriales. En 2014 el sector del libro alcanzó exportaciones por un valor de 541,76 millones de euros y un saldo comercial positivo de 329,06 millones. Traductores, correctores de mesa, correctores de estilo, diseñadores, lectores profesionales, redactores de contra, profesionales del editing, agentes literarios, scouts literarios, editores y sus técnicos, marketing y comunicación, libreros, cadenas de supermercados, distribuidores y un largo etcétera trabajan con el libro que ha ideado un autor hasta hacerlo llegar a las manos de un lector y que entonces permitirá a periodistas culturales desarrollar parte de su actividad. Y eso sin contar las posibles adaptaciones para películas o series, las rutas turísticas que se planifican alrededor de un libro, el turismo a la casa de ciertos autores y otro largo etcétera. Si el libro en cuestión tiene éxito y se vende bien, los sectores implicados aumentarán. Además, se han de tener en cuenta los beneficios incontables que la cultura aporta a una sociedad que pretenda ser dinámica, rica y fructífera. Todo nace de un manuscrito y de un escritor, un eslabón clave, que recibe entre el 8% y el 10% de las ventas de su libro, a veces incluso menos y en muy contadas ocasiones más. El distribuidor se lleva el mayor porcentaje. Bien puede suceder que un distribuidor no declare todos los libros que vende, como le sucedió a Hernán Casciari, que entonces decidió crear una editorial con otras reglas y que lo explicó en TED bajo el título Cómo matar al intermediario.
En segundo lugar ,propongo que hagamos unos cálculos muy básicos. Las cifras que se reflejan en la prensa últimamente son excesivamente altas para la gran mayoría de autores. Un libro requiere cierto tiempo para ser escrito y más para ser editado, lo cual es un proceso que implica ajustes de variado alcance por parte del autor. Permítanme hacer unos operaciones imaginativas. Generalmente se podría afirmar que un libro necesita al menos unos tres años para ser escrito, es una media. Hay novelas que necesitan más tiempo y pocas que exigen menos. Le sumamos otro año para que se publique, que es lo más habitual. Ya son cuatro años, con suerte. En el caso hipotético de que ese autor recibiera 9.172,80 euros en 2015, necesitaríamos dividir esa cantidad por cada uno de los años que han sido necesarios para que salga a la luz su trabajo; en nuestro caso hipotético son cuatro años. Es un cálculo aproximado, imaginativo y sobre mínimos generalizados. El resultado sería que ese autor imaginario ha percibido en un año 2.293,20 € o 191,1 € al mes. Nada garantiza en absoluto que al año siguiente nuestro autor imaginario cobre otros 9.172,80 euros, lo más probable es que sea menos, debido al ritmo editorial. Algunos dan charlas y realizan otras actividades, son minoría. Otros logran vender su libro en otros países. Todos declaran estas actividades a Hacienda y pagan por ellas, el sistema no permite escapatorias para poder cobrar. ¿Conoces alguna otra profesión donde suceda lo mismo de forma generalizada?
En tercer lugar, hemos de tener en cuenta lo que implica el cobro de los porcentajes de ventas en la historia del colectivo cultural. Llegar a cobrar un porcentaje en las ventas es una conquista importante y muy reciente para los escritores. Charlamos con Josep Mengual, especialista en historia de la edición que mantiene un blog sobre éste y otros temas: Negritas y cursivas. También es el autor del libro A dos tintas sobre la labor de Josep Janés, poeta y editor.
Mengual nos cuenta: “Antes de los 40, un caso interesante del siglo XIX es el de Pérez Galdos, que incluso optó por la autopublicación de sus Episodios Nacionales. Los libreros-editores y posteriormente los editores a menudo hacían un pago (un forfait) y adiós muy buenas, eran propietarios de los derechos y de explotar la obra como les pareciera más conveniente, e incluso de vender los derechos de traducción. En los 30, el caso clave es el de Cénit, que ofrecía a sus autores poco menos que un sueldo y además (como luego haría Destino y más adelante el grupo Prisa con Alfaguara y El País) les daba trabajo en sus diversas publicaciones periódicas. Janés, como todos, hacía de las suyas para engañar a sus autores, pero no hay pruebas de ello, y sí en cambio de que pagó por muchas obras que la censura le impidió publicar…”.
“En los años 40, nadie era muy dado a reconocer derechos, y más bien engañaban tanto como podían a los autores, salvo, que se sepa, a las vacas sagradas (Delibes, Pla). Quien lo cambia todo, absolutamente todo, es Carmen Balcells”.
“A partir de los años 70, Balcells es muy, muy clave. Introduce los contratos por zonas geográficas, que permiten que un autor sea publicado en cada zona (Cono Sur, Centromérica y México y la Península) por la editorial que le cuadra más, se pone seria con el pago inicial entendido como anticipo por las ventas por venir, negocia cualquier adaptación (cine) o edición en formato distinto (bolsillo, club de libro) y traducción”.
Manuel Vázquez Montalbán reconocía en Balcells una “superagente literaria que pasará a la historia de la literatura universal por su empeño prometeico de robarles los autores a los editores para construirles la condición de escritores libres en el mercado libre. Hasta Carmen Balcells, los escritores firmaban contratos vitalicios con las editoriales, percibían liquidaciones agonizantes y, a veces, como premio, recibían algunos regalos en especie, por ejemplo, un jersey o un queso Stilton.”
En cuarto lugar, necesitamos una mirada global sobre el papel importante que juega la intención política en el sector desde hace tiempo. No ha variado mucho. Hay un terreno abonado en el que el actual gobierno decide actuar confiando. Una de las primeras tomas de posición se la debemos a Pablo Iglesias, el abuelo, secretario del PSOE y UGT por aquellos años. En el año 1900, Pablo Iglesias defendía: “Mañana los esclavos de la prensa romperán sus argollas”. Consideraba a los escritores como un “brillante ejército que viene a ayudar al proletariado de todos los oficios para cambiar la faz del mundo acabando con el odioso capital y con la explotadora burguesía”. Rescata su memoria otro especialista, David García Aristegui, quien ha analizado profundamente el trabajo cultural y la cuestión de los derechos minuciosamente en su libro ¿Por qué Marx no habló de copyright? Mantiene un blog con el mismo título dedicado al trabajo cultural.
García Aristegui ha investigado sobre las posturas políticas vinculadas a los derechos de autor. En una entrevista con Ana Encinas en El salmón a contracorriente afirmaba: “El origen del copyright es liberal y la única corriente de pensamiento ideológica, política o económica que más ha reflexionado sobre la propiedad intelectual ha sido el liberalismo. La izquierda ha hecho una dejación de funciones tremenda y siempre ha ido a remolque de los debates que el liberalismo ha establecido con este tema. La izquierda no tiene un discurso sobre la propiedad intelectual. Por esa falta de discurso, ha sido el liberalismo quien ha ido creando tensión”. «A los neoliberales les fastidian mucho los derechos de autor porque son un gran impedimento para su modelo de negocio. De todas formas, capitalistas y neoliberales no tienen una postura estática en el tiempo, cambian muchísimo”. A García Aristegui le han interesado especialmente las propuestas de Podemos, porque “se notan dos cosas: que hicieron una encuesta a las personas interesadas (cosa que les dio información muy valiosa) y la mano del abogado David Bravo”.
El 10 de noviembre de 2015, Forges, los escritores Javier Reverte, Marta Rivera de la Cruz y Paula Izquierdo, el fotógrafo Chema Madoz, el cantaor José Mercé, el músico Javier Campillo y la dramaturga Paloma Pedrero se personaron ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para presentar un manifiesto en el que exigían un cambio ante las medidas legislativas adoptadas por el gobierno. Poco después, la noticia saltaba a los medios con un artículo de Julio Llamazares en El País titulado La ministra y sus artistas Javier Morales tituló su columna habitual de El Asombrario de forma muy clara: Cómo acabar de una vez por todas con la Cultura, En El Español, el periodista Peio Riaño rescataba la terrible situación de un escritor que a causa de todo esto perdiera a su esposa y dirigiera una carta de 50 páginas a la ministra Fátima Ibáñez declarándola culpable. El Diario de León recogía las declaraciones del poeta y premio Cervantes Gamoneda que afirmaba que dejaría de escribir. La periodista Paula Corroto describía la situación de la legislación española respecto al resto de Europa y que nos incluye a la cola de las políticas culturales del continente.
Las implicaciones para el desarrollo quedan bien claras al cercenar las raíces de la cultura de forma lenta y efectiva. Primero fue el 21% de IVA cultural, ahora las pensiones de los escritores que les condenan a la precariedad. ¿Alguien alcanza a imaginar los próximos ardores de este Fahrenheit político?
Rabiosas lecturas, olas de protestas creativas y océanos de lectores e intelectuales unidos.
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