Next Generation, 140.000 millones para una transición ecológica socialmente justa
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Fernando Rodrigo / Fundación Transición Verde
Las consecuencias de la pandemia desgraciadamente no son solamente sanitarias. Los efectos económicos y sociales en todo el mundo están siendo enormes. Frente a esta crisis, afortunadamente la UE ha respondido de manera muy diferente a como lo hizo en la crisis financiera de 2008. El programa ‘Next Generation’ de la UE (NGUE) y los fondos económicos del Plan de Reconstrucción y Resilencia, dotados con 700.000 millones de euros para toda la Unión Europea, son el centro de estas nuevas políticas; de ellos, 140.000 millones llegarán a España en los próximos años (de los cuales la mitad aproximadamente en subvenciones y el resto en préstamos). Un 37% de estos fondos tiene que ser invertidos en financiar programas y actividades de transición ecológica justa y otro 10% en la mejora de la biodiversidad. Se trata de aprovechar la reconstrucción económica y social mediante políticas, que entre otros objetivos, aceleren la transición ecológica de nuestro modelo productivo.
El reto es formidable y la oportunidad única. Nuestro país –y el resto de países europeos– se enfrenta a un triple desafío: cambiar el actual modelo productivo para hacerlo ambientalmente sostenible y socialmente justo, generar nuevas actividades y empresas de economía verde y crear millones de empleos de calidad. Un reto que nos incumbe e involucra a todas y todos. No solo a los gobiernos y a las empresas, también a las organizaciones e instituciones de la sociedad. Si fracasamos, será un fracaso de país y las consecuencias las pagaremos durante varias generaciones.
El Observatorio para la Transición Ecológica Socialmente Justa (Prosoxi) se ha constituido recientemente por fundaciones y organizaciones ambientales con una amplia trayectoria en el campo de la transición ecológica, con la voluntad de implicarnos activamente en la información, participación y evaluación de los proyectos acogidos a los fondos de este programa, especialmente en los radicados en el eje de la transición ecológica. (Estas son las organizaciones que forman parte de PROSOXI: Fundación Renovables, Sociedad Española de Agricultura Ecológica, Fundación Transición Verde, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua, Retorna, Asociación Promoción del Transporte Público, Foro Transiciones y Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF). En este sentido, hemos realizado ya una primera evaluación del PRTR presentado por el Gobierno de España; en ella reconocemos muy buenas iniciativas, pero también acciones y líneas que nos preocupan y que desearíamos que se pudieran corregir. Aspectos relacionados con los procedimientos y también con medidas y líneas de acción que, en nuestra opinión, no encajan bien con una transición ecológica socialmente justa. Resumiendo mucho, paso a resumir algunas de estas ideas.
En cuanto a los procedimientos, creemos que son muy mejorables la participación pública, la transparencia y la gobernanza. Las medidas contempladas para facilitar la agilización administrativa eliminará o reducirá gran cantidad de cautelas administrativas y ambientales. Igualmente consideramos una debilidad del PRTR –y esperamos que se pueda aún corregir– la inexistencia de una mesa de diálogo social con las organizaciones y fundaciones de carácter ambiental (entre otras, las que forman parte de Prosoxi).
Entrando en las principales líneas del eje de la transición ecológica, en lo que concierne al ámbito de la energía, destaca muy positivamente el plan y la inversión en rehabilitación energética de edificios y viviendas. Sin embargo, los objetivos del Plan de Energía y Clima, que se adelantan del 2025 al 2023, se mantienen igual de poco ambiciosos para 2030, perdiendo la oportunidad de acelerar y liderar a nivel europeo la transición energética. Esperamos que en el marco del diálogo se pueda rectificar este aspecto y aprovechar los fondos NGUE para aumentar los objetivos establecidos para 2030.
Pero lo más preocupante en este ámbito son los proyectos de hidrógeno, al considerarlos como un proyecto de país cuando no lo son, ya que no generan un valor inclusivo y redistributivo en la ciudadanía ni en el sistema eléctrico, como sí se consigue con la fotovoltaica distribuida. Apoyar el autoconsumo y las comunidades vecinales de energía son iniciativas que habría que reforzar con más financiación.
Respecto a la movilidad, apoyamos la apuesta por reforzar las redes ferroviarias de cercanías, que habría que trasladar también a los servicios regionales (olvidados y relegados en las últimas décadas y clave para la vertebración del territorio). Además, el traspaso modal hacia el ferrocarril de mercancías es un avance, pero es necesario desarrollar los puntos de intermodalidad. También apoyamos crear un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad, permitiendo integrar las externalidades del transporte por carretera. Valoramos muy positivamente la apuesta por la electrificación de la movilidad, por más que sabemos que presenta también problemas y que debe ir muy unida al apoyo y fomento del transporte público y de otras formas de moverse en ciudades y áreas metropolitanas como son el transporte y movilidad compartido, la bicicleta y la peatonalización. Por último, no compartimos que sean medidas para la transición ecológica la construcción de nuevas infraestructuras ferroviarias de alta capacidad, la inclusión del transporte aéreo como beneficiario, la construcción de nuevas carreteras y la exclusión de servicios regionales de ferrocarril.
Analizando la transformación ambiental del sistema agroalimentario y pesquero, carece de propuestas y medidas específicas sobre agroecología, como son poder alcanzar el 25% de la superficie agraria útil para agricultura ecológica, la producción a pequeña escala y el autoabastecimiento. La transición ecológica del modelo agrario y ganadero es una necesidad, pero además un objetivo de la PAC que estos fondos podrían ayudar a alcanzar y anticipar. En cuanto a financiar nuevos regadíos, también lo valoramos negativamente, dados los efectos para el medioambiente y para el consumo de agua.
En relación con la biodiversidad y la protección y regeneración del territorio, valoramos muy positivamente la conservación y restauración de los ecosistemas y su biodiversidad, al incluir la recuperación de humedales, infraestructuras verdes, los ecosistemas fluviales y todos los planes de adaptación de la costa y ordenación del territorio marino. También apunta en una buena dirección la actualización de la Ley de Aguas, junto con sus inversiones para depuración, saneamiento y eficiencia, entre otras.
Finalmente, la importancia de la economía circular y el tratamiento de los residuos en la sostenibilidad es indudable, valorando como un buen aporte los objetivos en el plan de reducciones, pero lamentando que el plan no contemple medidas tangibles para su consecución. El impulso de políticas de recogida selectiva de residuos no puede seguir haciéndose como hasta ahora porque ha fracasado, es imprescindible la implementación de sistemas SDDR (Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno de Envases), la prohibición de plásticos y la puesta en valor de residuos agrícolas, de biomasa residual forestal y de jardinería en pequeña escala e instalaciones.
Valoramos positivamente, pese a ser solo explicativo y no contener medidas específicas tributarias, la reforma hacia una fiscalidad medioambiental que impulse un modelo socioeconómico más sostenible.
Por último, valoramos positivamente el apartado de Transición Justa, con presupuestos adjudicados, y la voluntad de extenderlo a otros sectores afectados por la transición ecológica que no sean exclusivamente el de la minería.
Fernando Rodrigo es miembro del Patronato de la Fundación Transición Verde.
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