El opaco y sucio negocio de la minería de oro en Latinoamérica
Venezuela es uno de los países donde, como denuncia la organización ambiental SOS Orinoco, está teniendo lugar un aumento de esta actividad desde que se decretó la explotación del Arco Minero del Orinoco en 2016, que autorizó la explotación de 112.000 kilómetros cuadrados, más de lo que ocupa Portugal. Foto: Sos Orinoco
Corrupción, violencia, enfermedad y un destrozo ambiental sin precedentes en numerosos países de Latinoamérica son las señas de identidad de la subida del precio del oro, provocada por la guerra en Ucrania y otras crisis. Mientras un gramo de ese preciado metal se acerca a los 60 euros en los mercados internacionales, grandes áreas de Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Brasil o Perú están siendo envenenadas de cianuro y mercurio, ante la indiferencia internacional. Así lo denunciaban pueblos indígenas y diferentes organizaciones en un evento organizado para denunciar una realidad que está poniendo en riesgo la vida en esas zonas.
La gráfica de Iversoro.es refleja con claridad el pico espectacular que hubo hace un año en el valor de el dorado, con el inicio del conflicto de Ucrania, fechas desde las que la tendencia es al alza, al mismo ritmo que, según se detecta en el terreno, aumenta la minería artesanal ilegal y la legal de concesiones oficiales en zonas de gran biodiversidad. Al final, ambas acaban en el mismo lugar: países del hemisferio norte o árabes deseosos de acumular ese mineral que desde tiempos remotos ha sido deseado.
Venezuela: hasta el Ejército involucrado
Venezuela es uno de los países donde, como denuncia la organización ambiental SOS Orinoco, está teniendo lugar un aumento de esta actividad desde que se decretó la explotación del Arco Minero del Orinoco en 2016, que autorizó la explotación de 112.000 kilómetros cuadrados, más de lo que ocupa Portugal. No está permitido entrar en la zona a agentes independientes, pero vía satélite se han hecho informes que indican que se están invadiendo zonas de áreas amazónicas protegidas, como es el Parque Nacional de Canaima, reserva que hace frontera con Guayana y Brasil, donde estarían afectadas miles de hectáreas.
Pueblos indígenas de esta zona venezolana se dedican a extraer oro con métodos artesanales, gracias a suministros del mercurio que necesitan, máquinas y transporte que les proporcionan grupos de narcotraficantes, miembros de la ex guerrilla colombiana de las FARC, garimpeiros llegados de Brasil e incluso, denuncian, miembros del Ejército de Nicolás Maduro implicados en el negocio. “El 80% del oro que sale de Venezuela no lo hace legalmente, sino por vías paralelas, lo que genera fuertes beneficios a quienes están en el poder”, acusaba Cristina Vollmer, fundadora y directora de la ONG en un encuentro informativo mantenido on line desde el otro lazo del Atlántico.
SOS Orinoco ha comprobado que incluso hay minas de oro en las cumbres de uno de los famosos tepuyes del Parque Nacional de Yacapana. “Sólo pudieron ascender allí con apoyo del Ejército. Y a eso se suma que están llegando mineros brasileños por el efecto de la lucha de Lula contra las minas ilegales, además de mucho mercurio desde Bolivia”, señalaba Vollmer, quien no duda en acusar al Gobierno de su país del destrozo ambiental.
Mina Calibre, en Nicaragua, un país entregado a los negocios de grandes empresas extranjeras que vulneran derechos y territorios de las poblaciones indígenas.
Bolivia: envenenada de mercurio
Bolivia es hoy el país que más mercurio importa del mundo desde países como México, India, Tayikistán o Rusia. De media, 180 toneladas al año desde hace casi una década, y subiendo. Ante el descontrol oficial, desde ese país fluye por la vecindad latina. Oscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), recordaba que en tres ocasiones se intentaron controlar esas exportaciones, pero las tres fracasaron en un país de una gran inestabilidad política: “Somos presos de los precios internacionales. Son los pueblos indígenas quienes tienen otra visión del desarrollo, basado en la naturaleza, y resulta que la minería les impacta en la salud aunque estén lejos de las minas. Se han detectado niveles hasta 30 veces más altos de mercurio en la sangre a gran distancia, entre quienes viven de las proteínas del pescado de los ríos”.
Walter Quetahuari, de la reserva comunal de la Amazonía peruana Amarakahri, reconocida como espacio protegido en 2022, apuntaba el riesgo que les supone que los Estados otorguen concesiones a mineras en sus territorios, “lugares donde hasta los niños nacen contaminados y donde no hay ni médicos ni fármacos”. “Con la COICA amazónica, nosotros tenemos una propuesta de acción climática que permita nuestro desarrollo de forma muy distinta, vendiendo bonos de carbono con transparencia”. Reconocía, sin embargo, que en su país es muy difícil que los mineros ilegales se formalicen, “porque la ganancia es mayor si no lo hacen”.
Nicaragua: una cuarta parte del país en manos de empresas
En el caso de Nicaragua, Heizel Torrez, del Centro Humboldt y la organización MONAFMI, denunciaba que en muchos casos la minería ilegal artesanal es la antesala de la llegada de la gran industria. “Ya la gente no trabaja la tierra, porque prefiere buscar oro y no esperar la cosecha. Y quien maneja este oligopolio son empresas de Canadá y Colombia”, acusaba. De hecho, según datos de la Fundación del Río, el sector aurífero nicaragüense supone casi 1.000 millones de dólares al año en un país que tiene casi una cuarta parte de su territorio en manos de empresas. Sólo en zona indígena hay 141 concesiones mineras, incluso en zonas protegidas. Además, a ellas se suma la minería ilegal artesanal, que acaba entrando a formar parte del ciclo de la industrial.
Torrez recordaba que el gobierno de Estados Unidos ha emitido tres sanciones para intentar poner freno a la corrupción de altos cargos nicaragüenses en relación con el negocio del oro, limitando sus importaciones y las inversiones en el país centroamericano. Pero no ha cambiado nada: ahora se exporta el material a Suiza, Emiratos Árabes o Austria.
Pueblos indígenas del Arco Minero del Orinoco se dedican a extraer oro con métodos artesanales, sin ningún control sanitario ni ambiental. Foto: SOS Orinoco.
SOS Orinoco ha comprobado que incluso hay minas de oro en las cumbres de uno de los famosos tepuyes del Parque Nacional de Yacapana, en Venezuela.
En Nicaragua, uno de los últimos ataques a indígenas tuvo lugar el 11 de marzo en la comunidad de Wilú, territorio Mayangna Sauni As, cuando colonos quemaron la mayoría de las casas y asesinaron al menos a cinco personas Mayangna. Es una zona donde hay concesiones de explotación a la canadiense Calibre Mining y a una subsidiaria del colombiano Grupo Mineros. Un ejecutivo de Calibre reconocía en unas declaraciones que cooperan con el Gobierno de Ortega para que mineros artesanales –hasta 3.000, según algunas fuentes– busquen oro en el área. Ello provoca ataques y desplazamiento de los pueblos que allí viven. “Aquí nadie fiscaliza los impactos del oro, ni del mercurio de la artesanal ni del cianuro de la industrial; es más, la primera es punta de lanza de la segunda”, acusaba Heizel.
Tal es el negocio y la permisividad en estos países que los intentos de buscar soluciones no salen adelante. El boliviano Óscar Campanini recordaba el intento de la cooperación al desarrollo suiza de apoyar con recursos a comunidades para que implantaran un método que permite recuperar el mercurio de los ríos. Al final el proyecto se fue al garete porque “los mineros preferían no perder tiempo en recuperarlo cuando podían aprovechar el tiempo para sacar más oro”.
Mientras se escribía esta crónica, el precio del metal precioso volvía a subir, nuevos cargamentos han salido de zonas amazónicas y centroamericanas al resto del mundo y más mineros ilegales, pero consentidos, han llegado a comunidades indígenas para acabar haciendo negocios con multinacionales de países que luego abanderan luchas climáticas. Un pingüe negocio para gobiernos que hacen la vista gorda, pero que va minando los últimos tesoros de la Tierra.
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