Vamos a analizar la nueva Ley de Educación, pero sin ruido ni manipulación

La nueva Ley de Educación ha provocado un importante debate en medios, en redes y en la calle. Pero un debate muy envenenado, repleto de bulos e interpretaciones torticeras, muy ajeno a lo que un territorio tan básico como es la educación necesita para profundizar en los andamiajes de la democracia. Da la sensación de que muchos solo se acordaran de la educación en este país como arma para el enfrentamiento político. Aquí vamos a intentar aclarar algunos de los puntos de la Ley ‘Celaá’ que más revuelo han levantado, como la asignatura de religión, los centros privados concertados, la diversidad lingüística y el futuro de los centros de educación especial.

Atreverse a escribir un artículo sobre educación como docente y activista es no solo una ardua labor, sino un acto de valentía. Ninguna ley contenta a todos, y bien sabemos que en la época en la que es más fácil que nunca llegar a la información, también lo es llegar a la desinformación. Tergiversar una frase descontextualizada y generar un falso titular resulta tan sencillo que puede poner a cualquiera en la picota. Por ello, sé que atreverse a comentar una ley de educación levantará como mínimo recelos entre diferentes miembros del gremio al que pertenezco. Sin embargo, en esta época en la que se comercia con nuestros datos e intimidad, en la que somos el blanco de cualquier diana comercial y en la que los números cuentan más que las ideas, ser fiel a éstas es de lo poco que nos queda y que puede dignificarnos como personas. Por eso, no sin mucho meditarlo, he decidido comentar esta ley y adentrarme en la enjundiosa tarea.

Vaya por delante que creo que nadie querría esta Ley Celaá; que lo que la inmensa mayoría de los docentes quisiéramos sería un Pacto por la Educación que nos garantizase que la leyes educativas no se suceden en cada cambio de Gobierno: llevamos siete leyes educativas en Democracia. En esto, flaco favor nos hace llamarla Ley Celaá, ya que se atribuye a una ministra de un gobierno concreto. Dicho sea de paso, el gobierno representa a la población, por lo tanto, le guste a quien le guste, si queremos democracia también debemos asumirla en su toda su dimensión. La, por lo tanto, mal llamada Ley Celaá es la LOMLOE, y en sí misma no es más que una vuelta a la LOE adaptada a los tiempos actuales y que ahora parece no contentar a nadie, pero hace poco más de tres años el clamor popular docente suplicaba la derogación de la LOMCE, también mal llamada Ley Wert.

A continuación me dispongo a desgranar la ley en los temas más polémicos que han saltado en redes y diferentes medios de comunicación, de manera poco rigurosa en su mayoría, por no decir que para sembrar confusión y buscar enfrentamiento.

La religión en las aulas

Comencemos por la religión y su presencia en las aulas. Por el momento es obligatoria y ningún gobierno actual puede hacer nada por eliminarla, ya que no es una decisión propia sino que viene determinada por el Concordato de la Santa Sede y España, que si bien se remonta en educación a la Ley Moyano, ha sido renovado en 1979; por lo tanto, la presencia de dicha materia en educación debe resolverse en términos de Concordato, pero además atañe a aspectos jurídicos y económicos, entre otros. Así que hasta que el delicado tema del Concordato no se trate, lo máximo que se puede decidir en una ley educativa es si la materia es evaluable o no. Con la nueva ley, hay obligación de ofertarla, pero no será evaluable.

Libre elección de centro

Otro de los temas más polémicos –y que más bulos ha desatado– ha sido “la libertad de centro”, o lo que se viene tachando como “un ataque directo a los privados concertados”. Antes de nada, deberíamos tener en cuenta que bajo el término “privado concertado” no sólo se encuentran colegios “de élite” que buscan una diferenciación social con la insignia del prestigio o marcando clases sociales. Bajo el paraguas de la educación concertada hay centros de diferente tipología ideológica y empresarial, muchos son incluso cooperativas de maestros que han tratado de sacar una idea pedagógica diferente adelante o simplemente han querido crear sus propios puestos de trabajo.

Sin embargo, es la escuela pública la que garantiza la pluralidad y el acceso gratuito a una educación que acepta todo tipo de diversidad y que es reflejo de la mayoría de la sociedad. Y no digo que muchos centros concertados no lo sean, lo que se quiere garantizar es que lo sean todos. La LOMLOE no veta a los centros concertados, pero ha modificado los artículos correspondientes para que esta pluralidad entre en ellos. Es decir, los alumnos con necesidades educativas especiales, los migrantes y las personas con deprivación sociocultural o problemas económicos también tendrán cabida en esos centros; el reparto de plazas se plantea equitativo, de modo que la escuela pública no será en muchas zonas esas “escuelas gueto”. Podemos decir que, si bien los hace partícipes de fondos públicos, también los hace partícipes de los problemas y los involucra en la búsqueda de soluciones y la atención a la diversidad social, tal y como figura en su Artículo 86: “Las áreas de influencia se determinarán, oídas las administraciones locales, de modo que permitan garantizar la aplicación efectiva de los criterios prioritarios de proximidad al domicilio y cubran en lo posible una población socialmente heterogénea”. Y es precisamente para garantizar este principio de gratuidad y acceso a toda la población –para garantizar el principio de equidad para todos los estudiantes–, por lo que se prohíbe el cobro de cuotas de forma directa o encubierta a las familias, mediante el Artículo 88, que precisamente se titula “Garantías de gratuidad”. Se pone fin de este modo a la práctica de cobro más o menos encubierto, que era un secreto a voces.

Los centros de educación especial

Otro de los titulares que buscan polémica social versa sobre la desaparición de los centros de educación especial. Los centros de educación especial desaparecerán tal y como los conocemos hoy día, centros donde se escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales que no se pueden escolarizar en centros ordinarios por falta de recursos, pero seguirán existiendo como centros de referencia y escolarizando a alumnos y alumnas que requieran atención muy especializada. Lo que se pretende en esta ocasión es dotar a los centros ordinarios de esos recursos para que todo tipo de alumnado tenga cabida en una única escuela, una escuela plural y diversa. Es en el Artículo 73 donde se determinan los términos.

Precisamente esta ley viene a abrir la puerta a la integración real, y en este sentido toma varias medidas para que esta integración sea efectiva: por primera vez contar en el aula con un estudiante con necesidades educativas especiales puede influir en la reducción de la ratio (Artículo 73 Punto 4: “Corresponde a las Administraciones educativas promover la escolarización en la educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas especiales y desarrollar programas para su adecuada escolarización en los centros de educación primaria y secundaria obligatoria. Para atender adecuadamente dicha escolarización, la relación numérica entre profesorado y alumnado podrá ser inferior a la establecida con carácter general”). Y se abre la puerta a poder implantar la lengua de signos, Artículo 75 punto 2: “Con objeto de reforzar la inclusión educativa, las administraciones educativas podrán incorporar a su oferta educativa las lenguas de signos españolas”. Si quitamos escaleras y ponemos rampas para luchar contra las barreras arquitectónicas, lógico es destruir barreras comunicativas.

La diversidad lingüística

Y hablando de barreras comunicativas, he aquí otro polémico punto: la diversidad lingüística. ¿Cómo se puede considerar que conocer más lenguas pueda suponer una barrera comunicativa?, ¿cómo se puede considerar que el castellano está amenazado por lenguas minoritarias? Por si alguien lo duda, la ley dice expresamente: “El área Lengua Propia y Literatura recibirá el tratamiento que las comunidades autónomas afectadas determinen garantizando, en todo caso, el objetivo de competencia lingüística suficiente en ambas lenguas oficiales”.

Igualdad de género y democracia

Podríamos hablar de novedades como la incorporación progresiva del primer ciclo de educación infantil (se da un plazo de 10 años para que los colegios que quieran puedan incorporar infantil desde los 0 años), de cómo la pandemia ha puesto de manifiesto la llamada brecha digital y quiere garantizarse la educación digitalizada en medios y competencias –en Educación Secundaria la asignatura de Tecnología pasa a llamarse Tecnología y digitalización–, de cómo se han incorporado términos femeninos a lo largo de la redacción de la ley, de la importancia que se le da a la igualdad de género en todos los niveles, de que por fin se habla expresamente de la necesidad de hablar de la historia de nuestra democracia hasta la actualidad y con especial atención a las conquistas sociales femeninas.

Podríamos hablar de otros temas sobresalientes: educación afectivo-sexual, trabajos de aprendizaje y servicio a la comunidad, las competencias, la filosofía, etc… Sin embargo, no quiero terminar sin hablar de un tema relevante que nos atañe a toda la población no solo en cuestiones de educación sino también en lo relativo a salud: el tratamiento del medioambiente, el desarrollo sostenible y la Agenda 2030 en la ley.

Sostenibilidad y consumo responsable

El ODS 4 en su punto 7 hace referencia a la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, y es así, en lo referente a sostenibilidad, cómo precisamente abre la Ley, reconociendo en cuarto lugar la importancia de dicha educación y la agenda 2030 dentro de los diferentes enfoques de adaptación del sistema educativo a los nuevos tiempos. No se hace referencia a otros ODS de temática más ambientalista y en general se le da una incorporación a nivel de contenidos dentro de la llamada asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos que ha de ser cursada en uno de los cursos de cada etapa que compone la Educación Básica. Si bien en la etapa de Primaria se habla de “educación para el consumo responsable y sostenible”, en Secundaria se habla de “educación para la sostenibilidad”, más globalmente.

Los que creemos que la causa climática, además de importante, es urgente, consideramos que el contenido en sí podría ser más ambicioso, puesto que la formación teórica no solo es necesaria sino imprescindible, pero todo ello debe acompañarse de propuestas prácticas: formas de gestión de centros sostenibles (cambios en la energía empleada, por ejemplo) o programas más vinculantes como la reducción de los residuos (relacionado con el ODS 12), los comedores sostenibles reales –sí se hace mención a la alimentación saludable en la ley, pero no se emplean términos que concreten esa salubridad (comida de temporada, de km 0 y/o ecológica)–. Tampoco se hace referencia a la calidad del aire en los entornos escolares o la importancia de promover caminos escolares seguros.

Todos estos programas podrían suponer la puesta en marcha de un cambio real en sostenibilidad. Esto además iría más en consonancia con el artículo 31 del Capítulo VIII de la recién aprobada Ley Contra el Cambio Climático , en el que se hace referencia directa a la educación: “El sistema educativo español promoverá la implicación de la sociedad española en las respuestas frente al cambio climático”.

No obstante, la apuesta de la LOMLOE deja abierta una puerta importante para que cada centro pueda ampliar esta educación para la sostenibilidad tanto como desee, dado que el Proyecto Educativo de Centro debe recoger el tratamiento del desarrollo sostenible; además, tras el título IV se añade: “El sistema educativo no puede ser ajeno a los desafíos que plantea el cambio climático del planeta, los centros docentes han de convertirse en un lugar de custodia y cuidado de nuestro medioambiente”.

Personalmente, valoro como realmente innovador el apartado r del artículo 1, en el que se dice: “La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica”, puesto que se habla de justicia social asociada a la causa ambiental. Y digo que lo valoro especialmente porque en la crisis del medioambiente, como en todas las crisis, la factura es desigual y son los más desfavorecidos los que peor parados salen.

Sobre el autor

Miriam Leirós

Maestra de Primaria desde hace 20 años, educadora e intérprete ambiental. Coordinadora del colectivo Teachers for Future en España. Trabajo en la escuela pública, desde donde trato de subrayar los valores de la cultura y la ecología. Con acento gallego.

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