El Gobierno de Cantabria, envuelto en polémicas obras para atraer turismo

Protesta contra taladrar la montaña de Peña Labra para construir una carretera que una Potes con Reinosa.

El Gobierno de Cantabria, a cuyo frente está María José Saénz de Buruaga (PP), en los dos últimos años ha ‘resucitado’ e ideado proyectos que, según expertos, científicos y ambientalistas, causarán graves impactos en zonas con una riqueza natural única, en aras de lo que las autoridades defienden como “desarrollo turístico”. El caso más llamativo es el proyecto, descartado en el pasado, de taladrar la montaña de Peña Labra, una montaña en la frontera con Palencia, por donde se quiere abrir una carretera que enlace las poblaciones de Reinosa (Campoo) con Potes (Liébana) y ahorrar kilómetros de recorrido a posibles viajeros. Atravesaría un área virgen por la que hoy campean especies protegidas como el oso pardo, el lobo ibérico, el gato montés y numerosos ungulados y aves.

La idea de realizar esa unión entre las dos localidades cántabras ya la tuvo el ex presidente Juan Hormaechea en la década de 1990, pero fue tal la contestación que se quedó en el olvido hasta que, en la primavera de 2024, la actual presidenta retomó el proyecto. “El Gobierno de Buruaga se comprometió con todos los cántabros en conseguir la carretera Reinosa-Potes, y tenemos ese gran capricho, el de querer cumplir todo lo que prometemos», afirmó entonces Roberto Media, consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Esa obra, con la que pretenden unir, monte a través, las zonas de Campoo y Liébana, atravesaría una Zona de Especial Conservación incluida en la Red Natura 2000, además de ser Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y zona osera, como confirma la Fundación Oso Pardo. En total, incluye hasta cinco hábitats con 19 especies de fauna de interés comunitario, como el águila real, el alimoche o la perdiz pardilla, también protegidas a nivel europeo.

Pero el gobierno cántabro ya ha adjudicado la realización de un informe informativo y ambiental, por lo que desde el Partido Cantabrista se solicitó hace unas semanas la opinión de expertos ambientales para que dieran su opinión. A día de hoy, más de 2.600 personas, entre los que destacan más de 400 científicos y profesionales de todo el país relacionados con el tema, han firmado un manifiesto en el que dejan clara su tajante oposición a tal iniciativa (el “gran capricho” al que aludía Media). Cabe destacar que el informe informativo ha sido adjudicado a la multinacional de consultoría WSP Spain por 419.000 euros; una empresa que también hace informes ambientales de parques eólicos tanto en esta autonomía como en otras.

Entre las organizaciones que han hecho público su absoluto rechazo está SEO/BirdLife: “Es un reflejo de la nula sensibilidad ambiental que tienen. Sacaron el proyecto a información pública en agosto pasado, en plenas vacaciones, y así dificultar la participación de la ciudadanía, pero es evidente que el daño ambiental sería tremendo. Tanto es así que parece una estrategia: lo venden como desarrollo para atraer a los habitantes de la zona y cuando se rechace por inviable, por el tremendo daño que generaría, se culpará a los ecologistas, en vez de reconocer la barbaridad, para generar enfrentamiento. Pero es que por ahí pasean los osos. Eso no puede salir adelante”, argumenta Felipe González, de la ONG.

Cabe señalar que localidades como Potes, con la que se facilitaría el acceso desde Reinosa, es ya un municipio saturado de visitantes, hasta el punto de que es complicado moverse por sus calles en verano. Solo en el de 2023 recibió un 75% más de turistas que en 2022 y las cifras van en aumento. “No tiene ninguna lógica, pero no nos fiamos de que no sigan adelante, así que vamos a seguir movilizándonos por nuestras montañas”, asegura María Antonia (Toñi) Santamaría, promotora del manifiesto desde Cantabristas y una de las organizadoras de la protesta que tuvo lugar en Peña Labra a comienzos de marzo, cuando colocaron allí una gigantesca pancarta oponiéndose a la carretera.

Pero no es la única amenaza que se cierne sobre la naturaleza de Cantabria en aras del desarrollo. La aprobación, con votos de VOX, de una Ley de Administración Simplificada, ahora en trámites en la cámara autonómica, es otro ejemplo: permite construir en todo lugar que se considere un “proyecto singular” para el gobierno. Por ejemplo, urbanizaciones en terrenos rústicos con la excusa de la escasez de vivienda. Pero la realidad es que ya el verano pasado hubo manifestaciones en el litoral contra una masificación turística que no deja de aumentar en el litoral. Miles de personas, bajo los lemas Cantabria se defiende o Stop macrocomplejo protestaron por una urbanización en la costa entre Langre y Loredo, además de un campo de golf. El asunto incluso fue noticia en el diario británico The Times. El hecho de que el cambio climático esté desplazando al norte a los veraneantes del Levante y Andalucía está levantando la alarma de que se convierta en “la Ibiza del norte” la que es una de las costas peninsulares mejor conservadas hasta ahora.

Turístico también quiere ser un nuevo teleférico en Vega del Pas, en el interior de la comunidad. En palabras de Toñi Santamaría, “otra atracción de feria para aumentar la masificación”, que, denuncia, tendrá otro gran impacto ambiental. Este teleférico, que se quiere poner en la ladera norte de Castro Valnera, igualmente se desestimó hace 10  años, en este caso por ser inviable económicamente, dado que requería de 120.000 visitantes anuales, a 15 euros por visita, cuando no hay ni una cuarta parte de turistas en toda la comarca. Pero a finales de 2023, el gobierno cántabro lo sacó del baúl de los recuerdos arguyendo que va a “revitalizar la zona”. Tras construirlo, la idea es otorgarlo en concesión a una empresa privada, si alguna lo quiere. Ecologistas en Acción ya ha denunciado el desastre que será colocar esta infraestructura en la cumbre más emblemática del Pas, que es también Red Natura 2000 y Zona de Especial Conservación (ZEC) ,tanto en Cantabria como en Castilla y León, donde, por cierto, no tienen noticias oficiales de esta obra. Pero la presidenta cántabra no dudó en presentarla en la feria Fitur 2025 como “un nuevo emblema turístico”, en marcha, dijo, en 2027.

En ese desarrollismo donde, según los ambientalistas, la protección de la naturaleza es secundaria entra el gigantesco polígono industrial, ya en construcción, bautizado La Pasiega, que quiere dar servicio al puerto de Santander, aunque no hay datos que muestren que haya interés en las empresas por instalarse ahí. “Se están destrozando dos millones de metros cuadrados del suelo fértil que tiene Cantabria sin saber bien para qué”, argumenta Santamaría. “Ya se ha destrozado el entorno natural, hormigonando por hormigonar, y beneficiando solo a los constructores, echando a los ganaderos que quedaban”, asegura Toñi.

En la misma línea, Jesús García Díaz, naturalista y urbanista de la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, además de ex director del Centro de Investigación de Medio Ambiente de Cantabria (CIMA), alerta de que todo puede ir a peor si no se pone freno: “La mencionada Ley de Simplificación es una barbaridad, pero es que en Cantabria tenemos tres problemas: la falta de ordenación territorial, la resurrección de proyectos fosilizados que aparecen de forma coyuntural y un gobierno que tiene la idea delirante de poner todo el territorio al servicio de un turismo de masas a costa de lo que sea. Y son proyectos que, cuando fracasan, como ha pasado con el teleférico de Cabárceno, se pagan las deudas con dinero público. El ejemplo más claro es esa absurda carretera de Reinosa a Potes atravesando una zona virgen. Y para hacer ver que hay otro objetivo, aducen que servirá para que los de Potes vayan al hospital de Reinosa en mitad de tiempo, aunque la realidad es que tardarán casi lo mismo en ir al de Torrelavega, una vez remodelado el Desfiladero de La Hermida”. Algo fácil de contrastar: basta entrar en Google Maps para confirmarlo.

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