Cómo va el desmantelamiento de tres centrales nucleares en España
Central nuclear de Vandellós I. Foto: Jorge Frananillo / CC.
A día de hoy, existen tres centrales nucleares en proceso de desmantelamiento en nuestro país: José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara); Santa María de Garoña (Burgos) y Vandellós I (Tarragona), y que detuvo su funcionamiento tras un accidente el 19 de octubre de 1989, calificado como “incidente importante”, nivel 3, en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares. En España siguen en activo siete reactores nucleares en cinco emplazamientos, que en los últimos años aportan en torno al 20% de la electricidad generada en nuestro país (porcentaje que en décadas pasadas fue mucho mayor; llegó al 38% en 1989). Veamos en qué consisten y cómo van estos procesos de clausura. Y, tras ellos, ¿qué posibilidades económicas se presentan para las zonas afectadas?
“La última fase en la vida de una central nuclear, tras el cese de la actividad de generación eléctrica, es su desmantelamiento. Es un procedimiento largo y complicado que exige una planificación minuciosa y un especial esfuerzo de gestión”, aseguran desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). “España fue uno de los países pioneros en acometer este tipo de operaciones debido al cierre prematuro de Vandellós I, decidido por la empresa titular ante las inversiones exigidas por el CSN para reiniciar su actividad tras un incendio en sus instalaciones”.
Desde entonces, se ha perfeccionado el proceso de desmantelamiento de este tipo de factorías. “Aunque cada central tiene características propias, la experiencia proporcionada por el complejo tarraconense permite afrontar, con un alto grado de confianza, los siguientes retos de esta naturaleza que se presentan en España”, explican desde el CSN. Entre ellos, el de la José Cabrera, que cesó su actividad el 30 de abril de 2006, o Santa María de Garoña, cuya clausura ya se ha puesto en funcionamiento. Pero, ¿en qué consisten estos trabajos? “Son un proceso industrial que se fundamenta en devolver un determinado emplazamiento –en este caso, nuclear– a un estado que permita que el lugar pueda ser utilizado para otras actividades convencionales”.
Estas labores de transformación se constituyen como algo “complejo”, que “exige la participación de múltiples organizaciones. Está sujeto a una estricta regulación e incorpora análisis estratégicos que especifican el alcance de las operaciones en cada caso”, relatan desde el Foro Nuclear, una asociación de carácter civil creada en 1962, que representa los intereses del sector. El ciclo completo comprende varias actividades, como las de desmontaje, descontaminación, desclasificación, demolición y restauración del terreno.
Las instancias internacionales clasifican estas iniciativas en tres niveles básicos, consistentes en acondicionar, desmantelar y retirar el reactor. Por tanto, no se trata de “una simple extensión de la vida operativa del complejo, ni puede considerarse como un nuevo modo de operación de los mismos”, explicaban José Luis Revilla González, jefe del Área del Desmantelamiento del CSN en 2008, y Manuel García Leiva, responsable de la José Cabrera ese mismo año. “La gestión de estos trabajos tiene más similitudes con los procesos seguidos durante su construcción que con los de su etapa operativa”.
A pesar de ello, “la presencia de radiactividad residual en muchas de las estructuras y componentes obliga, sin embargo, a seguir controlando los riesgos remanentes de una manera similar a la que se ejerce durante la etapa operativa del complejo”, indicaban García y Revilla. “España posee la tecnología y los medios para desmantelar las centrales con absoluta seguridad”. El dinero para afrontar dichas labores procede del Fondo para la Financiación de Actividades del Plan General de Residuos Radiactivos, que lo aportan las empresas operadoras de las nucleares.
Central nuclear de Zorita. Foto: CC.
El caso de Guadalajara
Más allá de Vandellós I, la primera central nuclear de España que se ha desmantelado tras completar su periodo de actividad fue la José Cabrera, emplazada en Almonacid de Zorita (Guadalajara). Su construcción se inició en julio de 1965 y duró tres años. Así, el 31 de marzo de 1968 se realizó la prueba funcional en caliente y en junio de ese mismo ejercicio se implementó la carga del combustible en el núcleo. Su explotación comercial comenzó en agosto de 1969.
El funcionamiento del complejo arriacense se prolongó durante 38 anualidades. Su actividad paró el 30 de abril de 2006, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Economía ECO/2757, del 14 de octubre de 2002, en la que declaraba el cese definitivo de explotación de la central. Una decisión que se precipitó tras una acción de Greenpeace en la que varios activistas ascendieron –el 24 de abril de 2002– hasta la cúpula de la planta, donde desplegaron una pancarta en la que se podía leer un mensaje exigiendo el cierre del complejo.
Así, pusieron de manifiesto tanto la escasa seguridad de la planta como su obsolescencia, por lo que el gobierno central se dispuso a poner fecha para el cierre de la factoría. La presidenta del CSN en aquella época, María Teresa Estevan Bolea, anunció que se impondría “una sanción importante” a la propietaria de la planta, Unión Fenosa, por no disponer de las medidas de protección adecuadas para evitar que se produjeran situaciones como la narrada.
El fin de la vida de este complejo fue recibido con alegría por los sectores críticos con este tipo de producción energética. El 1 de mayo de 2006 –el día siguiente al final oficial de la José Cabrera–, desde la Plataforma Antinuclear de Guadalajara se convocó una concentración en la capital arriacense, para congratularse por el cierre de la central. A la misma, acudieron centenares de personas, que también reclamaron alternativas sostenibles de producción energética. Dichas peticiones aún resuenan en la actualidad…
En cualquier caso, desde el cierre oficial del complejo de Zorita, se iniciaron los trabajos de preparación necesarios para el desmontaje del complejo. Los mismos consistieron, según ENRESA, “en la gestión del combustible gastado y en el acondicionamiento de los residuos de operación”. Un empeño que finalizó cuatro años después –el 11 de febrero de 2010–, cuando se concedió la titularidad de la factoría a ENRESA. A partir de ese momento, se produjo el “inicio del desmantelamiento de componentes convencionales y los trabajos de desmontaje de equipos y acondicionamiento civil del edificio de turbinas”.
Además, “la gestión de los elementos combustibles se ha realizado mediante el uso de contenedores de almacenamiento en seco, en un Almacén Temporal Individualizado (ATI)”, explicaban José Luis Revilla González y Manuel García Leiva. “El ATI consta de una losa de apoyo de hormigón armado de dimensiones aproximadas de 40 X 11 metros, en la que se han depositado 16 contenedores”. De ellos, 12 almacenan los 377 elementos que se encontraban en la piscina de carburante gastado. Los otros cuatro conteiner albergan residuos de media y alta actividad provenientes del desmantelamiento.
Así, en ese periodo concluyó la gestión de los desechos generados durante la explotación de la central, impulsándose la descontaminación del circuito primario. “Los principales trabajos acometidos se centraron en finalizar la demolición de edificios. En este ejercicio, se alcanzó “uno de los hitos finales”, consistentes en “la demolición de la última de las grandes estructuras de la instalación, el Edificio de Turbina, reconvertido en Edificio Auxiliar de Desmantelamiento”, como marcan los pasos del proceso.
Tras esta actuación, ENRESA comenzó a aplicar el Plan de Restauración de la José Cabrera, que había sido aprobado previamente por el CSN, y que ha comenzado su andadura en los últimos meses. “Su objetivo es realizar la vigilancia radiológica final del emplazamiento y poder liberarlo”, aseguran desde el organismo regulador. Una vez terminada la ejecución de este programa, se elaborará un informe final, que debe ser aprobado por el CSN, para obtener la declaración de clausura de la instalación y proceder a la devolución de la titularidad de los terrenos a la empresa propietaria, que, en este caso, es Naturgy.
Los trabajos de restauración que ENRESA realiza en los terrenos de la José Cabrera (Guadalajara) avanzan de acuerdo con la programación establecida. Así, durante el verano de 2023, la mencionada compañía ha acometido las labores de relleno del hueco dejado por el Edificio de Contención de la central. Para desarrollar esta actividad se han empleado 9.500 metros cúbicos de suelo seleccionado, y la carga y descarga de 850 camiones.
Y, sin dejar de lado los datos, desde el comienzo de los trabajos de desmantelamiento de Zorita, y hasta el 31 de diciembre de 2022, se habían gestionado 119.891 toneladas de materiales, de las que 20.928 correspondían a material convencional, 16.332 a residuos radiactivos de muy baja actividad, 1.721 a residuos de baja y media actividad, y 80.910 a material desclasificable. “Los residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad son expedidos de forma periódica hacia el Centro de Almacenamiento de El Cabril, en Córdoba”.
Central nuclear de Garoña. Foto: CC.
Un segundo ejemplo en Burgos
La José Cabrera no es la única muestra de este proceso en España. Otra de las centrales que se encuentra en desmantelamiento es la de Santa María de Garoña, en el Valle de Tobalina, en Burgos, que se comenzó a construir en 1966 y el 2 de marzo de 1971 se acopló a la red eléctrica. El 1 de agosto de 2017, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dictó la Orden ETU/754/2017, mediante la que se le denegaba la renovación de la autorización de explotación.
A partir de ese momento, Nuclenor –empresa propietaria de la central, y participada en un 50% por Endesa y en otro 50% por Iberdrola– “adoptó las medidas precisas para cumplir dicha disposición gubernativa de cierre, iniciándose con ello el periodo de transición previo al desmantelamiento, que ha comenzado en 2019”, aseguran los responsables de las labores.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con el mencionado cronograma. Desde diversas entidades ambientalistas denuncian lo tarde que se adoptó la decisión de la clausura. “Garoña debería haber cerrado definitivamente en 2011, como prometió en 2009 el presidente Zapatero. Y, aun así, hubo que esperar otro lustro más para comenzar su clausura”, denuncia Marisa Castro Delgado, de Ecologistas En Acción.
A pesar de ello, Nuclenor procedió al cierre de las actividades asociadas a la continuidad de la central. Los trabajos preparatorios para la clausura de la misma –según confirma ENRESA– consistieron en “la realización de descargos, la modificación de sistemas e instalaciones, así como en inventariar física y radiológicamente la instalación, y en presentar toda la documentación de licenciamiento necesaria para poder acometer el proyecto”.
Tras ello, el desarrollo del desmantelamiento de Garoña se ha programado en dos etapas. La primera consiste “en el desmontaje de los equipos del edificio de turbina [y su posterior conversión en Edificio Auxiliar de Desmantelamiento], y la evacuación de los elementos combustibles almacenados en la piscina de combustible irradiado y su traslado al ATI, en servicio desde junio de 2022”. ENRESA asumió el 19 de julio de 2023 la titularidad del complejo, con el fin de acometer estos trabajos iniciales del desmontaje, que se prolongarán hasta 2026, empleándose a 350 personas de forma directa, según los datos oficiales. “La clausura de las instalaciones nucleares que han cesado su actividad se hará con profesionalidad, rigor, seguridad y transparencia”, subrayaba el presidente de ENRESA, José Luis Navarro.
La segunda etapa del desmantelamiento
Para la ejecución de la segunda etapa del desmontaje de Garoña, ENRESA ha de obtener una nueva autorización. Este periodo se basará en “el desmantelamiento propiamente dicho de la central, una vez que todo el combustible irradiado se encuentre almacenado en los contenedores en seco ubicados en el ATI”, añaden los encargados del proceso. De hecho, la etapa culminará con actividades como “el desarme final de los edificios de carácter radiológico, así como los trabajos de descontaminación, desclasificación y demolición, hasta finalizar con la restauración del emplazamiento”, indican desde la empresa ejecutante de las labores.
En total, el plazo estimado para desarrollar el proyecto completo –las dos fases– del complejo burgalés es de diez años. A lo largo del proceso, y de acuerdo con las cifras facilitadas por la empresa encargada de los trabajos, se gestionarán 5.718 toneladas de materiales. De esta cantidad, 4.027 son residuos radiactivos, mientras que el resto –unas 1.691 toneladas– son desechos de construcción y demolición, de los que se reciclarán aproximadamente 586 toneladas. Además, “se cargarán 49 contenedores de combustible gastado que se gestionarán en el ATI de la instalación”, explican desde ENRESA. El coste del proyecto de la central burgalesa se ha estimado en 475 millones de euros.
Por tanto, nos encontramos ante “un proceso largo, que conlleva riesgos debido a la manipulación del combustible gastado y a la gestión de escombros con distintos niveles de radiactividad. De todos modos, consideramos que los peligros son muy inferiores a los de una central en funcionamiento”, explica Cristina Roig, de Ecologistas en Acción. “La descarga de todo el combustible almacenado en la piscina de la central a contenedores es, seguramente, el proceso que entraña mayor riesgo para los trabajadores, pero la piscina es un sistema de almacenamiento que se vuelve peligroso si falla la refrigeración, y que requiere un control permanente. Los conteiner son, en principio –si no hay barras de combustible dañadas–, un sistema que no requiere intervención, aunque sí vigilancia y control”.
El porvenir.
De todos modos, José Luis Navarro no se ha querido olvidar de las implicaciones sociales de estos trabajos. Asegura que ENRESA colabora con los municipios más próximos a las centrales, tanto con asignaciones directas establecidas como con la cofinanciación de proyectos de desarrollo local, destinados a generar actividad económica. Y para demostrar sus palabras, se remite al ejemplo de Garoña: “Desde 2016 hemos ayudado a 11 localidades de Burgos y Álava al desarrollo de más de 42 proyectos, que han permitido la creación de 95 empleos y su alcance ha beneficiado a 4.911 personas”.
Aparte de estos desmantelamientos, los apagones nucleares en marcha suponen una reducción de los aportes energéticos a la red nacional, aunque –debido a la escasa potencia de estos complejos– su impacto es mejor de lo que nos intentan hacer creer las compañías explotadoras. Pero, sobre todo, lo que generan estas clausuras es un mayor declive a las zonas en las que se emplazan. Tras varios lustros recibiendo contraprestaciones económicas por ser áreas de influencia nuclear, ahora se les abre un nuevo horizonte incierto.
Pero durante el funcionamiento de estas infraestructuras, no fue oro todo lo que relucía. “La existencia de estas factorías impedía el desarrollo de las actividades tradicionales, que eran, sobre todo, agropecuarias. El empleo que aportaban las centrales era temporal, en los periodos de recarga de combustible –aproximadamente, una vez al año–, o bien trabajos de limpieza o vigilancia”, explica Cristina Roig. Además, “la plantilla fija de las nucleares residía en poblaciones cercanas, pero su participación en la economía local era poco significativa, al vivir en urbanizaciones creadas ex profeso para ellos”. “Como en todas las regiones en las que hay nucleares, su desarrollo ha estado centrado en estas plantas y no ha permitido la creación de otros negocios”, añade Marisa Castro Delgado, también de Ecologistas en Acción.
Durante el desmantelamiento, “habrá labores que no exijan una formación muy especializada en las que pueda contratarse población del entorno y nueva población”. Eso sí, tras el cierre de estas factorías, “se abren posibilidades hasta ahora vedadas, como usos industriales no peligrosos –como el proyecto de parque solar en Zorita–, turismo ligado al entorno natural protegido o posibilidad de una agricultura sin temor a la contaminación radiactiva”, explican desde Ecologistas en Acción. Unas alternativas que deben servir como acicate para que, de una vez por todas, los habitantes de estas comarcas abracen la economía verde y la transición ecológica. Al fin y al cabo, y como dijo el político esloveno Janez Potocnik: “Si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero”.
COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.
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