¿Conocemos y cuidamos nuestro patrimonio cultural?
Disponemos de legislación, estructuras y recursos públicos para preservar para uso, disfrute y conocimiento de las generaciones futuras los objetos, edificaciones y parajes que nos transmiten cómo hemos vivido y nos hemos relacionado desde hace siglos. Pero ¿estamos al tanto de con cuánto patrimonio contamos y hacemos todo lo que podemos para garantizar su integridad y conocimiento? El patrimonio cultural considera tres tipos de grandes manifestaciones: patrimonio cultural material, patrimonio cultural inmaterial y paisajes culturales (o paisajes naturales con valor cultural). Recorramos el estado de la cuestión.
Patrimonio cultural material es aquel que, a consecuencia de la acción de los humanos (artística, arquitectónica, arqueológica, paisajística, etnográfica o industrial), nos transmite cómo se vivía, pensaba y expresaba una determinada sociedad, o parte de ella, en otro tiempo, época y/o lugar. Suele ser el que nos viene automáticamente a la mente cuando hablamos de patrimonio como pudiera ser un lienzo de Goya, una escultura de Chillida, la catedral de Sevilla, la Real Fábrica de Tapices en Madrid o el Museo Dalí de Figueres.
Patrimonio cultural inmaterial es el no tangible, cuya existencia no se puede concretar ni fijar en algo que perdure y que tiene como fin ser vivenciado o experimentado, como puede ser el carnaval, la trashumancia o la representación del misterio de Elche la noche del 14 de agosto.
Por último, los paisajes culturales son resultado de la acción combinada de humanos y naturaleza, como es el caso de Las Médulas en la provincia de León, y que debemos diferenciar de los que son resultado únicamente de la evolución de la naturaleza, como podría ser el Parque Nacional de Doñana.
¿Cuándo adquiere una de estas manifestaciones la categoría de patrimonio? ¿Es algo intrínseco al objeto, a la acción performativa o al paraje o es resultado de una consideración y evaluación desde un momento presente de nuestra sociedad? Está claro que es lo segundo, requiere contar y representar unos valores que merezcan ser preservados. En ese caso, ¿quiénes son las entidades y encargadas de detectar y determinar qué es patrimonio?
El artículo 45 de nuestra Constitución dice: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. Y el 46: “garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad”.
Una redacción que une en esa responsabilidad a la administración estatal (con leyes como la 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, de cuya necesaria actualización ya hemos hablado aquí), regional (donde cada comunidad autónoma ha desarrollado las competencias delegadas por el Estado en este ámbito, aprobando legislación ad hoc) y local (en función de lo que delegue, a su vez, la regional en ella). Una cadena que cuenta con figuras jurídicas como las de Paisaje Protegido y Bien de Interés Cultural, y que puede hacerse eco de las recomendaciones y pautas de organizaciones supranacionales como la Unesco (con reconocimientos como el de Patrimonio de la Humanidad) o la Comisión Europea (con el Sello de Patrimonio Europeo).
Pongámonos en el caso de una creación o descubrimiento actual, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que adquiera la categoría de patrimonio? En ocasiones, mucho; otras, bien poco. Pensemos en la polémica del Ecce Homo de Caravaggio que, siglos después de su realización, pasó de ser un artículo a subasta por 1.500 euros en 2021 a ser protagonista actual de la sala 7A del Museo del Prado. O cómo, en un plazo mucho más reducido, hay producciones que pasan del estudio del artista a, galerías mediante, ser exhibidas en ferias como ARCO, y de ahí a integrarse en los fondos de entidades como el Museo Reina Sofía o el Centro de Arte 2 de Mayo.
Instituciones que cuentan con profesionales expertos cuya misión es la preservación y enriquecimiento del patrimonio cultural –dialogando con la creación actual y con capacidad de visión para detectar no sólo qué es significativo hoy, sino qué lo será mañana– y que cuentan con una formación y unas competencias que les dotan de un criterio en el que podemos confiar.
Qué implica la consideración de patrimonio
Cuando una creación, edificación o entorno es considerado patrimonio quiere decir que posee un valor social y colectivo (más allá de lo limitada que pueda ser su propiedad), además del artístico, paisajístico, arquitectónico… que tenga por sí mismo. Dicho valor se puede categorizar con niveles como el de bien de interés cultural o meramente inventariado.
Según números del Ministerio de Cultura, en nuestro país contamos con 19.062 bienes de interés cultural (entre bienes muebles –pinturas, esculturas, textiles…– e inmuebles –edificaciones, yacimientos…–), mientras que, inventariados, sus bases de datos suman la nada desdeñable cifra de 61.352 bienes (45.206 muebles y 16.146 inmuebles). Dígitos que no incluyen los fondos de archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal, ya considerados BIC en sí mismos y que suponen números como los más de dos millones en el caso de la Biblioteca Nacional o 37.000 en el del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
Bienes que, por formar parte de dicho inventario, han de ser preservados, conservados, investigados, comunicados y divulgados siguiendo lo marcado por regulaciones como la mencionada Ley del Patrimonio Histórico Español y las posteriores de patrimonio histórico y/o cultural de las 17 comunidades autónomas, siendo la más antigua la de Cataluña, que data de 1993 (con pequeñas modificaciones posteriores), y la más actualizada la del País Vasco, de 2019. Textos en los que se determina los pasos a seguir para que un bien mueble sea catalogado como tal y se convierta en un bien de interés cultural, o un bien inmueble sea considerado monumento, conjunto histórico o zona de interés arqueológico, y BIC, en base a términos tanto cualitativos (valor artístico, sociológico, etnográfico…) como cuantitativos (carácter único).
Normativas como resultado de las cuales las comunidades autónomas cuentan con sus propios inventarios, como el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia con 779 entradas (719 inmuebles y 49 muebles, y 11 BIC inmateriales). Cifras que, a 2 de enero de 2025, no se correspondían con la base de datos del Ministerio de Cultura, ya que esta ofrecía un registro de 713 BIC materiales en Galicia (671 inmuebles y 42 muebles). Diferencia que revela o descoordinación entre las dos administraciones públicas, o desajustes respecto a la fecha de actualización con que ambas comparten la información de la que disponen con los ciudadanos. Asunto al que hemos de añadir el formato cuasi analógico, con resultados de consulta únicamente textuales o mediante archivos Excel.
En cuanto al patrimonio cultural inmaterial, el artículo 12 de la Ley 10/2015 para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial establece la figura de “Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)”, de la que contamos con 14 a nivel nacional, además de las establecidas por las normativas autonómicas dentro de su ámbito, que en el caso gallego, según el Ministerio de Cultura, son tres (lo que difiere de las 11 indicadas antes).
Por otro lado, la UNESCO considera 26 manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial en España, 22 en su lista
representativa (la inclusión más reciente ha sido la de la cultura de la sidra asturiana) y cuatro en el registro de buenas prácticas de salvaguardia, tal y como recoge también el Ministerio de Cultura en su web.
Y si ponemos el foco en los paisajes culturales, es difícil concretar cuántos tenemos, ya que administrativamente son considerados como bienes inmuebles y no hay fuentes oficiales que nos ofrezcan este número. Lo más a lo que llega el Ministerio de Cultura es a una selección de cien incluidos en el Plan Nacional de Paisaje Cultural de 2015 del Instituto del Patrimonio Cultural de España.
La solución a estos desajustes y desafíos podría venir de la mano de la tan reivindicada y prometida digitalización aplicada al sector cultural, asunto al que el Gobierno de España dedica la medida 35 de la Estrategia España Digital 2026. Aunque si nos atenemos a los resultados de su web, solo se han llevado a cabo dos actuaciones al respecto desde su lanzamiento en junio de 2020, ambas en 2022, autorizar el gasto para digitalización de servicios culturales del Museo del Prado y convocar ayudas para la digitalización de archivos. Únase a ello que el buscador de actuaciones de dicha web considera la digitalización de la cultura como la medida 34 y no la 35. Si había poco que contar, difícil de encontrar, además.
¿Para qué?
El cuidado del patrimonio es una buena medida del nivel de desarrollo emocional e intelectual de una sociedad o, al menos, de sus gobernantes. Recordemos los desmanes iconoclastas de los talibanes en Afganistán, destruyendo monumentos de siglos atrás, la etiqueta de arte degenerado que los nazis impusieron en julio de 1937 a algunos de los autores germanos más innovadores de entonces, o cómo su destrucción sistemática sigue siendo un arma de guerra (Siria, Palestina, Ucrania…).
Si nos centramos en nuestro ámbito más cercano, comprobamos que es visto en demasiadas ocasiones como contenido de actividades económicas (turismo, ocio y entretenimiento) más que como eje en torno al cual construir y ofrecer posibilidades de desarrollo personal, ya sea a nivel individual (fomentando el conocimiento, el espíritu crítico, la toma de conciencia), ya sea a nivel colectivo (actuando como elemento cohesionador, difundiendo los DD.HH.).
Aunque contamos con un sistema sólido de gestión patrimonial sobre el papel, este ha de contar con recursos que permitan a sus profesionales actuar siguiendo criterios estrictamente técnicos. En paralelo, y porque ni el patrimonio ni la cultura es una burbuja, sino dimensiones universales, involucrar al conjunto de la sociedad. En línea con lo que determinan iniciativas de las que parece nos hemos olvidado, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y el papel que, según estos, han de tener las manifestaciones culturales y los entornos naturales tanto en su consecución como en el diseño, gestión y disfrute de nuestro futuro modelo –diverso, ecuánime y participativo– de vida.
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