Derechos humanos y medioambiente, relegados en los nuevos gobiernos de América Latina
Foto: UNESCO
Una de las noticias que este verano han trascendido de América Latina es la asunción de Pedro Castillo como presidente constitucional en la República del Perú, tras un reñido proceso electoral frente a Keiko Fujimori. Este proceso electoral es el segundo que se cristaliza de los cuatro que se generarán en el año 2021 en América Latina. Perú, Ecuador, Bolivia y Chile se suman a los últimos cambios en México y Argentina. Asistimos a una recomposición en los gobiernos latinoamericanos que está levantando expectativas a nivel internacional respecto a sus programas gubernamentales y sus acciones en pandemia y post-pandemia. ¿Pero cuáles son sus compromisos reales respecto a la defensa de derechos humanos?
Hay que destacar que, a raíz de la pandemia, la región ha sido una de las más afectadas en materia económica y social. Así lo han señalado organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Comisión de América Latina y el Caribe (CEPAL) y Naciones Unidas. Organismos que han concluido que la región experimenta la mayor crisis económica en su historia reciente arrastrando hacia la pobreza a más de 28 millones de personas, lo que representa 4 puntos porcentuales más respecto a 2019. De igual forma, la OIT ha señalado que en los últimos 10 meses los mercados laborales de América Latina y el Caribe han retrocedido al menos 10 años y que la crisis está lejos de terminar, pues 23 millones de mujeres y hombres han quedado en situación de inactividad y dejaron de buscar ocupación ante la falta de oportunidades a causa de la pandemia.
En este contexto, se puede observar que la región vive una profunda afectación en los derechos económicos y sociales, pero que sin duda también afecta al ejercicio y disfrute del resto de la gama de derechos reconocidos por sus Constituciones y por los instrumentos internacionales. Ahora bien, si bien es cierto que ya se han aplicado una serie de medidas para paliar la crisis económica, que no han sido del todo efectivas, lo cierto es que los gobiernos recién llegados al poder –Perú, Ecuador, Bolivia– se ven en la obligación de proponer agendas más ambiciosas para mitigar los efectos de la pandemia y garantizar los derechos sociales, económicos y culturales sin olvidar los derechos políticos y civiles, así como las libertades de los ciudadanos. De esta manera, y con la asunción de Pedro Castillo, surge una pregunta relevante: ¿Dónde están los derechos humanos en las agendas de los recientes gobiernos? ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta América Latina en materia de derechos humanos? ¿Podrá la región asumir sus compromisos internacionales y posicionarse como una región garante de los derechos humanos?
Para contestar estas preguntas, es preciso partir de la situación actual de los derechos humanos en la región latinoamericana. El último informe de Amnistía Internacional señala que, derivado del paso de la pandemia en el continente, la región se ha visto severamente afectada en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, sobre todo entre los grupos vulnerables. El informe señala que, sumado a la regresión de derechos sociales y económicos, en algunos países se ha generado un aumento considerable de la violencia contra las mujeres y que se han agudizado los problemas de conciliación ante la falta de sistemas de cuidados en dichos países. Por otra parte, la libertad de expresión se vio amenazada y se hizo uso de la fuerza de manera desproporcionada y recurrente, a partir de las restricciones impuestas por la COVID con el fin de limitar la circulación. Asimismo, en los países con flujos fronterizos se establecieron acciones que iban en detrimento de los derechos humanos, prohibiendo de manera injustificada la entrada de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, así como la devolución a personas solicitantes de asilo.
De igual forma, en el caso de los compromisos orientados a la reducción de emisiones y la protección del medioambiente, la región ha quedado estancada en comparación al resto del mundo, al no establecer medidas de recuperación económicas con una orientación sostenible. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas de Medioambiente (PNUMA), tan sólo se ha destinado un 2,8% del gasto público en iniciativas verdes, muy lejos de países como Canadá o la Unión Europea. Adicionalmente, ha dejado abandonado el acuerdo de Escazú, que, previo a la pandemia, contaba con un ritmo bastante vigoroso para su aplicación y con ello posicionarse como una región líder en la materia.
Bajo este panorama y enfocados en la recuperación económica, así como el control de la pandemia, el bloque latinoamericano se ha visto inmerso en varios procesos electorales que han generado expectativas a nivel internacional sobre todo en relación a la agenda de derechos humanos y que procedemos a analizar. Desde finales de 2020 hasta la primera mitad de 2021, se han elegido presidentes en Bolivia, Ecuador y Perú. Asimismo, en noviembre seremos testigos de un nuevo gobierno en la República de Chile. Pero, a todo esto, ¿qué han propuesto estos nuevos liderazgos en materia de derechos humanos?
Realmente, hasta el momento, estos nuevos gobiernos han mantenido la lógica de priorizar las políticas que protegen los derechos económicos y sociales en mayor medida que las relacionadas a la protección de otros derechos como los civiles, los políticos o las libertades. No obstante, la forma de ejecutar dichas políticas es lo que los ha diferenciado a partir de sus ideologías y postulados partidistas. Comencemos con el nuevo presidente Pedro Castillo, quien en su asunción ha declarado que realizará una política económica y social dirigida prioritariamente a los pueblos originarios y comunidades indígenas, así como a los grupos marginados del Perú, pero ha guardado silencio respecto a derechos y libertades como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio igualitario o la eutanasia.
En contraste, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso, de tradición liberal y conservadora, ha manifestado abiertamente su interés por una recuperación económica apegada al pleno empleo, pero de corte neoliberal, con políticas verdes que han sido cuestionadas por los sectores ambientalistas. En el caso de los derechos cívicos y las libertades, Lasso se ha pronunciado en contra de la interrupción legal del embarazo y, aunque la Corte ha fallado favor de ella, públicamente el mandatario ha manifestado su desacuerdo.
Por otra parte, en Bolivia, que en medio de la pandemia fue testigo de un proceso electoral complejo, la llegada de Luis Arce ha supuesto un panorama complicado en el país, tras las medidas establecidas en materia social y económica que impuso frente a la pandemia. Pero particularmente su Gobierno ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la ONU por las medidas establecidas a partir de los nuevos cambios políticos y que han afectado a los derechos civiles y políticos de algunas personas.
En el caso de Chile, si bien el proceso electoral se generará en noviembre, ninguno de sus dos candidatos, Gabriel Boric, de Convergencia Social, representante del bloque de izquierdas, y Sebastián Iglesias, del bloque centro-derecha, ha fijado una postura clara sobre su programa de Gobierno en materia de derechos humanos. Sin embargo, en el proceso constituyente, los partidos a los que representan los dos candidatos ya han ofrecido un panorama sobre qué postura tomarán respecto a esta agenda. Cabe destacar que Chile ha estado inmerso en una serie de protestas durante el mandato del presidente Piñeira, las cuales han sido criticadas por la comunidad internacional ante el uso desproporcionada de la fuerza.
De esta manera, vemos cómo la agenda de derechos humanos se dibuja lentamente con los nuevos gobiernos y aún no existe mucha claridad al respecto, pero para entender con mayor amplitud el panorama de los derechos humanos en la región, es necesario mirar a otros países latinoamericanos con gobiernos de reciente consolidación, como es el caso de Argentina y México, que sólo llevaban una parte de su mandato cuando llegó la pandemia y que se han instalado con una dinámica totalmente diferente a sus antecesores.
Estos dos gobiernos, y particularmente el de México de López Obrador, generaron muchas expectativas a su llegada en relación a la agenda de derechos humanos, dada las situación que viven. En ambos la agenda de defensa de derechos humanos ha estado enmarcada por claro-oscuros. En el caso de México, la comunidad internacional ha reconocido su énfasis en el tratamiento de casos relevantes de desaparición de personas y violaciones de derechos humanos, pero también ha sido señalado por su papel ante la política migratoria con Estados Unidos, así como el tratamiento de la violencia y su postura en relación a la violencia contra las mujeres. También es cierto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha apostado por la política social como elemento central de su Gobierno, pero los resultados han quedado limitados y con la pandemia se han diluido. En el caso de Argentina, vemos a un gobierno encabezado por Alberto Fernández que ha centrado sus políticas económicas y sociales en los grupos más marginados del país, así como una agenda más favorable a las libertades, convirtiéndose en líder de la región respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tras la despenalización totalmente del aborto, pero, por otro lado, hemos visto serias críticas por las medidas restrictivas que se han establecido por la pandemia y que han afectado a las libertades de sus ciudadanos.
De esta manera, hemos podido observar la forma en que se está moviendo la agenda de derechos humanos en América Latina y cuáles son sus prioridades. Y podemos concluir que esta agenda está enfocada a la recuperación económica y social de la región, dejando en un segundo plano otros temas relacionados con el ámbito civil de la persona, el medioambiente, la cultura o temas relativos a libertades individuales y colectivas.
Así, aunque es cierto que se está generando una reconfiguración política en la región, vemos que los Gobiernos que llegan, ya sean de izquierda o derecha, no han podido consolidar por completo una agenda en la que los derechos humanos sean el eje central de su política, lo cual nos deja con un sabor amargo, entre insatisfacción y esperanza, así como otras preguntas: ¿Podrá la región cumplir con todos sus compromisos ante la comunidad internacional, particularmente los relacionados con la paz, justicia y desarrollo sostenible? ¿Qué gobiernos liderarán a la región en esta materia? ¿O simplemente América Latina continuará en el anhelo de ser una regíon con mayor igualdad, justicia y dignidad, primicias que ha venido reivindicando desde su independencia, pero que sigue costando mucho esfuerzo conseguir?
Estefanía Hernández Ceballos es economista y jurista mexicana especializada en temas de democracia, derechos humanos y políticas públicas. Maestra en Ciencia Política y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en derechos humanos y gobernanza por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado en América Latina dentro del ámbito gubernamental, particularmente en áreas de derechos humanos y estudios parlamentarios, y participado en organismos internacionales.
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