El Derecho al Agua y ‘la chispa de la vida’, frente a frente
La ONG Alianza por la Solidaridad y el fotógrafo Pedro Armestre se han unido para presentar una de las exposiciones más reivindicativas de la edición 2015 de PhotoEspaña. ‘Derecho al Agua’, que puede verse en el centro de fotografía y cine EFTI, en Madrid, denuncia la falta de escrúpulos de muchas empresas, como Coca-Cola, cuando desembarcan en países de Centroamérica y esquilman los recursos naturales, en este caso el agua, haciéndole aún más difícil la vida a las poblaciones locales. Viajamos con ellos a El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Recorremos la exposición con Pedro Armestre. Lo primero que llama la atención es la fuerza de los rostros de los protagonistas de las imágenes y la vivacidad de los colores. Estamos en el corazón de Centroamérica, en paisajes idílicos, ahora a menudo ultrajados por intereses multinacionales; entre comunidades locales que, una vez más, y van muchas en la historia, ven pisoteados sus derechos más elementales.
«La exposición Derecho al Agua, con medio centenar de imágenes tomadas por Pedro Armestre, se enmarca dentro de la campaña TIERRRA para promover un desarrollo sostenible y justo cuando las empresas invierten en el exterior», subraya Rosa M. Tristán, portavoz de Alianza.
¿Ese detalle de las tres ‘erres’ del nombre de la campaña; por qué añadir una más a Tierra? «Lleva la R de la Responsabilidad, porque es lo que debe exigirse a todas las empresas, en cualquier lugar del mundo, si su actividad impacta en su entorno y en las comunidades. Lleva la R de la Rentabilidad, porque es un concepto inherente a las inversiones privadas, que no tiene por qué ser excluyente del desarrollo sostenible. Y lleva la R de los Recursos, porque es aquello de lo que nos provee el planeta para que todos sus habitantes podamos vivir con dignidad y con derechos».
Alianza destapa el caso de Coca-Cola, empresa denunciada en este trabajo por sobreexplotar y contaminar un acuífero en El Salvador, que afecta a unas 30.000 personas, mientras en España, por ejemplo, la multinacional del refresco desarrolla un programa de protección ambiental para cuidar acuíferos, como el que abastece de agua al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. «Hay que decirles que lo hacen mal. Que la Responsabilidad con los recursos naturales y las poblaciones locales debe ser un compromiso global, y no sólo algo a desarrollar en los países desarrollados, porque se lo exija la legislación ambiental o por cuestiones de marketing», destaca Rosa M. Tristán. Y más en un mundo globalizado como el de hoy, que abre caminos a los negocios de las multinacionales, pero también a que las cosas se sepan y las denuncias trasciendan fronteras. Tanto Rosa M. Tristán como Pedro Armestre, que documentó estos casos junto a la periodista Susana Hidalgo (ambos dan forma a la revista digital Calamar2, centrada en la fotografía social y medioambiental), reconocen que Coca-Cola en ningún momento se ha dignado a dar ningún tipo de explicaciones.
Pedro Armestre atraviesa un periodo en la cresta de la ola. El año pasado recibió los premios de Periodismo Rey Juan Carlos, Ortega y Gasset y el Nacional de Periodismo Doñana. No sólo por estos reconocimientos ha sido noticia; también porque, como fotógrafo de Greenpeace, que documenta sus campañas desde 1998, ha sido víctima del acoso de la empresa eléctrica Iberdrola, que le llevó a juicio por una acción de protesta de la ONG en la central nuclear de Cofrentes. Estuvo detenido 40 horas y se ha enfrentado a un proceso judicial muy mediático -pedían para los activistas y el fotógrafo penas de cárcel de hasta 3 años-, del que finalmente ha sido absuelto de todos los cargos el pasado mes de mayo. Durante 3,5 años se ha movido «en libertad con cargos», en un contexto que muchos han puesto como símbolo de la cada vez mayor fragilidad en este país de la libertad de prensa y expresión, más tratándose de un profesional de la fotografía. Es la estrategia de «matar al mensajero». Pedro Armestre fue también quien convivió durante un mes con los acampados en la Puerta del Sol en el 15-M, y de cuyo trabajo salió un fabuloso libro, Plaza Tomada, que hará historia por documentar el arranque del largo recorrido de aquella protesta ciudadana, al que todos estamos asistiendo.
Alianza por la Solidaridad es una organización nacida hace dos años de la fusión de tres ONG -Solidaridad Internacional, Ipade y Habitáfrica-, que llevaban hasta 25 años trabajando en cooperación y defensa de los derechos humanos; está en 17 países de tres continentes con proyectos a través de organizaciones locales con las que se promueve el desarrollo local sostenible, los derechos humanos -especialmente de las mujeres, las personas migrantes y los desplazados por conflictos- y la acción humanitaria en casos de desastres.
El caso que más nos llama la atención de la exposición en EFTI es el de la chispa de la vida en El Salvador.
Susana Hidalgo lo ha escrito en Calamar2, en un reciente reportaje contando las vivencias de su viaje con Alianza durante casi un mes, el pasado otoño: «La lengua náhuatl relaciona el significado del río Acelhuate con un lugar paradisiaco y donde crece la vida. Pero es un río muerto. Sus aguas recorren 18 municipios de El Salvador y están llenas de basura; cuando bajan bravas la contaminación se transforma en una densa espuma en la que es imposible la supervivencia. Los salvadoreños lo saben, pero hay familias que acuden a diario al cauce del Acelhuate a bañarse, a lavar la ropa, a dar de beber a los animales y a llenar cubos para el consumo propio. No tienen otra opción. Como ellos, muchas familias en Nejapa, a 21 kilómetros de San Salvador, no disponen de agua potable en sus casas y tienen que utilizar la del río Acelhuate o caminar durante horas para llegar a pozos, muchos de ellos sin potabilizar. Las mujeres y los niños son los que se encargan de llevar el peso del bidón de agua sobre las cabezas.
Hay viviendas que supuestamente sí que tienen el suministro, pero este no funciona bien y raros son los días en los que no está estropeado. Este panorama de extrema miseria contrasta con la industria que desde hace casi dos décadas supone el mayor beneficio económico de la zona: la comercialización de bebidas carbonatadas. Una enorme botella de Coca-Cola preside las instalaciones de industrias La Constancia en Nejapa. En este lugar pegado a la carretera y del que salen constantemente camiones hacia toda Centroamérica se producen y distribuyen las marcas de refresco Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fresca, Club Soda y Powerade, entre otras. La planta, que cuenta on la última tecnología, fue instalada a finales de la década de los años 90. Antes estaba ubicada en la zona de Soyapango, también en El Salvador, y los ecologistas señalan que el traslado se ha debido a que en su primera ubicación la empresa agotó el acuífero. Los temores de la población de Nejapa pasan por que les ocurra lo mismo con las aguas de las que depende todo el municipio, procedentes de los suelos permeables del volcán de San Salvador. Para producir un litro de Coca Cola se gastan 2, 5 litros de agua: Un litro para el producto y el resto para lavar las botellas y la maquinaria».
Alianza por la Solidaridad ha preparado esta campaña de recogida de firmas para «pedirle a Coca-Cola que no le quite el agua a 30.000 personas en El Salvador«.
De El Salvador, nos vamos a Guatemala, a Santa Cruz de Barillas, donde las comunidades mayas han montado un campamento en el que vecinos y vecinas, adultos y niños se van alternando día y noche, semana tras semana, para impedir que las máquinas de la empresa Ecoener vuelvan a las obras para aprovechar la hidroenergía de tres saltos de agua del río Cambalan, sagrado para los mayas, en mitad de la selva. El conflicto comenzó en 2011 y se encuentra muy enquistado, pues las comunidades lo consideran una profanación de su territorio. Así lo contaba Pedro Armestre en su web el pasado noviembre, en directo, desde allí mismo: «En Santa Cruz de Barillas, el proyecto de la hidroeléctrica española Ecoener ha desatado crímenes, violentos disturbios, la declaración del estado de sitio por parte del ejército y la encarcelación de una decena de activistas contrarios a los planes de la empresa. Un grupo de indígenas mayas, en su mayoría mujeres, mantiene cortado un camino y ha instalado un campamento de resistencia para que las máquinas de la empresa no puedan entrar a trabajar. La persecución ha provocado además que algunos ecologistas, con órdenes de busca y captura, hayan tenido que esconderse durante meses en la selva guatemalteca».
También en Guatemala, en Cobán, el proyecto Renace ha causado una enorme tensión. Armestre no entiende que las comunidades cuyo territorio ha sido cercenado por el vallado del embalse ni siquiera tengan acceso a una red pública de agua y de electricidad. Así lo contaba el pasado 25 de noviembre el fotógrafo en su blog: «María Dolores Caal, de 50 años, y su marido Ramiro Sierra, de 50, viven en Chacalté (Cobán, Guatemala), una pequeña aldea que está muy cerca de la hidroeléctrica Renace pero no tiene luz ni en calles ni en casas. Este matrimonio tiene que utilizar bombillas solares. Tienen dos hijos: Flor de María, de 5 años, y Essau, de dos. En Cobán (Guatemala), la hidroeléctrica española Renace se ha instalado con amenazas a la población y falsas promesas de desarrollo para la zona. La compañía también ha prohibido el acceso al río Cahabón para miles de personas y no ha respetado la estrecha relación de los indios mayas con el medio ambiente. Renace es una empresa guatemalteca, pero ha dado el contrato de la construcción de la hidroeléctrica a la empresa española Cobra (FCC)». Aquí Rosa M. Tristán apostilla: «Es un caso flagrante de vulneración de derechos y de engaño. La responsabilidad social no puede consistir en regalar balones a los niños, dar tres becas para que estudien o engalanar los pueblos en fiestas. Debe ser algo más serio y estructurado». Y fue aquí donde Armestre incluso llegó a sentir miedo a través de la fría mano de la amenaza sibilina, por parte de quienes defienden a la hidroeléctrica. De noche y aislados, el escalofrío se dejó sentir: «Empezaron a repetirnos en voz baja: ‘nos habéis decepcionado, nos habéis decepcionado’; y, claro, cuando te dicen eso en un contexto en el que ha habido varias sospechosas desapariciones de gente en contra del proyecto…, pues has de tomar medidas. Y la medida consistió en estar comunicados continuamente por el móvil con las partes de Alianza que nos habían organizado el viaje, para que en todo momento supieran dónde estábamos y con quién. Por si acaso…».
Y de Guatemala a Nicaragua, a Chinandega, donde tras el abandono de unas minas de oro a cielo abierto por parte de una empresa multinacional, son los propios vecinos quienes explotan, sin absolutamente ninguna medida ni de seguridad ni de aprovechamiento tecnológico, y con resultados miserables, los filones de oro. Impresionan las fotos por las condiciones en que trabajan esos mineros, en chanclas o descalzos, con rudimentarias mazas, sin ni siquiera un triste casco. Además, los trabajadores emplean mercurio, auténtico veneno para el acuífero de la zona. En este caso también se quiere denunciar la irresponsabilidad de quien se marcha y punto, sin tomar medidas para que, por ejemplo, esta mina no se convierta en una trampa para mucha pobre gente.
‘Derecho al agua’, de Pedro Armestre, puede visitarse en EFTI, centro internacional de fotografía y cine, hasta el 10 de julio, dentro de la programación de PhotoEspaña15.
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