«Conservar la naturaleza es asentar los valores democráticos»
Félix Romero Cañizares, ingeniero forestal y licenciado en Ciencias Ambientales, nuevo director de la Fundación Biodiversidad.
Desde primavera, Félix Romero Cañizares, ingeniero forestal y licenciado en Ciencias Ambientales, está al frente de la Fundación Biodiversidad, creada hace 27 años por el Gobierno, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para colaborar en la conservación de un patrimonio natural que no deja de deteriorarse. Hemos hablado con él.
La pérdida de especies que habitan la Tierra, o lo que es lo mismo, el declive de la vida y su diversidad, es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Humanidad. El resumen de la situación es el siguiente: la degradación generada por el ser humano en los ecosistemas alcanza al 75% de la superficie terrestre y al 66% del océano, llevando al 75% de las especies a estar amenazadas o en peligro de extinción. Cada año desaparecen 4,6 millones de hectáreas de bosque en el planeta y el colapso está llegando al 90% de las poblaciones de peces marinos, fundamentales para la alimentación global. En España, el país con más biodiversidad de Europa, el panorama no es mejor: el 31% de los vertebrados están amenazados.
Ahora Félix Romero –autor de varios libros y que antes ha pasado por FSC y WWF España, y ha sido director general de Medio Natural en la Junta de Castilla-La Mancha–se enfrenta a grandes retos desde la Fundación Biodiversidad, con el foco muy puesto en aumentar la colaboración de las empresas para mantener una naturaleza, ante un horizonte de bajada de recursos públicos. Todo ello mientras el cambio climático, recuerda, no hace sino empeorar el diagnóstico.
Ha llegado a la Fundación poco antes de que se supiera la posible desaparición de los programas europeos LIFE en los próximos presupuestos de la UE, que proporcionan muchos fondos para la conservación de la naturaleza. ¿Qué supone este cambio?
Los LIFE son muy importantes para muchas entidades que trabajan en la conservación en España. De los 6.000 millones otorgados desde que se crearon, 1.000 millones han sido para nuestro país. Ahora se debate si desaparece esta financiación específica y eso es un reflejo de que hay un cambio en el tablero político de la UE, que no solo pone en peligro la biodiversidad, sino al territorio y a las personas. Preservar y recuperar especies nos evita riesgos. Si no funciona el medio natural, tampoco lo hará la agricultura, habrá más incendios… Eliminar los fondos LIFE pondría en peligro el modelo de transformación que requiere el territorio y las posibles alianzas entre empresas, administraciones, ONGs, bajo el amparo del derecho a vivir en un
medio ambiente sano. Lo que se plantea es que haya una partida presupuestaria que incluya la conservación, pero que cada país distribuya ese dinero como quiera. No habría una cantidad fijada desde la UE para estos proyectos y por eso estamos en contra de que desaparezcan.
¿Qué supondría que la UE deje de ser la ‘avanzadilla’ más verde dentro del panorama global?
Viendo lo que está pasando a nivel geopolítico mundial, que Europa se replantee la conservación de la biodiversidad, que se iba construyendo, para cambiarla por modelos económicos más agresivos, es apostar por una rentabilidad a corto plazo que dejará muchos daños colaterales. Sabemos que los recursos se van a agotar de seguir así. La cuestión es que estamos sacando beneficio de un petróleo o un gas que están fuera de Europa, y eso deja impactos negativos externos y pone en jaque el futuro. Al final, que todos abramos un grifo y salga agua dependerá de cómo funcionen los ecosistemas. Por eso la UE no puede retroceder. Además, conservar la naturaleza es asentar los valores democráticos que han construido Europa: es un ejercicio de responsabilidad dejar agua a las generaciones que vienen después.
Esas generaciones futuras serán más urbanas que rurales, de hecho, ya lo son, y eso aumenta la desconexión con la naturaleza. ¿Cómo recuperarla?
Es cierto que, como en gran parte del planeta, estamos dejando el medio rural para vivir en las ciudades y vamos a necesitar reequilibrar esta situación para que el campo siga funcionando. El mundo urbano precisa de quienes viven en los pueblos y la sociedad debe decir muy claro a los políticos que no podemos dejar de financiar la gestión del medio natural. También necesitamos políticos que lideren en esa dirección, que no defiendan lo rápido y rentable a costa de lo que sea. Todas las opciones políticas deberían entender que la naturaleza es horizontal y no puede ser politizada. Nos va en ello la calidad de vida y la seguridad, como vemos con los incendios o las danas. Eso pasa también por una apuesta por la transición a las energías renovables, que nos dan independencia energética y ayudan a frenar el cambio climático. El problema es que hay ciertos colectivos o ideologías que banalizan el valor del medio ambiente, que incluso dudan de las evidencias científicas, así que necesitamos mucha educación ambiental para contrarrestarlos. Y también tenemos proyectos en este sentido.
Hay instalaciones de renovables que son acusadas de daños a la biodiversidad. ¿Cómo evitar estos conflictos?
Es importante saber que, si no frenamos el cambio climático, todos los compromisos con la biodiversidad se caerán. Y está también el problema de la desertificación, que va a más. Los ecosistemas pueden alterarse de tal manera que dejen de funcionar. Si queremos evitarlo, es necesaria la transición energética, lo que requiere ocupar parte del territorio. Eso sí, con unos criterios y según la capacidad de acogida de cada lugar. Se puede priorizar su ubicación en zonas donde la afección es menor y trabajar en proyectos que acaben generando un impacto positivo, más allá de la compensación de los impactos. Pienso en zonas que compatibilicen a las aves esteparias con la energía fotovoltaica, por ejemplo. No es fácil, pero habría que analizar cada proyecto por separado y su impacto en conjunto. Lo que hay que tener claro es que esa transición energética hay que hacerla.
Desde la Fundación, ¿cómo se colabora respecto a estas crisis ambientales?
Facilitamos financiación a proyectos piloto que son transformadores del territorio, muy enfocados en generar biodiversidad y calidad ecológica. Distribuimos fondos que facilitan mitigar y compensar los impactos, como indica el Pacto Verde y la Ley de Restauración de la Naturaleza. Estamos trabajando mucho en la ampliación de espacios naturales protegidos, en especial en las áreas marinas.
Parte fundamental de la ecuación es la actividad de las empresas. Hace unos días se intentó rebajar la directiva europea que busca limitar sus impactos ambientales, un cambio que se logró frenar, pero ¿cómo están respondiendo a estos retos?
Son fundamentales. Como empresas deben ser rentables, pero no solo deben generar capital económico, sino natural. Hace años que tenemos una iniciativa que busca trabajar con grandes empresas en esa línea. Para ello debemos lograr que las soluciones para preservar la naturaleza tengan un valor económico. Es lo que llamamos servicios ecosistémicos. Un fallo histórico es obligar a conservar la biodiversidad sin que nadie compense el gasto que eso supone, lo que ha llevado a que en muchas fincas forestales que no son rentables se haya abandonado. Si cuesta más sacar la madera que dejarla, al final eso se traduce en un incendio.
¿Puedes explicar un ejemplo de pago por un servicio de un ecosistema?
Muchos proyectos van en esa línea. Un ejemplo es un proyecto de la Fundación Conservación del Quebrantahuesos, que se realiza en colaboración con ganaderos en extensivo. Se trata de que los productos que éstos generan en zonas con quebrantahuesos tengan un valor comercial añadido porque cuidan la biodiversidad. Son iniciativas muy necesarias y las empresas que generan ese impacto positivo deben incorporarlo a su contabilidad. Otro ejemplo son los acuerdos de custodia del territorio, iniciativa de otro proyecto LIFE. Son pactos voluntarios entre propietarios de terrenos y una entidad de custodia (pública o privada) para conservar y gestionar un espacio mejorando sus valores naturales, culturales y paisajísticos. Ya se han inventariado todos los acuerdos que hay en España y se trabaja en modelos de financiación para que se consoliden en las 700.000 hectáreas en custodia.
Félix Romero Cañizares, director de la Fundación Biodiversidad.
¿Por qué cuesta generalizar estas iniciativas exitosas si funcionan?
Porque aún no nos creemos que el cambio es necesario y seguimos, por inercia, el modelo vigente, como si las crisis ambientales no fueran con nosotros. El actual Gobierno ha hecho una apuesta clara por la transición energética, pero la necesidad del cambio no llega a todo el mundo. En la Fundación tenemos muchos proyectos vinculados a bioeconomía, priorizando zonas despobladas. La cuestión es que no hay gente en esos entornos. Hay que explorar fórmulas que solucionen la despoblación, saber qué es lo que puede atraer a la gente, sobre todo a las mujeres para que haya familias que se queden o vayan a vivir a un pueblo. Así se mantendrá el entorno seguro. Nosotros tenemos proyectos enfocados a generar esos modelos de vida, como Reconecta, que trata de revincular a propietarios forestales con fincas familiares abandonadas. Se trata de generar agrupaciones forestales para que, juntos, puedan obtener recursos de frutos, madera o setas. A veces ni tienen las escrituras porque se han perdido, mientras el monte es un polvorín. También falta trabajar con los jóvenes, que vean que hay opciones de vida en el medio rural muy enriquecedoras, y que eso no quita que luego vayan a disfrutar a una ciudad.
Luego está el conflicto con especies amenazadas. ¿Cómo bregar con este problema?
Es absurdo pensar que especies en peligro van a destruir la vida rural. Gran parte de nuestros proyectos van enfocados a la gestión de territorios con ecosistemas y especies que hay que conservar. Tenemos que ser capaces de minimizar el conflicto social y eso pasa por prevenir que haya ataques a las propiedades y, como señalaba, dar valor añadido a la hora de vender los productos de la ganadería que convive con esas especies. Es verdad que hay un componente emocional, pero al final todo se traduce en el bolsillo. Pero es que desde una perspectiva económica también es importante que esas especies existan. Aseguran el equilibrio de los ecosistemas y dan muchos servicios. Y si, a pesar de prevenir, se producen daños, hay que indemnizarlos. Debemos hacer entender, sin politizar, que no es incompatible la actividad económica con la biodiversidad. Cuando colaboran ganaderos, ecologistas y científicos se encuentran soluciones, como demuestran nuestros proyectos.
En estos momentos, ¿cuáles son las prioridades de la Fundación?
Alineados con las prioridades del Estado hemos trabajado mucho en el aumento de las áreas marinas protegidas, que son ya el 22,45%. Nos centramos en especies en riesgo, pero trabajamos en ecosistemas de todas las comunidades autónomas, que también participan, sobre todo en zonas despobladas donde hay más biodiversidad. En breve, una prioridad serán los humedales, foco de un nuevo LIFE de 185 millones que pondremos en marcha durante 10 años. No incluye ni Doñana ni el Mar Menor, porque ya tienen sus planes específicos, pero sí más de 100 humedales en todo el país.
¿Qué pasará si disminuyen los fondos públicos, como parece?
Insisto en que hay que acelerar la colaboración público-privada. Incentivar toda la inversión privada que se pueda en la naturaleza, siempre alineada con las estrategias europeas y nacionales de conservación; cada euro que las empresas dedican al medio ambiente debe multiplicar la biodiversidad. Incluso puede haber ‘ingeniería financiera’, con fondos privados y públicos. Ya hay empresas que hacen muchas reforestaciones para compensar sus emisiones de CO2 y deben saber que hay otros valores a considerar. Habrá zonas donde haya que plantar, pero en otras en 15 años ese monte puede ser un problema, porque ya se queman plantaciones del pasado. Deberían enfocarse a impulsar la gestión forestal sostenible. Es mejor invertir en los propietarios forestales, apoyarles en mantener montes que existen o promover paisajes mosaico, con bosque, prados, cultivos. Es decir, es posible que las empresas compensen sus emisiones gastando dinero en la gestión adecuada de lo ya plantado.
¿Se está trabajando ya en ello desde la Fundación?
Estamos teniendo reuniones al respecto porque es importante impulsar esta vía. Con los fondos Next Generation, desde 2021 hemos lanzado más de 500 proyectos por valor de unos 750 millones. A eso se suma que desde 1998 en la Fundación se han puesto en marcha unos 2.000 proyectos. Es mucho aprendizaje a transferir al territorio y lograr que se apliquen las prácticas sostenibles que funcionan. El problema es que hay un déficit financiero, pero puede cubrirse si se pagan por los beneficios que genera hacerlo bien. Hay organizaciones, como FSC, que hacen esas auditorías. Y si hay zonas donde no se puede sacar madera y que hay que mantener, habrá que compensar a la propiedad ese coste. Ya existen metodologías que miden lo que se aporta a todos con una gestión sostenible. Ese el pago que pueden hacer empresas. Para ello, se requiere tener un registro y que un propietario demuestre que hace esa gestión adecuada y tiene pérdidas a compensar. Luego, se les pondrá en contacto con empresas dispuestas a poner dinero que cuida ese lugar. Son iniciativas que ya hemos probado, pero falta escalarlas a nivel a nivel nacional. Lo más urgente es comenzar por la parte forestal, que es la que se quema. En definitiva, hay que mirar al medio natural, conocer lo importante que es la biodiversidad y movilizar recursos para conservarla.
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