Historias de mujeres que arriesgan su vida por defender su espacio natural 

Una exposición del fotoperiodista Gervasio Sánchez –en la sala EFTI, Madrid, hasta el 21 de enero– visibiliza a luchadoras centroamericanas que ponen en riesgo sus vidas por defender los bienes naturales en zonas indígenas. Entramos en ‘Activistas por la vida’ y en algunas de las historias de estas 39 valientes mujeres.

“No quiero recibir órdenes de los hombres y el precio que se paga es alto, te odian, te repudian, te estigmatizan y te llaman loca”. Desde una de esas ventanas a Centroamérica que son las obras del fotoperiodista Gervasio Sánchez, expuestas estos días en Madrid, la líder guatemalteca Ana Rutilia Ical, maya q’ueqchí de nacimiento, residente en San Pedro de Carchá, nos asoma al mundo de luchas y criminalización en el que viven miles de personas en el mundo y que la exposición Activistas por la vida nos acerca a través de 39 mujeres, cuyas trayectorias tanto tienen que ver con nuestra forma de vida pese a la distancia.

Organizada por la ONG Entrepueblos, la muestra, en la sala EFTI hasta el 21 de enero, ofrece la oportunidad de conocer a unas líderes que, desde Guatemala y Honduras, si bien igualmente podrían estar en otros muchos lugares, habitan espacios cuyos recursos naturales están siendo expoliados por gobiernos y empresas (entre otras, europeas y españolas), donde vulneran impunemente los más básicos derechos humanos y ambientales, gracias a la connivencia de sus dirigentes, que les permiten extraer sus minerales, acaparar sus tierras o convertir sus ríos en negocios para grandes hidroeléctricas.

Gervasio Sánchez, premio nacional de Fotografía y con una larga trayectoria como corresponsal de guerra y en la cobertura de crisis humanitarias, nos cuenta que inició este proyecto en 2017, gracias al apoyo de la cooperación al desarrollo catalana. “En un encuentro casual en El Salvador con su responsable hablamos de esos activistas que son perseguidos y asesinados y de los que no sabemos ni sus nombres”, recuerda en una visita guiada por la exposición, que llega a Madrid tras recorrer otras ciudades y que continuará su periplo por la geografía nacional. Sánchez puso algunas condiciones: “Quería entrevistarles en los lugares donde viven, así que fuimos a buscarles donde esas empresas extractivistas han llegado a sus tierras ancestrales. Y me sorprendió la valentía y la dignidad de estas personas, porque viven en lugares peligrosos por los que nos movíamos bajo vigilancia permanente”, explica.

Marcela Chacach (Los Pajoques, Guatemala). “La cementera compró la voluntad de algunos dirigentes comunitarios”. Nació el 19 de junio de 1979 y tiene cuatro hijos, de entre 23 y 10 años. Es una lideresa cachiquel de la comunidad Loma Alta, una de las 12 aldeas del municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, que se han organizado para luchar contra una cementera. Foto: Gervasio Sánchez.

A través de los textos que acompañan las fotos es posible intuir lo que supone vivir en regiones olvidadas del mundo en las que campa la corrupción porque, como nos recuerda el autor, “hay grandes inversores extranjeros que seducen a los políticos para que cambien las leyes y para que las normas sean ambiguas y sus proyectos, que no serían nunca aprobados en sus países de origen, sí sean aprobados”. Aprobados y bendecidos como un “desarrollo” que no suele pagar aranceles, pero sí llenar cuentas bancarias.

Empresas de países como Canadá, líder en minería en gran parte del mundo, que envenenan de mercurio los ríos; o de España, con grandes transnacionales que construyen hidroeléctricas que colapsan sus cauces, como aquella con la que se ha enfrentado Ana Rutilia (Renace) o aquella otra, de su país, contra la que ha luchado Rosa Chub, humilde maestra de Santa María de Cahabón, que es otra de sus protagonistas. Rosa, además, tenía que brear con la violencia de género de su esposo, incapaz de entender su actividad.

Entre las “activistas por la vida” también podemos conocer a Claudia Samayoa, presidenta y fundadora de la ONG Udefegua, asociación que cada año realiza un exhaustivo recuento de las agredidas o de las víctimas anónimas que caen y que en muchas ocasiones se ocultan bajo la tapadera de “ajustes de cuentas” o riñas, cuando se trata de asesinatos premeditados, siempre difíciles de probar… o con pocas ganas de ser investigados. Tan impunes como el expolio silencioso.

Según Udefegua, sólo en Guatemala en 2022 hubo 3.574 agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, el 32% mujeres. Nunca se registraron tantas en lo que va de siglo. “El único camino claro para que esto se acabe es contar con una legislación internacional contra el ecocidio, igual que se creó contra el genocidio; hay que lograr que aquellos que hacen negocios vulnerando derechos se atengan a las consecuencias”, reclama el fotoperiodista tras pasar meses conociendo sus realidades.

Lorena Cabnal (Ciudad de Guatemala). “Fui desterrada de mi comunidad por denunciar la violencia sexual”. Indígena xinka, nació el 16 de septiembre de 1972 y tiene una hija de 11 años. Una mujer feminista y trasgresora, desterrada de su comunidad por denunciar la violencia sexual, es fundadora e integrante de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario (Tzk’at) en Iximulew (Tierra del maíz). Foto: Gervasio Sánchez.

No podía faltar en este plantel la hija de la asesinada Berta Cáceres, Bertha Isabel Zúñiga Cáceres, quien, desde que mataron a su madre en 2016, no ha dejado de luchar por el territorio del pueblo indígena lenca en Honduras. Ni la afro Mirian Miranda, que pelea desde tierras garífunas contra proyectos turísticos y contra ese monocultivo de palma africana –tan consumida en la agroindustria global– que les está dejando sin futuro. También las hay que, poco después de hacerse el retrato, tuvieron que exiliarse y huir de las amenazas, como Andrea Ixhlú, quiché de Guatemala, hoy residente en México, originaria de un pueblo, Totonicapán, que ve cómo el bosque que administraba se lo están talando. Lucía, su hermana, a su vez exiliada en España, comenta que los quichés “siempre fueron comerciantes, incluso en tiempos precolombinos, pero ahora la zona es amenazada por la minería y la tala”. “En 2012, por la defensa de nuestros derechos, hubo una masacre cuyo juicio se celebra ahora. Allí fundamos un colectivo de festivales solidarios para acompañar con el arte las resistencias ambientales, pero desde 2017 la persecución aumentó y la gente al frente de las protestas fuimos criminalizadas. Yo misma tengo una denuncia y me tuve que ir”, explica Lucía.

“Ser activista por la naturaleza no tiene el mismo riesgo aquí en Europa que en esos lugares. Por ello, me gustaría que en vez de darse premios a los ambientalistas europeos, se los dieran a estas personas. La mejor forma de apoyarles es visibilizar sus luchas”, señala Sánchez. Desde organizaciones españolas se defiende, además, que se apruebe con urgencia una ley que exija a las empresas cumplir con los mismos derechos humanos y ambientales dentro y fuera de nuestras fronteras. A nivel europeo, acaba de llegarse a un acuerdo para una directiva en este sentido, norma que costó sacar adelante y de la que, finalmente, se han dejado fuera a las entidades financieras europeas que invierten en los proyectos, que podrán seguir vulnerando esos derechos en lugares donde no tienen valor alguno.

Pero Activistas por la vida no son solo rostros y textos. El proyecto se acompaña de videoentrevistas y, a través de una página web de Entrepueblos dedicada a la exposición  (), se accede a materiales diseñados para ser utilizados gratis por el profesorado y el alumnado de Secundaria. Ahí también se pueden consultar los horarios para hacer visitas guiadas y participativas, donde se amplía la información. Incluso se puede colaborar comprando el libro (Ed. Blume) bajo ese mismo título, donde se recogen los testimonios de la exposición y muchos más, entre los que hay también hombres encarcelados, amenazados, acosados, tan incombustibles como ellas.

El contexto no puede ser más complejo en ambos países que ha visitado Gervasio Sánchez. En Guatemala, pronto debería acceder a la presidencia el sociólogo Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones en agosto, pero el actual gobierno lleva meses tratando de impedirlo, no solo con una campaña de difamación, sino con denuncias judiciales sobre un proceso electoral cuyos resultados suponen un cambio progresista que no gusta a los poderes actuales; esto ha provocado un paro nacional y un incremento de la violencia contra los defensores de derechos humanos. Si hablamos de mujeres, en sólo cinco años ha habido más de 4.000 muertes violentas; en 2022, se recogieron 34.300 denuncias de delitos cometidos contra ellas y contra menores, según el Ministerio Público.

Miriam Miranda (Vallecito, Colón). “Me siento en peligro real de muerte desde hace años”. Nació el 9 de agosto de 1963 en Santa Fe (departamento de Colón). Tiene dos hijos, de 24 y 18 años. Es Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) desde 2008. Foto: Gervasio Sánchez.

No es mejor la situación en Honduras; recientemente Estados Unidos ha incluido a un ministro en su lista de los más corruptos del mundo. En noviembre pasado fueron asesinadas 28 mujeres, más de la mitad por arma de fuego y el 80% por un autor desconocido que, por lo tanto, no pagará por su delito. Con la liberal Xiomara Castro en la presidencia, hoy es el cuarto país más corrupto de Centroamérica. Allí, en 15 años se han aprobado 384 proyectos mineros, otros 48 de grandes hidroeléctricas y el cultivo de palma africana ya ocupa más de 300.000 hectáreas, pero, como recuerdan en Entrepueblos, todo ello no les ha supuesto menos pobreza, sino más migración y más violencia, especialmente con los pueblos campesinos e indígenas, que no quieren perder sus formas de vida ancestrales y sostenibles. También aquí las mujeres salen perdiendo: su Defensor del Pueblo atendió 3.159 denuncias que las afectan, la mayoría relacionadas con el derecho a la vida e integridad personal.

Antes de salir, nos acercamos a la “foto-ventana” a la vida de Marcela Chacach, de Los Pajoques (Guatemala), donde una cementera de capital suizo compró una finca para este negocio cerca de sus viviendas y logró el permiso municipal sobornando al alcalde. Como tantas veces ocurre, la empresa contrató a 500 personas y la comunidad se dividió, mientras los inversores trataban de hacerse con más tierras, incluso bajo amenazas. Cuando comenzaron a construir una carretera, provocaron el enfado de los ciudadanos. Al final, murieron 11 personas en los enfrentamientos entre trabajadores armados y los pobladores. Las autoridades declararon el estado de sitio, pero los detenidos nunca fueron juzgados. “En cambio, nuestros líderes detenidos siguen en prisión, sin juicio”, le contó a Sánchez. Ahora sus pozos de agua se secan al mismo ritmo que las excavadoras socavan sus montañas.

Sobre el autor

Rosa M. Tristán

Periodista. Ciudadana sin fronteras. En el diario El Mundo durante 22 años. La ciencia y el conocimiento de la Tierra y sus gentes, mis pasiones. Viajera incansable. Puedes seguirme en Twitter en @RosaTristán

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