Necesitamos la verdad sobre las 7.291 muertes en las residencias de Madrid
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid durante la crisis del COVID y responsable de las Residencias de Ancianos de la CAM. Foto: CAM.
Durante tres días de este septiembre, la sociedad civil del Estado español ha puesto la verdad en el terreno de juego de la política, y esa es una noticia esperanzadora. Una comisión de personas reconocidas internacionalmente por su defensa de los derechos humanos y su conocimiento científico y su altura moral, apoyada por asociaciones y plataformas ciudadanas, se han propuesto revelar la verdad de lo que sucedió en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante la primera ola del ‘covid’ en 2020, con el fin de que se reconozca la responsabilidad de quienes violaron los derechos humanos y cuyos actos no han sido juzgados. Es nuestra ‘noticia que abraza’ de septiembre, como cada mes, el último día.
El hecho de que en este país, en el seno pues de la Unión Europea, tenga lugar esta opción política y ética, resultado de un esfuerzo directo, casi clandestino, de activistas y organismos de derechos humanos, familiares, profesionales… permite sentir que la verdad y la justicia siguen siendo el centro de la vida democrática, más allá de los gobiernos y las instituciones.
La existencia de una comisión ciudadana de la verdad recuerda a los tribunales que el derecho a la justicia es un derecho humano, anterior y superior a la autoridad del Estado, de carácter universal y, por supuesto, alejado de los intereses de los/as jueces y de las entidades políticas que les sostienen. Gracias a esta iniciativa, hemos tenido la oportunidad de recordar que la verdad es un derecho individual y colectivo, de origen histórico, que preserva en la memoria lo que sucedió y previene de cometer violaciones en el futuro.
Desde hace tres años, la asociación Marea de Residencias y la plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid reivindican la necesidad de investigar la muerte sin atención médica de 7.291 personas en dichos centros de la Comunidad de Madrid en esos meses de 2020 (casi 6.000 con covid). Este número de fallecimientos en las residencias supera, según los expertos, la media europea. Ya sea porque no fueron trasladados a hospitales por la saturación a causa de los llamados protocolos de la vergüenza (órdenes que impidieron el traslado no por prioridad médica, sino por lugar de residencia) o porque las residencias no se medicalizaron, la ausencia de la ayuda médica precisa fue notoria.
Lo normal en una sociedad democrática es que se hubiera constituido una comisión de investigación o que el Defensor del Pueblo lo llevara a los tribunales, pero no ha sido así. En un informe titulado Abandonados a su suerte, Amnistía Internacional ha denunciado la «deficiente» investigación sobre las muertes en residencias llevada a cabo por el Parlamento regional de la Comunidad de Madrid. Con el fin de aclarar lo sucedido, el pasado abril, estos colectivos constituyeron una Comisión Ciudadana Por la Verdad en las Residencias de Madrid que ilumine la memoria colectiva.
A pesar de sus principios éticos, la historia ha demostrado que las Comisiones han sido un campo de tensión y debate entre los que quieren saber la verdad y piden justicia y reparación, los que no quieren remover las heridas del pasado y los que intentan establecer su propia versión de los hechos. La Comunidad de Madrid no es una excepción.
En julio de 2020, el Parlamento autonómico constituyó una Comisión de investigación sobre la situación provocada por la pandemia en las residencias. Tras haber realizado ocho sesiones, dicha comisión quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021. Un mes después, el 11 de junio, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron la reapertura de la citada comisión, pero fue denegada por el PP y Vox. A lo largo de la legislatura, PP y Vox siguieron negando sucesivos intentos de reabrirla.
Aunque sin carácter judicial, desvelar las estrategias para ocultar la verdad de las instituciones permite que los hechos puedan ser abordados por tribunales alejados de las entidades implicadas y sus responsables, pues los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser, en ningún caso, impunes. Por eso esta Comisión Ciudadana por la Verdad está presidida por el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, cuya experiencia en el Tribunal Russell (donde se ha juzgado, entre otros asuntos, la violación de los Derechos Humanos por parte de Israel en Palestina) sirve de marco en este asunto.
Junto a él participa la epidemióloga por la Universidad de California y profesora jubilada de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal María Victoria Zunzunegui Pastor y el experto en Gestión y Administración Sanitaria y miembro del Panel de Expertos de la Comisión Europea en políticas sanitarias Fernando Lamata. Les acompañan la escritora y profesora jubilada de la Universidad de Córdoba Anna Freixas, el director del Instituto de Derechos Humanos y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia (IDH) Fernando Flores, la socióloga y profesora asociada de Sociología en la Universidad de Zaragoza Cristina Monge, y el abogado y profesor de la Universidad Carlos III Eduardo Ranz.
Estas siete personas comenzaron a investigar los hechos en junio, y los días 15, 16 y 17 de septiembre constituyeron un tribunal ciudadano, en el que han entrevistado a familiares, geriatras, gestores sanitarios o políticos implicados, como el ex consejero de Políticas Sociales y Familias, Alberto Reyero, o el socialista José Ángel Chamorro, presidente de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, que fue cerrada por Ayuso de forma precipitada con la convocatoria de elecciones anticipadas. También han participado periodistas que cubrieron el día a día de la pandemia en las residencias, como Manuel Rico (Infolibre), Elena Jiménez (SER) o Fernando Peinado (El País). Además, tuvieron la oportunidad de expresarse diferentes trabajadoras de varias residencias de la región, muchas de las cuales fueron expedientadas, trasladadas y suspendidas por denunciar ante los médicos las actuaciones en las residencias.
A pesar de que se les invitó, no acudieron a la cita la presidenta del gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ni los consejeros Enrique Ruiz Escudero y Enrique López, ni el responsable de los protocolos excluyentes, Carlos Mur. Estos protocolos impidieron el traslado de pacientes que sufrían determinado grado de dependencia o de deterioro cognitivo, salvo que la persona tuviese un seguro privado. Es decir, de la gran mayoría de los ancianos que en aquel momento residían en los centros de mayores.
Como ha sucedido en los países que sobrevivieron a una dictadura militar o a conflictos armados con el apoyo de Comisiones de la Verdad, las personas responsables de lo sucedido en la Comunidad de Madrid insisten en que hurgar en estos acontecimientos es abrir las heridas del pasado, pero ¿por quién y cuándo se cerraron esas heridas? Están abiertas y la única manera de sanarlas será logrando que se asiente la verdad de forma completa, oficial, pública e imparcial. La búsqueda de la verdad es un deber moral hacia las víctimas, los familiares y sus deudos, y toda la sociedad. Descubriendo y sancionando a los culpables se afirman los pilares de la democracia, pues la ciudadanía recupera el control de las instituciones públicas. La alianza de las víctimas con expertas en Derecho, periodismo, activistas internacionales y representantes de las altas esferas de la magistratura y la política, ilumina el horizonte de una democracia que en Europa parece perder el aliento.
Con la información recabada, esta Comisión Ciudadana elaborará un informe que se hará llegar a instituciones de la Comunidad de Madrid, nacionales e internacionales, con el objetivo de que se reabran las investigaciones oficiales, se revisen los historiales de todas las personas fallecidas, se visiten los hospitales y las 470 residencias que estaban en funcionamiento esos meses en Madrid y se depuren responsabilidades.
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