Las nucleares nos pueden salir aun mucho más caras a todos los españoles

La central nuclear de Cofrentes en Valencia.

La central nuclear de Cofrentes en Valencia.

La central nuclear de Cofrentes en Valencia.

La central nuclear de Cofrentes en Valencia.

En las últimas semanas, las centrales nucleares han estado en el punto de mira de los medios de comunicación en nuestro país; y es previsible que así siga siendo durante los próximos meses. ¿El motivo? El intento de la industria nuclear de colar el alargamiento de la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años, e incluso más. El autor, coportavoz de EQUO y diputado en el grupo Unidos Podemos, opina que, en esto, la industria va sin duda de la mano del Gobierno, ya que este objetivo también lo comparte el Partido Popular, tal como han reiterado en muchas ocasiones.

Por JUANTXO LÓPEZ DE URALDE

Actualmente, construir nuevas centrales nucleares es imposible por dos motivos: su altísimo coste y el gran rechazo social que generan. En este contexto, la única posibilidad para que las nucleares sigan vivas es que se alargue su vida. Las centrales nucleares españolas ya están amortizadas; durante 25 años hemos estado pagando su construcción entre todos a través de la factura de la luz. Por eso, una decisión estratégica clave para la industria eléctrica consiste en conseguir el alargamiento de su vida útil, y en ello están. El problema es que este objetivo conlleva poner el beneficio económico por encima de la seguridad de las personas y del medioambiente.

¿Cómo piensan hacerlo? Hay una estrategia compartida por Gobierno e industria en tres frentes claves: el futuro de Garoña, reducir los requisitos de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre las centrales nucleares y la cuestión de los residuos radiactivos. Es evidente que la industria avanza en los tres de manera coordinada, y también lo es que lo hace en un marco político que lo está apoyando e impulsando.

La cuestión del futuro de Garoña es importante porque genera un precedente. Garoña es una central vieja (se inauguró en 1971), peligrosa (su reactor es gemelo del de Fukushima 1) y obsoleta (por eso el CSN “exigía” modificaciones en el diseño de la central). A pesar de ello, con el dictamen del CSN favorable al alargamiento de su vida útil, se abre el camino para las nucleares que vienen detrás, y en concreto la central de Almaraz, cuya vida termina en 2020. Poco le ha importado al organismo regulador que las empresas Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña, no hayan cumplido los requisitos exigidos para tener el dictamen favorable. Ahora la decisión sobre el futuro de esta central nuclear está en manos del ministro de Energía de un Gobierno que siempre se ha mostrado favorable a su reapertura.

En segundo lugar, está el CSN, el organismo regulador de la energía nuclear en materia de seguridad. En la actualidad, su consejo está compuesto por tres miembros designados por el Partido Popular y dos por el PSOE, así que cuenta con una clara mayoría favorable al alargamiento de la vida de las centrales. Desde noviembre de 2015, fecha en la que se nombra a un tercer consejero del PP, el CSN ha estado trabajando para reducir los requisitos de seguridad impuestos a las centrales. La última medida ha sido permitir que las licencias de funcionamiento se otorguen para más allá de los diez años que estaban estipulados hasta ahora. De esta manera se pretende facilitar que las viejas centrales sigan funcionando más de los 40 años.

Por último, en cuanto al tema de los residuos radiactivos, las centrales tienen un problema de espacio para albergarlos. Al estar diseñadas para un tiempo menor, el alargamiento de la vida lleva a que sea necesario buscar un nuevo espacio. Si en un principio el Gobierno trató de construir un Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca), ahora parece inclinarse por la construcción de almacenes dentro del recinto de las propias centrales, llamados ATIs. Las dificultades legales que ha impuesto el Gobierno de Castilla-La Mancha al cementerio nuclear en Villar de Cañas han forzado ese nuevo escenario, que ya está en marcha.

Como se ve, la industria va dando pasos en su objetivo. Se pretende que el alargamiento de la vida de las centrales nucleares se produzca como un hecho consumado, sin debate social ni político y sin el análisis de otras posibles alternativas. Sin embargo, hablamos de centrales cada vez más viejas, y por tanto la seguridad cada vez es más comprometida; la ciudadanía está despertando de nuevo ante el riesgo nuclear. La decisión del CSN sobre la reapertura de Garoña está levantando una ola de indignación que se muestra en las calles y también en las instituciones. Por ello, si el movimiento antinuclear se levanta y consigue llegar a la opinión pública, no le será tan fácil al Gobierno llevar a cabo sus planes.

No es una cuestión menor: están poniendo en riesgo nuestro futuro, por unos beneficios inmediatos que nos pueden salir muy caros a largo plazo.

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Juantxo López de Uralde es coportavoz de EQUO y diputado en el grupo Unidos Podemos.

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