Polémica: La UE nos pide abrir estas 6 minas de materiales estratégicos
Mina de Aguablanca en Extremadura.
La Comisión Europea, en búsqueda intensiva de minerales críticos para disminuir nuestra dependencia del exterior en tecnología y transición energética, ha puesto el foco en la apertura o reapertura de seis minas en España, un país que arrastra un equipaje de importantes desastre ambientales y sociales y que no deja de aumentar su demanda de minerales. Dependientes de ese recurso natural para la vida cotidiana, desde un sencillo bolígrafo hasta coches eléctricos, armamento y teléfonos móviles, la posibilidad de hacer minería sostenible, y con aceptación social, bascula entre la consideración de “imprescindible”, según los expertos en geología y las empresas, y la de “cuestionable” en un planeta finito, según los ambientalistas. Dado que ninguna mina del mundo es inocua, nos hacemos esta pregunta: ¿Es posible el consenso? Repasamos las seis localizaciones y lo que esconden.
Si algo está claro, es que los puntos de vista son muy distintos según a quien se pregunte. El reciente fallecimiento en una mina asturiana de carbón de cinco mineros cuando realizaban un trabajo con sospechas de ser ilegal, no augura un camino fácil para abrir o reabrir nuevas minas que, según la Comisión, se precisan para dejar de depender de China u otros países. Y llueve sobre mojado. Ya el Plan de Acción de Minerales del Gobierno, ahora en audiencia pública, tiene como uno de sus cuatro objetivos: “Fomentar la industria de materias primas minerales de carácter estratégico para la transición energética y digital, por su empleo en la implantación de energías renovables, baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía a medio y largo plazo”. En otras palabras, poner minas en explotación. Los otros serían mejorar el reciclaje y la eficiencia al usar los minerales y re-explotar residuos de antiguas minas que pueden ser de utilidad ahora.
“La cuestión es plantearnos cómo queremos vivir, si estamos dispuestos a hacerlo con menos recursos. Ahora los minerales nos vienen de terceros países, donde se extraen en condiciones humanas y ambientales terribles. Si los tenemos aquí, debemos ser capaces de extraerlos con garantías de bajo impacto y condiciones de seguridad laboral y de restauración cuando finalicen la actividad. Tenemos un país rico, por sus condiciones geológicas, sobre todo en su franja occidental. Eso no quiere decir que todo sea explotable; habrá que ver los proyectos, pero tampoco se puede decir no a todo”, argumenta la geóloga Ana Alonso, investigadora en la Universidad Complutense de Madrid y ex directora del Instituto Geológico y Minero (IGME-CSIC).
Tan claro como que se precisan minerales es que España tiene un historial minero controvertido. El Ministerio de Transición Ecológica reconoce que existen más de mil balsas y escombreras que se abandonaron en el pasado, muchas contaminando su entorno incluso cuando había un compromiso de restauración. “Ahora se quiere dar impulso a proyectos con un historial de contaminación tremendo, incluso con multas por su mala actuación. No puede darse privilegios a quienes hacen mal las cosas. Antes de pensar en abrir minas, como se pretende, hay que reciclar todas las balsas tóxicas, hacer un segundo refinado, como se hace en China, y no olvidar que para sacar una tonelada de litio se crean 99 toneladas de residuos que no son inertes, sino que llevan otros minerales asociados que son tóxicos, como el mercurio, el torio, el arsénico. Necesitamos minerales, pero ¿por qué nos incitan a abrir seis minas y un solo centro de reciclaje? Porque cuando se dice que se abre una mina, ésta sube en la Bolsa, pero con el reciclaje no es así”, argumenta Cristóbal López, coordinador de Minería en Ecologistas en Acción. Esta ONG junto a Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife han redactado un comunicado en el que denuncian que la selección de los seis proyectos mineros estratégicos ha sido opaca y sin participación pública.
El recuento de los proyectos previstos
Una de las seis minas que la UE pretende impulsar es la de La Parrilla, en Almohacín (Cáceres), donde se quieren extraer 30 toneladas de wolframio (mineral usado para blindajes y municiones, y en menor cantidad para electrónica). Está gestionada por la empresa Iberian Resources Spain, vinculada al fondo BlackRock, compañía que con su anterior operador, W Resorces, tuvo que ser sancionada y cerrada en 2022 por carecer de autorización ambiental y por construir ilegalmente balsas de residuos mineros, además de 70 despidos ilegales. El fondo Blackrock está involucrado en la industria de armamento y ha sido denunciada ante la OCDE por promover la devastación ambiental en la Amazonía y vulnerar derechos humanos en China.
Otro de los proyectos estratégicos que tuvo problemas es la mina de Las Cruces (en Sevilla), que acumula 70.000 toneladas de cobre (además de zinc, oro y plata) y más de 6,5 millones de euros en sanciones e indemnizaciones por extracciones ilegales del acuífero necesario en caso de emergencia para el consumo humano en Sevilla. Ya provocó un deslizamiento de tierras en 2015 y otro en 2019, y un reciente estudio científico asegura que desde años contamina el estuario del Guadalquivir con metales pesados. Es propiedad de la canadiense First Quantum Minerals, que lleva tiempo tratando de venderla. Ahora, entre los interesados está el Grupo México, propietario de la mina de Aznalcóllar (zinc, cobre, plomo, plata y oro), donde en 1998 tuvo lugar con Boliden uno de los más graves desastres ambientales en España, afectando al Parque Nacional de Doñana.
Descartado de momento el gran depósito de litio que hay junto a la ciudad de Cáceres, donde ha levantado una gran contestación social, la mina de este mineral que ha sido incluida es la de Doade (Orense), con 93.000 toneladas de una materia prima fundamental para las baterías. Desde los grupos ecologistas se denuncia que su reapertura supondrá la expropiación forzosa de tierras, incluidas 13.062 hectáreas en la sierra de Doade-Beariz, propiedad comunitaria. También se menciona un informe del IGME-CSIC que advierte de una posible contaminación de los acuíferos. Y de litio –que ahora llega de Chile, Australia y Estados Unidos– es la nueva mina en Cañaveral (Cáceres), propiedad de la compañía Lithium Iberica, que se extendería por lo que hoy es una dehesa. Es un proyecto que divide a los vecinos, entre los que creen que revitalizaría la comarca y quienes temen que afecte al acuífero.
En Extremadura también está la mina de Aguablanca (Badajoz), con una reserva de hasta tres millones de toneladas de níquel, el 30% que dice precisar la UE. La propietaria es Río Narcea Recursos, pero un 21% de las acciones pertenecen al grupo minero canadiense Denarius, dirigida por empresarios con un amplio historial de vulneraciones de derechos humanos en sus explotaciones de oro y petróleo en Colombia. En este recorrido, la última nos lleva a Castilla-La Mancha, a Abenójar (Ciudad Real), donde está localizado otro potente yacimiento de wolframio sobre el que la experta de Ecologistas en minería, Elena Solís, tiene muchas reticencias por la falta de transparencia de la empresa a la hora de informar sobre el origen del agua que precisarán, y sobre la fauna y flora afectadas.
“Este impulso europeo a seis minas les permitirá acelerar los informes ambientales porque podrán ser declarados proyectos de interés público, aunque estén muy cuestionados e incluso en áreas protegidas. En España, como no ocurre en otros sitios, se pone la impunidad en bandeja”, insiste Cristóbal López, recordando que es el país que más proyectos de extracción ha presentado, mientras que en países del entorno son más los de reciclaje. “Somos zona de sacrificio”, asegura.
Desde el IGME, la geóloga Esther Boixereu se muestra tajante al recordar que los minerales “son materias primas imprescindibles” si queremos hacer una transición energética y evitar emisiones de dióxido de carbono. “No podemos oponernos a todo antes de que ocurran catástrofes. Lo importante es que se hagan bien las cosas, obligando a hacer depósitos de fianzas y a restaurar a posteriori. Ahora hay una normativa estricta al respecto, no como en el pasado. Al final, no autoriza la UE, sino las delegaciones provinciales de minería”. “Ninguna mina es buena”, apunta, “pero las necesitamos y no se comunica bien esa realidad a la sociedad. Somos un país minero desde tiempos de los romanos y hay minas que hacen bien las cosas, aunque solo se dan a conocer las que lo hacen mal”.
Un caso positivo sería el de la mina Mittersill, en Salzburgo (Austria), de schelita (wolframio y calcio), primero mina a cielo abierto y, desde 1986, subterránea. Allí se utiliza una tecnología que reduce la cantidad de agua y combustible utilizados, además de eliminar los productos químicos y residuos del proceso minero.
No obstante, desde Amigas de la Tierra, Adriana Curro hace hincapié en que se está hablando del despliegue minero antes de evaluar los minerales que se precisan en el país: “Un estudio con la Universidad de Zaragoza estima que podemos reducir a la mitad la extracción minera si se fomenta el transporte público por encima del privado eléctrico, si se alarga la vida de la electrónica y se recicla. Además, dos de las minas a abrir son de wolframio, destinado a un rearme europeo que no apoyamos. Para que una mina no genere impacto ambiental ni social debería ser casi una ONG, porque su objetivo es maximizar el beneficio, no minimizar los daños”, añade. “Además, no podemos creer que por tener aquí minas se van a dejar de explotar en el Congo, porque seguirá aumentando la demanda en el sur global”.
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