Renovables: ‘buenas prácticas’ frente al horror de la ‘barra libre’
Avalancha de aerogeneradores.
La prueba tangible de que la expansión de las energías renovables en los territorios está generando tensiones importantes se lee cada día en las noticias. Las últimas dicen que en Aragón se levantan decenas de pueblos contra más de 900 proyectos en tramitación de parque eólicos y fotovoltaicos; en El Bierzo leonés se manifiestan contra tres parques de aerogeneradores sobre su sierra, que afectan a decenas de pueblos, y en el interior de Valencia lo hacen contra inmensas extensiones proyectadas para placas solares. La percepción de que ha habido ‘barra libre’ para las empresas energéticas está generando un fuerte rechazo hacia la transición a una economía descarbonizada, y por tanto, a contener el cambio climático, que desde algunas instancias se trata de frenar poniendo en valor ejemplos de proyectos que sí son positivos y responsables. Existen, aunque no dejan de ser minoritarios. Administraciones y empresas tienen un largo camino por recorrer y, como destacan algunas ONG, “se hace tarde”.
“Un pueblo junto al mío ha recibido ocho millones de euros por un parque eólico y tienen el dinero en el banco”, reconoce la alcaldesa de La Higueruela (Albacete), Isabel Martínez, que hace unos días asistía a la presentación de la “hoja de ruta” llamada Renovables en el territorio, una visión compartida. Se trata de un proyecto de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN), que preside Leire Pajín, para el que han reunido a representantes de la administración pública, central y local, empresas eléctricas, sociedad civil, sindicatos, científicos y agentes locales que, en varias sesiones, concretaron una serie de recomendaciones que deberían tenerse en cuenta para evitar conflictos como los que salpican todo el territorio nacional, incluidas ahora las costas, y que conllevan el riesgo de potenciar el negacionismo frente al problema de la contaminación por CO2, y el consecuente cambio climático.
Los consejos, divididos en cuatro grupos (biodiversidad y paisaje, empleo, gobernanza y desarrollo local) son variopintos. Van desde el desarrollo de herramientas estandarizadas para conocer mejor los impactos en la biodiversidad, hasta el asesoramiento a los municipios para que hagan un uso adecuado de los recursos que dejan las renovables en sus presupuestos, de forma que se favorezca a los vecinos y no pase como en el municipio vecino de La Higueruela, que no saben qué hacer con ese dinero, o lo que es peor, lo gasten en obras sin recorrido, como también ocurre.
Entre esos consejos se mencionan otras medidas, como restaurar humedales, crear barreras vegetales visuales, promover zonas para apicultura y se pone en relevancia la participación de los habitantes afectados en todo el proceso, no como un trámite, “sino teniendo su opinión en cuenta”. En definitiva, un listado que no suena a nuevo, pero que hasta ahora existe solo en casos emblemáticos que no sacan la cabeza en un mar de proyectos presentados sin estas consideraciones.
“Ahora muchos municipios se enteran por el Boletín Oficial correspondiente de que hay un proyecto en su tierra, o directamente se decreta que es una obra de interés general y se les expropia el terreno. Eso genera mucha tensión”, señalaba tras la presentación de la hoja de ruta Mario Rodríguez, de Ecodes, que también coordinó un trabajo similar de búsqueda de buenas prácticas que sirvieran de ejemplo.
La propia ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta, Teresa Ribera, reconocía los problemas. Recordó que la prioridad de considerar el “interés general” de las renovables por encima de otros factores, como es el impacto ambiental o social, tuvo un impulso en la UE cuando se decidió acelerar la transición energética al comenzar la guerra de Ucrania y quedar en evidencia la dependencia que había de Rusia. “Y en España se defiende mucho el autoconsumo o poner las placas en polígonos industriales, pero necesitamos instalaciones de gran tamaño para el cambio. Y no se trata de todo o nada, sobre todo en algunos lugares, porque el sol y el viento está donde está, pero sí hay dificultades a solventar para una transición responsable”, señaló.
Entre estos asuntos comentó la existencia de mapas de sensibilidad ambiental que indican dónde instalar o no estos proyectos, si bien desde Ecodes recordaban que son consultivos cuando deberían ser obligatorios: “Es más, en las primeras fases de algunos proyectos se sabe que no van a ser aprobados, que son especulativos, pero hay empresas que cogen una zona y no se les quita. En la primera oleada de renovables, no se tuvo en cuenta el impacto, pero es que en este segunda ya sabemos lo que pasa y debería repensarse y contar con medios para ello”, argumenta Rodríguez.
De hecho, Ribera reconoció también que las administraciones se han encontrado con este despliegue de proyectos renovables sin tener equipos suficientes para hacerlos frente y que falta formación, sobre todo a nivel local. Además, mencionó su interés en recopilar los resultados de las medidas ambientales que se han puesto en marcha en los últimos 30 años en numerosas instalaciones, “porque es información fundamental para ver lo que funciona”, del mismo modo que considera importante que “la perspectiva local esté en los planes de las empresas desde el primer día”. Asimismo, incidió en que hay que adaptar el mercado laboral, no repetir errores del pasado y no olvidar que el cambio climático también impacta en los ecosistemas. “No puede ser que el primero que llegue a una zona se la quede y solo se tengan en cuenta el precio, y no las variables ambientales”, insistió. “No es una cuestión de ingenieros o solvencia; requiere una implicación social y emocional más allá del algoritmo”.
La cuestión es por qué todo esto no se hace. “Hace unos meses aún se intentaban poner parques de renovables en zonas Red Natura. En eólicas, lo están más del 15% y de fotovoltaica, más del 25%. Como organización científica y conservacionista entendemos que necesitamos renovables, pero con el mínimo impacto ambiental y el máximo beneficio social, con diálogo en el territorio”, señalaba Asunción Ruiz, directora de SEO/BirdLife. Y es que hay redes de conexión eléctrica que provienen de la época de Franco; están en zonas que entonces no tenían protección, pero ahora sí, aunque no se han eliminado. “El IPCC y el IPHES ya han señalado que un parque de energías renovables mal instalado deja de cumplir su objetivo ambiental. Desde SEO/BirdLife hemos publicado y contribuido a mejorar los mapas elaborados por el ministerio hace unos años. A las zonas de alto valor natural, añadimos luego las de alto valor por especies y lo damos a conocer al ministerio, las comunidades autónomas y las empresas. Pero es que no se tata de decir dónde no pueden colocarse eólicos o placas, sino de especificar dónde sí se pueden poner. Nosotros hemos sacado mapas por zonas donde es compatible. Si hay rechazo social, al final tenemos una moratoria a un desarrollo que necesitamos. Y hace tiempo que se sabe lo que hay que hacer”.
Justo el día de la presentación se hacía público el proyecto de Real Decreto sobre la instalación de parques eólicos en la costa española, los llamados offshore, donde se han especificado las zonas sensibles para la migración de las aves o de los cetáceos, además de rutas de pesca o transporte, que deben estar exentas de aerogeneradores. Para 2030, España quiere contar con entre 1 y 3 gigavatios de eólica marina en 19 Zonas de Alto Potencial (ZAP) para estas instalaciones, unos 5.000 kilómetros cuadrados (0,46% de las aguas territoriales). También ahí la Plataforma de Defensa de la Pesca ha iniciado protestas por esa ocupación.
Como colofón, el caso de La Higueruela, un pueblo manchego de poco más de un millar de habitantes que en el año 2000 vio que instalaban 243 aerogeneradores en su monte, el mayor parque de Europa en aquel momento. “Ahora, tenemos unos 100 empleos relacionados con ellos, porque la gente joven empezó a formarse para trabajar ahí; los llamamos generación las molinetas porque se quedaron y crearon sus familias”, contaba la alcaldesa. “Para dar trabajo a las mujeres, con el dinero hicimos una residencia de ancianos, que es pública. También apoyamos servicios como el transporte, creamos un centro joven, ludoteca, etcétera. Desde entonces no hemos ganado población, pero no la hemos perdido como los pueblos de alrededor”.
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