Una pequeña isla desafía al gigante del turismo Airbnb, y gana
Viviendas en la isla francesa de Oléron. Foto: Rafael de Luis / CC:
Este mes de abril, la justicia francesa ha obligado a Airbnb a pagar 8,6 millones de euros a la isla de Oléron por no haber recaudado ni transferido a las arcas públicas la tasa turística (ecotasa) correspondiente a los años 2021 y 2022. Es la primera vez que una plataforma digital como Airbnb es condenada en Francia por no cumplir con sus obligaciones fiscales en relación con la tasa turística. Para la isla de Oléron, una comunidad atlántica de poco más de 22.000 habitantes que cada verano acoge hasta 2,5 millones de personas, esta sentencia es una victoria histórica porque obliga a los gigantes empresariales de la industria del turismo a reconocer que no están por encima de la ley.
Las plataformas como Airbnb están legalmente obligadas en Francia a cobrar la tasa turística a los viajeros en nombre de los propietarios, y luego transferir ese dinero al municipio correspondiente. De este modo, los propietarios se ven obligados a registrar oficialmente sus alquileres turísticos y esto permite tener control sobre el alquiler vacacional y limitar la saturación turística. Sin embargo, Airbnb permitía que los anuncios se publicaran sin verificar si cumplían con esos requisitos.
No se trata de un mero error o despiste. La isla de Oléron, con una población residente de poco más de 22.000 habitantes, ve cómo en cada temporada alta esta cifra se multiplica por 10 debido a la llegada masiva de turistas. Aproximadamente 2.900 propiedades, es decir, alrededor del 9,6% del total de viviendas en la isla, están disponibles para alquiler vacacional, en su mayoría a través de plataformas como Airbnb. Los turistas que alquilan estas viviendas deben pagar una ecotasa que en Oléron corresponde al 5,5% del precio de la estancia por cada persona y día, hasta un límite de 3,30 euros.
En solo dos años (2020 y 2021), el impago de la ecotasa por ese 9,6% de propiedades generó una deuda por parte de Airbnb por la que la Comunidad de Comunas de Oléron www.cdc-oleron.com (el equivalente a una mancomunidad de municipios en España, que son las que tienen competencias en turismo) llegó a reclamar en un primer momento más de 29 millones de euros. La cifra derivaba de un artículo del Código de las colectividades territoriales, que establece una multa máxima de 2.500 euros por cada infracción relacionada con la tasa de estancia. La comunidad identificó aproximadamente 12.000 estancias no declaradas o incorrectamente declaradas durante el periodo en cuestión, multiplicó el número de estancias por la multa máxima y obtuvo esa reclamación millonaria.
Se iniciaba así un proceso que ha durado tres años y que el abogado de la Comunidad de Comunas, Maître Bellaïche, recuerda agotador: “Liderar una batalla legal contra un gigante del turismo como AIRBNB ha sido sin duda difícil. El reconocimiento de los méritos de nuestra acción es una gran victoria”.
En 2021, ante la presión local para que las plataformas contribuyeran de manera justa a la economía local, la comunidad de comunas de Oléron empezó a revisar los datos de ocupación y alquileres que les proporcionaba Airbnb y las que figuraban en otras fuentes públicas y privadas, y encontraron que no coincidían. Ante sus reclamaciones, lo que encontraron las autoridades fue la resistencia de Airbnb. Que la plataforma no facilitara la comunicación, que evitara entregar datos y se amparara en su estatus de intermediaria digital para eludir responsabilidades levantó sospechas de una posible omisión deliberada.
Fue entonces cuando comenzaron a organizar auditorías internas. Algunos municipios empezaron a cruzar datos de los anuncios publicados en Airbnb con las declaraciones de tasa turística y confirmaron que había un desfase sistemático. Este análisis detallado llevó a las autoridades a iniciar acciones legales. Durante casi tres años, un grupo técnico y legal recopiló información, reconstruyó patrones de actividad turística, demostró ante los tribunales el volumen de ingresos no declarados y buscó el respaldo de otros municipios que también sufrían la falta de transparencia de las plataformas.
“No fue un pulso grandilocuente, fue una cuestión de rigor y de insistencia”, explican desde la Comunidad de Comunas. El desgaste fue real: trámites lentos, recursos judiciales y una sensación frecuente de estar enfrentándose a una estructura opaca, diseñada para no responder.
Considerando estos hechos «tanto más graves cuanto que la recaudación de la tasa turística representa una parte importante del presupuesto de la comunidad para financiar los gastos relacionados con la afluencia de turistas durante el período estival», los magistrados revisaron al alza las multas impuestas en primera instancia en 2023 y 2024 por el tribunal judicial de La Rochelle.
Vivienda típica de la isla francesa de Oléron. Foto: Rafael de Luis / CC:
En junio de 2023, el tribunal de La Rochelle había fallado a favor de Oléron, pero en lugar de aplicar el máximo legal, consideró que la multa solicitada era desproporcionada e impuso a Airbnb una multa de 30.000 euros. Sin embargo, la batalla legal continuó. En abril de 2024, el tribunal de La Rochelle condenó nuevamente a Airbnb, esta vez a pagar 1,3 millones de euros por incumplimientos en la recaudación de la tasa turística correspondiente a 2022.
La comunidad de comunas recurrió la sentencia y este pasado 8 abril el tribunal de apelación de Poitiers aumentó la indemnización a 8.654.500 euros, considerando que esta sanción era proporcional a la capacidad financiera de Airbnb. En sus motivos, el Tribunal de Apelación señaló, además: “La infracción de Airbnb es aún más grave teniendo en cuenta que la recaudación de la tasa turística representa una parte importante del presupuesto del CDCO para financiar los gastos relacionados con la afluencia de turistas durante el período estival”.
“Este dinero no es un castigo, es reparación”, ha declarado a los medios Michel Parent, presidente de la comunidad de municipios de Oléron, al conocer la sentencia. “Hemos demostrado que una pequeña isla puede hacer valer su voz frente a una multinacional. Las plataformas deben entender que no están por encima de la ley”.
Christophe Sueur, vicepresidente de Turismo, ha añadido: “La isla de Oléron es un destino turístico, pero eso no significa que sea la ley de la selva. Si queremos recibir a nuestros visitantes con dignidad y respetar a toda la profesión que busca desarrollar un turismo sostenible, debemos respetar ciertas normas. Nos hicimos oír, el tribunal condenó a la plataforma Airbnb, y es una satisfacción ver que aún vivimos en un Estado de Derecho”.
El innegable desequilibrio de poder puesto en juego hace que los habitantes de esta isla consideren esta sentencia como una victoria que trasciende las fronteras. “La historia recordará que una pequeña isla atlántica obligó al gigante estadounidense del turismo digital a doblegarse. ¡Un símbolo poderoso y, espero, un ejemplo para los demás!”, ha declarado Michel Parent, presidente de la Comunidad de Comunas de la isla de Oléron.
Este fallo sienta un precedente importante. Para empezar, la isla de Oléron ha iniciado acciones legales por la misma razón contra otras dos plataformas, Booking.com y Leboncoin. Además sirve de inspiración a otras localidades en las que existe algún tipo de tasa turística obligatoria, pues refuerza el derecho de las autoridades locales a exigir transparencia y cumplimiento fiscal a grandes plataformas digitales como Airbnb, que muchas veces operan sin adaptarse a las normativas locales. De este modo, se abre la puerta a demandas similares: Lugares con fuerte actividad turística –como Mallorca, Lisboa, Ciudad de México o regiones del Caribe– podrían apoyarse en este precedente para reclamar tasas no pagadas, exigir datos o imponer regulaciones más estrictas.
Con la temporada alta en ciernes, las partes implicadas en el fenómeno de la turistificación vuelven a poner el foco sobre la ecotasa y plantear cómo y dónde se invierte la recaudada por una herramienta como ésta, creada para compensar el impacto del turismo en entornos naturales y urbanos.
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