Y la necesaria nueva Ley del Patrimonio histórico español ¿para cuándo?
Plaza de España en Sevilla. Foto: PXhere.
Casi 40 años sin actualizar y solo complementada a base de parches dan como resultado una Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español escandalosamente insuficiente para proporcionar el paraguas normativo que necesita nuestro extraordinario acervo cultural. Su redacción resulta hoy demasiado genérica y demanda una completa reescritura que adapte su contenido a lo que hemos evolucionado e innovado, incluyendo asuntos que hace 40 años ni existían ni se imaginaban… Y el Ministerio de Cultura lo retrasa y retrasa…
El 22 de enero, Ernest Urtasun se presentaba como ministro de Cultura en el Congreso de los Diputados y declaraba que uno de sus propósitos para esta legislatura era aprobar una nueva Ley del Patrimonio Histórico Español. Han pasado casi nueve meses desde aquel día y no hemos vuelto a saber nada del tema. Démosle tiempo, dirán algunos, pero ya se lo dimos a Miquel Iceta, a José Manuel Rodríguez Uribes (quien publicó en junio de 2021 un anteproyecto de ley que no llegó a buen puerto), a José Guirao….
Los motivos serán múltiples, las prioridades han sido otras (estatuto del artista, plan de derechos culturales…). Además, el contexto de polarización política e intento de manipulación de la historia (eufemísticas leyes de concordia con el único propósito de acabar con las de memoria democrática) está en momento álgido… El resultado es el que es.
España, uno de los países con mayor reconocimiento por parte de la UNESCO –50 localizaciones catalogadas como patrimonio histórico de la Humanidad y 25 muestras de patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad–, está falto de una normativa con la que gestionar y proteger de manera ágil e integrada su patrimonio histórico, considerando tanto su preservación como la finalidad pública de su sostenibilidad. Necesitamos una Ley del Patrimonio Histórico que vehicule que todos los ciudadanos conozcamos de la mejor y más completa manera posible el devenir de nuestra nación y de cuantos le han dado forma desde el principio de los tiempos.
De la Constitución a 1985 y hasta hoy
En 1978, nuestro país sentó las bases sobre las que construir su historia moderna con la aprobación de una Constitución que miraba al futuro estableciendo un punto y aparte con un pasado reciente de horror y tergiversación.
La cultura se erigió como un baluarte con gran simbolismo para esa misión. En su preámbulo, el texto constitucional señaló dos importantes objetivos respecto a la cultura: su protección (“proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”) y su promoción (“promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”).
Intenciones concretadas en el ámbito patrimonial en artículos como el 46 (“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”), que no se convertiría en ley, el verdadero marco para una actuación pública y privada con calado técnico y proyección política y social, hasta el 25 de junio de 1985.
Ha llovido mucho desde entonces, tanto que la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español es ya arqueología legislativa. Su redacción resulta hoy demasiado genérica y demanda una completa reescritura que adapte su contenido a lo que hemos evolucionado e innovado, incluyendo asuntos que hace 40 años ni existían ni se imaginaban.
Se han puesto parches aquí y allá, con leyes sobre aspectos concretos como el cine (la Ley del cine data de 2007, y actualmente está en fase de proyecto su actualización para, a su vez, incluir la cultura audiovisual) o el patrimonio cultural inmaterial (Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de 2015). O se han actualizado artículos como el 68, aumentando del 1% al 2% el porcentaje del presupuesto de toda obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, destinado “a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato entorno”.
Paisaje cultural, patrimonio industrial, videojuegos, IA
Pero falta una norma paraguas que desarrolle e integre, dando la relevancia que merecen, manifestaciones culturales y patrimoniales apenas bocetadas en su actual articulado como las mencionadas, o ignoradas como la del paisaje cultural o el patrimonio industrial.
Un capítulo importante habrá de ser todo lo relativo a lo digital, con materializaciones como los videojuegos (ir más allá de su depósito legal, regulado en 2022, tarea que ya ejercía con anterioridad la Biblioteca Nacional interpretando favorablemente la legislación anterior), las posibilidades de preservación que permite la digitalización (la Ley de archivos data de 2011) y de divulgación con el acceso universal que facilita Internet. Sin olvidar el actual y omnipresente tema de la inteligencia artificial –no basta con la guía de buenas prácticas relativas a su uso anunciada el 19 de febrero–, y dar mayor relevancia a un asunto clave como es la propiedad intelectual.
Casco histórico de Cáceres. Foto: Lorenmart / CC.
Uno de los males de nuestro estado es la maraña normativa resultado de situaciones de falta de voluntad política como esta, por lo que la redacción de la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español ha de ser afrontada también como una oportunidad con la que establecer un criterio que aúne las variadas regulaciones sobre patrimonio histórico de las CC.AA., con amplias competencias en cultura por mandato del artículo 148 de la Constitución y posterior concreción en sus estatutos de autonomía. Entes a los que reconocer que han sabido liderar la protección del patrimonio histórico ante la insuficiente actuación de la Administración General del Estado. He ahí la Ley del Patrimonio Cultural de Navarra de 2005 o la Ley del Patrimonio Cultural Vasco de 2019.
La norma foral, por ejemplo, ya contempló un enfoque integral incluyendo todas las manifestaciones del patrimonio cultural (bienes muebles, inmuebles, inmateriales –y los paisajísticos como parte de estos–) y la participación ciudadana. La aprobada en Vitoria, por su parte, establecía mecanismos de gestión compartida con todos los ámbitos de la administración regional y local, así como con la sociedad civil (fundamental, sobre todo, en cuanto tiene que ver con el patrimonio inmaterial). Súmese a esta proactividad, cómo han materializado posteriormente esos compromisos, basta comparar la usabilidad de la web del sistema de información del patrimonio cultural vasco con la de los bienes culturales protegidos del Ministerio de Cultura.
Patrimonio histórico para el futuro
Para ser verdaderamente integral, la futura y nueva Ley del Patrimonio Histórico Español habrá de incluir la interacción con ámbitos fundamentales como la educación con el fin de que las menciones a “conocer, valorar y respetar” el patrimonio artístico y cultural, “promover la conservación del patrimonio artístico” o a actuar como “agentes de creación y reflexión cultural, así como de protección, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural” de la Ley Orgánica de Educación (modificada en 2020), la Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores (2024) y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (2023) se conviertan en contenidos curriculares sobre el valor del patrimonio en cada etapa formativa y en recorridos para la capacitación de futuros profesionales dedicados a su estudio, preservación y divulgación.
Otro tanto habría de hacerse con otros espacios de la acción pública como la investigación científica y tecnológica, las políticas sociales (instrumento con el que ofrecer oportunidades a todo tipo de colectivos), el desarrollo regional (medio con el que tejer políticas de dinamización económica que no se limiten a la cultura como recurso turístico y evitar que sea maniobrado para fomentar la especulación inmobiliaria), las relaciones exteriores (en coordinación con el Ministerio de AA.EE., Unión Europea y Cooperación) o el mecenazgo (donde estamos desfasados, con una ley de 2002 apenas retocada vía real decreto a finales del pasado año).
Instituto del Patrimonio Histórico Español en Madrid. Foto: Luis García.
Integración y liderazgo internacional
El nuevo preámbulo de la Ley del Patrimonio Histórico Español debiera mencionar las convenciones, convenios y acuerdos internacionales firmados por España en esta materia. Como los de protección del patrimonio cultural subacuático (2001) o de protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005) de la UNESCO. O de aquellas coordenadas en las que queremos jugar un papel protagonista, como es Iberoamérica, y donde se cuenta desde 2006 con el referente de su Carta Cultural en la que esta faceta de la vida y la convivencia es considerada como un elemento fundamental “de dignificación de los ciudadanos y de diálogo entre los pueblos”.
Por último, y no menos importante, debiera integrar directivas europeas como la de exportación de bienes culturales de 2014 (ampliando la protección de todo bien cultural de un estado miembro al conjunto de la Unión) o resoluciones como la de 2015 (“Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo”) que destaca el papel del patrimonio cultural “como herramienta educativa para abordar los problemas de la sociedad y acercar más a las personas”, con la que “lograr un diálogo cultural y una comprensión mutua” en el ámbito europeo (y por extensión con cualquier otro pueblo o nación del planeta) y con un importante papel en el crecimiento económico y el empleo. Fines apuntados también en el documento final de la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas celebrada los pasados 22 y 23 de septiembre en Nueva York.
Como conclusión, el Ministerio de Cultura ha de materializar la necesidad que tiene el patrimonio histórico español de una norma sencilla y unificadora, a la par que holística, con la que dar respuesta completa a sus casuísticas materiales, así como cobertura a cuantos requisitos respecto a su uso, conocimiento y disfrute tengamos la sociedad, actual y futura, desde múltiples planos.
En tiempos en que se vuelve a intentar adulterar la cultura por determinadas opciones políticas, la salvaguarda y protección de nuestro patrimonio debiera ser prioritaria. La actual legislatura ya ha consumido más de un año; señor Urtasun, comenzamos a ir apurados si queremos resultados reales, no solo discursos, en el medio plazo. Después, habrá que dar cuentas sobre los recursos dedicados y los resultados conseguidos, pero comencemos por el principio. ¿Para cuándo la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español?
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