Bernardo Caal, 50 meses en la cárcel por defender un río
El líder q’eqchí Bernardo Caal. Foto: © Pedro Armestre
No hay como pasear un domingo por el centro de una gran ciudad como Madrid con un líder indígena que nunca antes conoció un lugar así para comprender el abismo que separa ambos mundos. “¿Pero dónde va tanta gente con tantas bolsas?”. La pregunta del líder q’eqchí Bernardo Caal, recién llegado de Guatemala, era el reflejo de su perplejidad ante ese mundo urbano y occidental que forma parte del escenario en el que nos movemos, tan ajeno a su realidad cotidiana. Bernardo ha pasado cuatro años y tres meses encarcelado en su país por defender los ríos de grandes hidroeléctricas (una de ellas construida por el grupo español ACS). Nos ha contado su historia.
Bernardo Caal ha cruzado el Atlántico para contar una historia que es la de tantos otros líderes y lideresas que, debido al afán del Norte global por acaparar los recursos naturales que adivina tras las bolsas, acaban criminalizados, amenazados de por vida o asesinados.
Bernardo Caal es uno de ellos. Maestro de profesión, como recordaba recientemente en su visita a España este otoño, fue condenado a una pena de más de siete años de cárcel que pudo redimir dando clases en la prisión, acusado de unos delitos de robo y retención ilegal cuyas pruebas eran tan endebles que no se sostenían. El juez se basó exclusivamente en las declaraciones de tres trabajadores de la empresa que él denunciaba por apropiarse de tierras indígenas para construir una hidroeléctrica sobre un gran río de su país, el río Cahabón, de los más importantes en Centroamérica.
Las declaraciones de decenas de q’eqchís no se tuvieron en cuenta. “He venido a darles las gracias por su apoyo en esos cuatro años”, dijo, emocionado, en el evento organizado en Madrid por Alianza por la Solidaridad, la ONG con la que colaboró para investigar casos de empresas españolas que, como ACS, hacen negocio al margen de los derechos de los pueblos indígenas. “La visibilidad mundial que dieron a mi caso me ha ayudado mucho”, explicaba ante un público absorto en sus palabras.
Cuando habla, Bernardo insiste en que nunca perdió el ánimo pese a estar en una prisión donde había que pelear por un hueco para un colchón y la vida valía muy poco. Su pueblo q’eqchí, apenas 60 años después de quitarse de encima a la Corona española en 1820, cayó en manos de empresarios alemanes que se hicieron con sus tierras y les esclavizaron para el cultivo de cafetales. “Las secuelas de aquello aún continúan y mucha gente de mi edad no sabe leer ni escribir, algo que conviene al Estado porque así se aprovecha para comprar voluntades y manipularles, de modo que cuando llegan las empresas se divide a las comunidades y la violencia aumenta. Sabía que eso iba a ocurrir, pero lo que no esperaba era la reacción de las empresas”, señala.
Su implicación en la defensa de los derechos de su pueblo comenzó a raíz de la llegada de hidroeléctricas para generar una energía a costa del Cahabón, que no podría ser útil para el desarrollo de las comunidades indígenas de la zona, en Alta Verazpaz, porque no están electrificadas, ni había planes de hacerlo. Son dos grandes obras de la empresa OXEC y cuatro de Renace, las construidas por ACS. El río, a cuyas orillas viven unas 30.000 personas, ya se adivinaba que quedaría colapsado, sin agua, en lugares donde la hay canalizada. “Pusimos un recurso y se suspendieron las obras de Oxec, lo que afectaba también a las otras, así que las empresas se unieron y comenzaron a presionar a los jueces y una campaña de difamación en mi contra. Ya me habían quitado el puesto de trabajo al ver la organización en las comunidades, pero con esa campaña salía mi imagen en los medios, acusándome de criminal. Me preocupé cuando sacaron fotos de mi casa familiar, donde viven mis hijas”.
Fue entonces, asustado, cuando decidió dejar su hogar y esconderse, no sin denunciar el acoso. El Estado le acusó entonces de estafa, decían que por cobrar indebidamente como maestro, lo que valió para emitir una orden de captura en su contra. El 30 de enero de 2018, con toda la documentación para rebatir esa denuncia, se presentó en el juzgado. Cuando la policía le capturó, se enteró de que estaba acusado de otro delito, un robo de herramientas y retención ilegal de unos trabajadores de la empresa Oxec durante una jornada de protesta contra la hidroeléctrica en su tierra q’eqchí. “A los siete días era la audiencia y como eran acusaciones falsas, pensé que me iría a casa enseguida. Pero el juez dijo al fiscal que se necesitaban más pruebas, que las buscaran, y me mandó de vuelta a la prisión, en Cobán, otros tres meses. Al final, me condenaron a siete años y cuatro meses, de los que me he pasado cuatro años en ese lugar”.
Pese a las duras condiciones de la cárcel guatemalteca, mal alimentado, hacinado, lejos de la ciudad donde estaba su familia, Bernardo no se rindió. Al poco de entrar, comenzó a escribir cartas manuscritas que hacía llegar a sus redes sociales a través de visitas de conocidos para que la lucha de su pueblo no cejara, a la vez que visibilizaba su situación. Si querían callarle, no lo iba a poner fácil. En 2021, Amnistía Internacional le consideró como uno de sus presos de conciencia, aumentando la presión fuera de Guatemala por su puesta en libertad. “El día que salí de la prisión, el 22 de marzo de 2022, no lo creía; de hecho, al principio me negaba a dejar mi hueco en la celda, que compartía con 185 personas y que me había costado conseguir”, recuerda.
Había aguantado cuatro años, escribiendo al mundo, denunciando las vulneraciones de derechos en su país con su letra clara, a bolígrafo, su particular Facebook. “Al salir he podido recuperar la vida y la salud, pero lo que no puedo tener ya es el crecimiento de mis hijas. Las dejé chiquitas y al salir eran grandes. Eso es doloroso. Pero hay que seguir peleando contra las injusticias, la corrupción”. Su voz de nuevo se quiebra cuando habla de sus mujeres, que en las visitas a prisión le insistían en que no dejara de luchar. “Mi madre me decía que por amor a nuestros ríos debía aguantar la presión. Y mi esposa empezó a luchar por mí. Ambas me apoyaron siempre. Son mi fortaleza”.
Y ahí sigue. Ahora, pese a la crisis en Guatemala –donde el Gobierno actual se niega a entregar el poder al presidente electo, acusándole de irregularidades judicialmente– se siente “contento” , de forma agridulce, porque ve que la población se levanta contra las injusticias. “En mis cartas siempre señalé que para cambiar el país había que ir a votar y salir a las calles a manifestarse para tomar conciencia de lo que pasa y es algo que está pasando. Es una pena que a quienes se las iba dando no las conservaran tras publicarlas y que se hayan perdido”.
Fue un domingo cuando llegó a España; salimos de paseo por Madrid. Quería ver la Puerta de Alcalá, que conoce por la canción de Ana Belén, pero aún estaba cubierta de lonas por la restauración. Tanta gente, tanta tienda abierta un festivo le resultaba llamativo. Tras verle por última vez en agosto de 2018, en la sala de audiencias de Cobán, esposado, con la mirada triste, es reconfortante sentirle libre, aquí, al otro lado del océano. Me cuenta que la vida en libertad tampoco es fácil, porque no ha podido recuperar su trabajo de maestro. Afortunadamente, algunas asociaciones y ONG le contratan de vez en cuando para dar formaciones en derechos humanos en las comunidades indígenas y así puede sacar adelante a su familia. Además, aún le amenazan con causas judiciales pendientes.
Amnistía Internacional y Alianza por la Solidaridad han logrado traerle a España como un caso emblemático de unas persecuciones que van a más: en 2017, según la organización UDEFEGUA , hubo 13 asesinatos y 493 ataques a defensores de derechos en Guatemala; en 2020 los ataques fueron 1.055 y 15 los asesinatos; y en 2021, 1.002 agresiones y 11 crímenes mortales. La mayoría son a defensores del territorio frente a la minería, monocultivos, hidroeléctricas…
Y las empresas europeas, y también españolas, no son ajenas a ello. “Por ello vamos a seguir insistiendo en que salga adelante una ley de empresas responsables que las obligue a cumplir con los derechos humanos y ambientales”, nos explica Almudena Moreno, de Alianza, “una legislación que no salió la pasada legislatura, mientras también se dan largas a una directiva europea, pero casos como el de Bernardo Caal van en aumento a medida que crece la presión sobre los recursos naturales y hay que ponerlos freno”.
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