“No, no quiero cambiar de televisor, prefiero repararlo”

“No, no quiero cambiar de televisor, prefiero repararlo”

Varias normativas se han puesto en marcha en las últimas semanas para defender la reparación de los electrodomésticos. Foto: Pixabay.

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“Total, para lo que te va a costar la reparación, lo mejor es que te compres uno nuevo”. Entre marzo y abril han entrado en vigor varias normativas europeas y española que pretenden romper este tópico y evitar con ello que acaben como residuos aparatos eléctricos y electrónicos a los que se les puede alargar su vida útil. Sin embargo, no incluyen a los teléfonos móviles, las ‘estrellas’ de la obsolescencia prematura o programada. A la legislación mencionada se une un ‘índice de reparabilidad’ en el que trabaja el Ministerio de Consumo y que informaría sobre qué aparatos permiten esa ‘alargascencia’ (mejor puntuados) frente a los de la obsolescencia (con menor puntuación).

No es la primera vez que hablamos en esta sección de la R de Reparar como elemento crucial de la gestión sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). En 2018, con motivo de un nuevo estudio que reflejaba el despropósito del usar y tirar teléfonos móviles,  ya señalábamos las alternativas más sostenibles para recuperar estos y otros aparatos, como los repair café, el portal Alargascencia de Amigos de la Tierra o la iniciativa Millor que nou del Área Metropolitana de Barcelona. Un año después incidíamos en un mandato de la legislación al efecto en España: “Los productores diseñarán y fabricarán los aparatos facilitando su reutilización, reparación y reciclabilidad”.

En ambos reportajes vimos que la obsolescencia programada, o en el mejor de los casos prematura, era un hecho, y que costaba mucho reparar determinados aparatos, cuando no imposible. Marta Pérez, directora general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), afirma: “El 40% de los consumidores afectados ni siquiera intenta que se lo reparen, incluso durante la garantía, aunque tengan derecho a ello. Muchas veces es imposible encontrar un sitio donde lo arreglen, o es muy caro, o el plazo de entrega es larguísimo, o no hay piezas… Y es demasiado complicado hacerlo uno mismo”.

¿Han cambiado las cosas desde entonces? Deberían estar cambiando, o al menos dar los primeros pasos en este sentido desde el pasado 1 de marzo. A partir de esta fecha han entrado en vigor diez reglamentos sobre ecodiseño que afectan especialmente a varios electrodomésticos cotidianos: frigoríficos, pantallas de todo tipo, lavavajillas, lavadoras y secadoras. Una de las primeras críticas que han recibido estas normativas por parte del movimiento Right to Repair en Europa y la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (Aeress) en España es la no inclusión de las estrellas de la obsolescencia prematura: móviles, ordenadores y tabletas. La Comisión Europea afirma trabajar en ello, pero ambas asociaciones consideran que, hasta que llegue, sin dichos aparatos queda muy limitado el “derecho a reparar”.

Buen punto de partida para el derecho a reparar, pero insuficiente

Con el fin de promover la fácil reparación de los aparatos sí concernidos por la normativa europea, y así aumentar su vida útil, los reglamentos incluyen las siguientes medidas: Las piezas de repuesto estarán disponibles siete años como mínimo para los frigoríficos (diez años en el caso de las juntas de las puertas), diez años para lavadoras, lavavajillas y secadoras, y siete años para algunas piezas cuyo acceso puede estar restringido a reparadores profesionales. Además, durante ese período el fabricante garantizará la entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días hábiles (piezas que se podrán reemplazar con el uso de herramientas cotidianas) y la disponibilidad de información de reparación y mantenimiento.

Right to Repair y Aeress consideran la entrada en vigor de los reglamentos como un paso importante, pero vuelven a incidir en sus carencias, incluido el plazo de los 15 días para entregar las piezas de repuesto, considerado por la primera asociación como “extremadamente largo para alguien con una lavadora o un frigorífico roto, lo que podría incitar a preferir el reemplazo a la reparación”. José Manuel Portas, coordinador de Aeress, señala: “En el caso de la disponibilidad de piezas, hay una serie de unidades al alcance de cualquier consumidor, pero otras están restringidas a reparadores profesionales. Se trata de una figura regulada a la que se exige una competencia técnica, compromiso de cumplir con los requisitos legales de aplicación y una cobertura de seguro de las responsabilidades derivadas de su actividad”.

Portas destaca igualmente un aspecto muy relevante: la viabilidad económica. “El precio del componente de recambio tiene que ser competitivo y ajustado”, explica, “dado que si el producto nuevo tiene un precio parecido se contribuye a la sustitución y no a la reparación. Hay que establecer unos criterios para limitar el precio de mercado de las partes y componentes, fomentando así la reparación también desde el punto de vista económico”. Y concluye Portas: “Tampoco se contemplan medidas de soporte de software y actualización a lo largo de la vida útil de los productos, muy relevante en los electrodomésticos porque cada vez están más conectados a Internet”.

El Parlamento Europeo también pide más

A finales del pasado año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre un mercado único más sostenible que iba más allá de unos reglamentos que, aunque han entrado en vigor en marzo de 2021, llevaban aprobados desde octubre de 2019. Los eurodiputados piden a la Comisión Europea (CE) que dote a los consumidores de un “derecho a la reparación” para que estas “sean más atractivas, sistemáticas y rentables mediante la ampliación de las garantías, ofreciendo garantías para las piezas de recambio o mejorando el acceso a la información sobre la reparación y el mantenimiento”.

Algo se ha avanzado por ejemplo en España. El 27 de abril el Consejo de Ministros aprobó un real decreto que transpone varias directivas europeas, entre ellas la relativa a los contratos de compra-venta de bienes. En ella se establece que el productor “garantizará la existencia de un adecuado servicio técnico, así como repuestos durante un plazo mínimo de diez años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse”. Además, “queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones”. Para Amigos de la Tierra es un buen paso para alargar la vida útil de los productos, pero reclaman más ambición: “La ley debe prohibir la puesta en el mercado de productos que no sean reparables, reutilizables o fácilmente reciclables y promover la economía colaborativa y de funcionalidad destinada al alquiler, préstamo o trueque de productos, una medida que además contribuiría a la creación de empleo sostenible y solidario”.

En su resolución, el Parlamento Europeo también pide más apoyo a los mercados de bienes de segunda mano y medidas para poner fin a las prácticas que reducen la vida útil de un producto. Entre ellas está la necesidad de un cargador único para reducir los residuos electrónicos y reclaman “el etiquetado de los productos y servicios en función de su durabilidad; por ejemplo, por medio de un contador de uso e información clara sobre la duración estimada de la vida útil de un producto”.

 De 0 a 10, ¿cuál es el electrodoméstico que mejor se puede reparar?

Parte de este mensaje lo ha recogido el “índice de reparabilidad” que prepara el Ministerio de Consumo. Se trata, según explican desde el Gobierno, de «una clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos en una escala de 0 a 10 puntos que se otorgan en base a cinco criterios objetivos: la documentación proporcionada por el fabricante para la reparación, la facilidad para desmontar el producto, la disponibilidad de piezas de repuesto, la relación entre el precio de las piezas de repuesto y del producto original, y otros criterios específicos en función de la categoría de cada aparato (asistencia y facilidad en el reinicio de software)”.

Se desconoce hasta el momento cuándo estará disponible este índice y en qué aparatos. El único país de la Unión Europea que ha implantado una medida similar es Francia, que comenzó a aplicarla este pasado 1 de enero a lavadoras, ordenadores portátiles, teléfonos móviles, televisores y cortacéspedes. Dispone de una página web  en la que se accede a los productos analizados y la puntuación que tienen, una referencia que de momento sirve para guiarse en la compra de algún aparato incluido en las cinco categorías.

Marta Pérez, de FECE, añade que hay países que han implantado otras medidas: “Austria cree también que la reparabilidad es buena para el país y realiza acciones reales para apoyarla, como bajar el IVA al 10% en estos servicios e incluso emitir un bono para el consumidor por el 50% del coste de la reparación”.

Cualquier medida es bienvenida, sobre todo porque la ciudadanía europea lo pide. Según una encuesta del Eurobarómetro, el 77% de los ciudadanos de la UE preferiría arreglar sus dispositivos en vez de sustituirlos y el 79% considera que debería exigirse legalmente a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos digitales o la sustitución de sus componentes.

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