Democracia y Sostenibilidad: tarea siempre inacabada

Recuerdo haber leído un artículo de la revista ‘Ecologistas en Acción’ de hace ya casi 15 años, núm. 52,  en el que se preguntaba si democracia era una condición indispensable para la sostenibilidad. El escrito partía de una consideración importante: si la democracia es participativa y colaborativa, puede ser un buen escenario, público como condición, para desarrollar sostenibilidad.

Imaginemos por un momento que la sostenibilidad se percibe dentro de un interés común y generalizado; no puede ser de otra manera, pues así se asegura la continuidad integral de los ecosistemas de los que depende la vida humana y todas. Desde entonces he releído más de una vez lo que allí se decía. Allí avisaba de que habíamos de estar vigilantes para no empeñarnos en la democracia como proceso y la sostenibilidad como producto; indisolubles son en sus recorridos.

Al releer el texto para redactar este artículo me hago preguntas que han de ser debatidas y respondidas para construir alianza entre democracia y sostenibilidad; eso sí, todo para una transición justa, elevada a la categoría de ética aplicada. Así pues, cabe pensar si:

1.Democracia y sostenibilidad son idealizaciones de la vida colectiva. En este caso deben entenderse como un proceso. Cuando se adoptaron los ODS, va ya para años, se entendieron como algo cerrado. ¿Por qué? A casi nadie que intente enlazar ambas estrategias de vida se le escapa que una y otra se mueven en el teatro de las decisiones políticas, y estas pueden ser equivocadas o demostrarse inadecuadas en su aplicación.

2.Entendemos la democracia como garantía de poder cambiar el rumbo social en positivo. Enseguida vemos que existe un nexo de unión entre sostenibilidad y democracia. En realidad los problemas socioambientales son políticos.

3.La complejidad está presente en ambos ámbitos por separado, mucho más en su conjunto. Será por eso que hay que buscar el buen manejo de las problemáticas socioambientales. A veces, pongamos como ejemplo el cambio climático, aun existiendo un conocimiento científico contrastado, la intersección entre democracia y sostenibilidad se puede dilatar en el tiempo. Si así sucede, se dificulta la posibilidad de identificar sus constantes y ajustar sus variables.

4.La sucesión del tiempo político y los tiempos socio-ecológicos pueden ser dispares, también en varias de sus repercusiones. Así pues, se debe configurar una democracia socio-ambiental, que no será inmediata, que trate de buscar soluciones a problemas ambientales desde los valores sociales. Pero no solo, pues el planeta Tierra es algo más: una interacción con el resto de los seres vivos, a los cuales –tenedores de derechos propios- hay que mirar de otra forma; es más, hay que evitar que muchos desaparezcan. También se debe mirar el horizonte de las personas que no han nacido todavía.

5.La acción colectiva ha de incrementar “creencia” ecológica consensuada. Demasiados sectores sociales, no solo los negacionistas, sienten pavor cuando se menciona lo ecológico. Vale más dialogar sobre la base de que ni la democracia antecede a la recuperación del medioambiente ni la naturaleza es un lugar idealizado, único ámbito exportador de valores. Si ponemos en cuestión lo anterior, veremos que la democracia ecológica es la mejor respuesta a la fragilidad social. Que, por tanto, es obligada para reconducir la actual crisis ambiental. Pero todo dentro de un proceso deliberativo que no se quede en los adornos exteriores –algunos explotados por intereses comerciales- del desarrollo sostenible y la acción participativa orientada solo desde arriba.

Ante todo lo expuesto me reafirmo todavía más en que la democracia debe colocarse a la vanguardia de la sostenibilidad, interactuando con su esencia. Todo esto me lleva a pensar en los indicadores que el WRI (Wordl Research Institute) aporta sobre el IDA (Índice de Democracia Ambiental). Intento entender sus finalidades: evaluar con amplitud la democracia ambiental, comparar los valores con los que proporciona el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), ver si tienen evidencia práctica, evaluar las leyes en su desarrollo y acción, seguir los avances en el tiempo, localizarlos en las democracias occidentales. Habrá que leer despacio aquel compendio de casos que nos proporcionaba el Observatorio de Políticas Ambientales 2019, que coordinó nuestro amigo de Ecodes Fernando López Ramón, para encontrar las señales de democracia aplicada en este empeño multidimensional.

Insistimos: se trata de permeabilizar de forma creciente la democracia participativa y la sostenibilidad ambiental. Lo primero fue ampliamente recogido en el Convenio de Aarhus, que suponía que los derechos ambientales se hacían realidad para la ciudadanía en general. Fue celebrado en su día como un importante avance tanto para el medioambiente como para la democracia. Mejoraba los derechos del público a participar en la elaboración y en la aplicación de la política ambiental. Este Convenio decía que iba a traer una mayor estabilidad social. A partir de su ratificación, las personas tendrían la certeza/esperanza de que iban a ser consultadas por los Estados. Todos los ciudadanos y ciudadanas se sentirían partícipes de los procesos democráticos. Era el año 1998 y ya se veía como una necesidad urgente, no un lujo, la protección del medioambiente. Se decía en su justificación de motivos que era tan importante para los gobiernos como para los ciudadanos y ciudadanas y para las organizaciones socio-ambientales no gubernamentales.

Han pasado 25 años y aquí estamos: reclamando que la democracia y la sostenibilidad vayan unidas en algo tan fuerte como puede ser la justicia ambiental. No estamos hablando de una maniobra más. El Convenio de Aaarhus declaraba textualmente que los países firmantes, España entre ellos, se comprometían a:

Poner a disposición del público los archivos del Gobierno que contengan información relacionada con el medio ambiente.

Establecer cauces de participación de la sociedad en la toma de decisiones administrativas, y asegurar que los procesos de decisión sean transparentes.

Permitir que toda persona pueda llevar a una autoridad o a una empresa a los tribunales por incumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Por razones diversas, por las noticias que nos llegan de todo, vemos que crecen los extremismos, nada democráticos. Puede que sean expresiones de malestar por diversas razones, desigualdades, desafección política, no sentirse cómodos con el momento que hemos construido, o por una felicidad imaginada particularmente que no llega. En este momento es más importante tender puentes, nexos, entre democracia y sostenibilidad. Servirá para intentarlo el artículo El ecologismo ilustrado  de Manuel Arias Maldonado, publicado hace un año en Ethic.

Sobre el autor

Carmelo Marcén Albero

Carmelo Marcén Albero es maestro y doctor en Geografía. Tras su jubilación como profesor escribe sobre los pulsos de la vida ecosocial en www.ecosdeceltiberia.es y en el blog La Cima 2030 de 20minutos.es. Reflexiona sobre educación ambiental en Ecoescuela abierta de El Diario de la Educación.

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