El enorme reto empresarial de reciclar millones de envases

Foto: Pixabay.

La cantidad de envases que genera el ser humano, cuyos residuos mal gestionados se encuentran en cada lugar donde mira la ciencia, sean las nubes, la placenta, las zonas abisales o la leche materna, es incontestable. Para ponerlo coto, tanto la Unión Europea como el Gobierno han aprobado normativas, similares pero diferentes, cuya puesta en marcha está teniendo una acogida polémica por parte del sector industrial que deberá cambiar su ‘modus operandi’. Inseguridad jurídica, problemas con el etiquetado, daños a la competitividad o dudas sobre el retorno de envases son algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa en una jornada organizada por la patronal CEOE con varios de los sectores implicados, que dejó claro por dónde van sus quejas, dentro del reconocimiento general de que hay que atajar el problema.

Las últimas noticias son alambicadas. El sistema de retorno diseñado en España consiste en pagar 10 céntimos al comprar latas, botellas de plástico de hasta tres litros y briks, y recuperar ese dinero cuando se devuelven los envases a un establecimiento de la red. Debería estar en marcha en noviembre próximo a más tardar, pero mientras hace un par de semana Portugal iniciaba el camino (y negocios españoles lo han implantado allí), aquí no se avanza. Las cuatro organizaciones que se han postulado para la gestión de este sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) tienen sede en Madrid y recientemente se ha sabido que el Gobierno de esta comunidad tiene parada la autorización aludiendo a una inseguridad jurídica en la ley estatal de 2022, como informó Público, situación que, sin embargo, se niega desde el Ministerio de Transición Ecológica. 

De lo que no hay duda es de que llenamos el planeta de basura: solo cada europeo genera al año 180 kilos, 21 más que en 2013 y, de ellos, el 40% son plásticos. En el caso de España, el 91% de todo lo que se tira acaba en vertederos –como recordaba en el evento de la CEOE Paula Ceballos, representante de la Comisión Europea–, pero es que en el caso de los envases en 2023 solo reciclábamos un 41,3%, cuando debía ser un 70%. El nuevo reglamento europeo, aprobado pero no activo hasta el 12 de agosto, trata de frenar este agujero y los impactos que genera, estableciendo unos mínimos que no se pueden superar. Para el sector industrial español, afectará a su competitividad, si bien cabe recordar que el SDDR está vigente en 18 países de la UE; en Alemania, por ejemplo, desde hace 23 años. 

En realidad, esta normativa europea otorga plazo hasta 2029 para implantar el sistema, aunque España apostó en su ley por adelantarlo a este año. Lo que sí será obligación para las empresas desde agosto es la eliminación de los envases alimentarios del PFAS, un compuesto que se sabe peligroso para la salud y que persiste en el medio ambiente. Otras medidas se implantarán por plazos, como es el etiquetado uniforme para todos los envases que se podrán retornar o la obligación de que haya un 30% de plástico reciclado en todos los envases de un uso (desde 2030). 

En la jornada, casi todos los intervinientes del mundo empresarial expusieron sus quejas a cómo se redactó la Ley de Envases en 2022, cuando ya se negociaba este reglamento europeo del mismo tema, que cambia algunas de las cosas, lo que implicará nuevas adaptaciones. Hay que recordar, no obstante, que el cambio legal fue un imperativo de la UE, porque no se había transpuesto la directiva de 2018 sobre reciclaje y porque la normativa vigente tenía ya 25 años. En este tiempo, se han autorizado hasta 18 organizaciones, llamadas SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor), creadas y financiadas por las empresas para gestionar residuos de sus productos (envases, papel, vidrio, neumáticos, pilas…), cuando llegan al final de su vida útil. “El reto es que cada vez sean más especializadas para que la clasificación de los residuos a reciclar sea más fácil que cuando se juntaba todo”, señalan sus responsables.  

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que inauguró el evento, insistió en la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos con el sistema de recuperación de envases, para lo que reclamó a las empresas más diálogo con todos los agentes sociales, incluidos consumidores y ecologistas, para “afinar la propuesta” de cambios que habrá que hacer y para que todos tengan “un grado de satisfacción”. Y les recordó que, al final, el coste de los residuos siempre recae en la ciudadanía, sea porque paguen su gestión las Administraciones, a través de los impuestos, o las empresas, que cargan el coste en los productos. “Lo importante es que se premien las buenas prácticas”, les dijo.

Con la Ley de 2022 lo que sí entró en vigor es un impuesto al plástico virgen, de 0,45 céntimos por kilo, con objeto de que disminuyera su utilización y así potenciar el uso del reciclado, aunque el sector asegura que no lo hay con suficiente calidad para uso en alimentos. Así lo reconocía también el portavoz de las empresas que lo reciclan, el director general de la asociación ANARPLA, Oscar Hernández, quien recordó que ya hay capacidad para reciclar hasta 2,6 millones de toneladas de plástico al año, pero que es un material sin suficiente demanda por esa calidad, además de que incluso con el impuesto sale más caro. “Para que nuestros clientes sean competitivos, sí que debe mejorarse la recogida y así garantizar la calidad de esta materia prima que nos llega, lo que evitará la competencia desleal de países de fuera de la UE que ahora existe, además de apoyar a las empresas que usen materia prima reciclada”, señaló. 

Desde luego, si hay un sector que utiliza plástico en grandes cantidades es el de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB). No hay más que visitar una gran superficie y ver hasta cada pepino emplasticado. Para su representante, la directiva Paloma Sánchez, sin embargo, tener una ley exigente sobre envasado significa que “perdemos competitividad”. También le parece prematuro implantar el sistema de retorno de envases este año. No mencionó que en los países nórdicos y de Centroeuropa su implantación permite recoger seleccionados el 90% de los envases que genera ese sector. Se argumentó también que en España hay 96 millones de turistas al año que no los devolverán al sistema. En otros países, es fácil ver a personas que se sacan un dinero recogiendo los envases que otros tiran: aquí será un euro cada 10 latas o botellas.  

Otro de los puntos que destacó Sánchez tiene que ver con la retirada de envases con PFAS (según la IA: sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas; más de 4.700 compuestos químicos sintéticos, conocidos como «químicos eternos» por su extrema persistencia en el medio ambiente y el cuerpo humano. Utilizados desde los años 50 en productos antiadherentes, impermeables y espumas contraincendios), argumentando que las empresas tienen muchos stocks de comida empaquetada, por lo que demandó “un periodo transitorio para sacarlos al mercado” de hasta 18 meses, si bien el reglamento europeo se publicó ya en septiembre de 2024. También criticó que se exijan objetivos en la reutilización de botellas en la hostelería, hoy un 10%. La ley dice que deberían reutilizarse un 20% en 2030, pero para FIAB debe dejarse a las empresas que decidan su ritmo.

Desde las distribuidoras, representadas en la patronal ANGED, las quejas sobre el retorno de envases fueron por otros derroteros. Expresaron sus dudas sobre cómo se podrá implantar en las tiendas con poco espacio y en quién será el responsable de los envases de ‘marcas propias’ de algunas cadenas. “Lo importante es que haya seguridad jurídica”, destacaba Antonio Romero, responsable de la organización AECOC, una de las que se postulan para gestionar el SDDR, que agrupa a más de 37.000 empresas productoras y distribuidoras. “Todos los operadores están implicados”, recordaba, “pero que pueda estar activo este sistema en noviembre es inalcanzable”. “Son 20.000 millones de unidades de envases al año, millones de turistas y un 65% de pueblos de menos de mil habitantes, así que sería mejor fijarse en la meta del 2029 que tiene la UE, antes de intentar que todo funcione en unos meses”, argumentó. 

En la jornada también hubo tiempo para compartir algunas innovaciones en marcha para mejorar el panorama, como la creación de envases de poliestileno reciclado para lácteos. Desde ANAIP (que agrupa a la industria del plástico) se recordó que hay marcas que ofrecen ya el 100% de sus botellitas de agua de PET reciclado, aunque para otros productos alimentarios, como los lácteos, todavía falla la calidad con una normativa que calificó de “muy exigente”. Y sacó otro asunto: “Hace falta más control en la entrada de envases de países con certificados dudosos”. 

Otras novedades tenían que ver con el diseño de envases. Packbenefit, que produce hasta 60 millones de bandejas de celulosa para comidas preparadas, trabaja para que sean compostables, o al menos con una capa plástica mínima. Como curiosidad, en estos envases mixtos (celulosa y plástico) –los típicos que un consumidor no sabe dónde tirar (¿al contenedor marrón, azul, amarillo?)–, han ideado una pestaña que separa ambas capas y permite echar cada material en su lugar. También se habló de envases del sector cosmético. La asociación nacional de perfumería STANPA explicó cómo hicieron un proyecto piloto para su recogida selectiva, con contenedores específicos en peluquerías, droguerías o farmacias, pero no funcionó. “Lo malo es que si no mejoramos la capacidad de clasificar los plásticos para que sean útiles, los objetivos de las leyes no se cumplirán. Hay que innovar en envases y adaptar las plantas de reciclaje”, señaló Lucía Jiménez, de esta organización.

En las conclusiones, las empresas representadas –decenas de miles– estuvieron de acuerdo en que la contaminación de los envases es un problema (no hay más que asomarse a una calle, un parque, una papelera… de donde van al vertedero), pero se mostraron reacias a sobrepasar los objetivos y los plazos que marca la UE, retrasando hasta tres años el sistema de devolución con pago al que lo devuelve. A siete meses de su entrada en vigor por ley, con estos mimbres parece una quimera.

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