Hay un gobierno que sí está frenando la especulación inmobiliaria
Los pisos turísticos ilegales son uno de los grandes culpables de la especulación inmobiliaria. Foto: Manuel Cuéllar.
En este mes de febrero que hoy acaba, los millones de personas a las que les cuesta conseguir una vivienda digna en este país tienen una razón para creer que un mundo más justo es posible. El gobierno de Portugal ha sorprendido a su ciudadanía con un plan revolucionario: se compromete a forzar el alquiler de los inmuebles vacíos en todo el Estado, a poner un techo máximo de los precios de las viviendas, prohibir nuevos pisos turísticos y acabar con los ‘visados de oro’ a extranjeros que inviertan en viviendas. Con estas medidas pretende resolver el problema de la falta de viviendas asequibles, poniendo freno a la especulación inmobiliaria y a los privilegios de los grandes capitales. Es decir, todo lo contrario a lo que sucede en España, con especial virulencia en territorios como la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares. Una noticia que abraza y que llega, como cada mes, el último día.
Poner límites a la voracidad del mercado es posible y más cuando está en juego uno de los principales derechos humanos: el derecho a una vivienda digna. El plan diseñado por el Ejecutivo portugués sigue la estela que Grecia y Canadá iniciaron en enero, aunque de manera mucho más leve. Canadá ha dejado de conceder las golden visas inmobiliarias durante los próximos dos años; Grecia ha restringido los requisitos para adquirir la nacionalidad por la vía rápida a los inversores extranjeros. Pero el plan luso es más radical.
Para empezar, el Estado podrá forzar el alquiler de viviendas desocupadas para subarrendarlos durante cinco años y actuar como un mediador inmobiliario que cobra al inquilino y paga al propietario. Estos alquileres nunca podrán superar el 35% de los ingresos del núcleo familiar. Además, la Administración pública asumirá las rentas impagadas, de forma que los propietarios siempre las perciben, y gestionará con el inquilino una solución para la deuda, que en el peor de los casos puede incluir el desahucio. También se incorporan beneficios fiscales para propietarios que favorezcan el arrendamiento de larga duración.
Por otra parte, el gobierno luso establecerá un techo máximo de subida para los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas, que estará vinculado tanto a la evolución como a las previsiones de la inflación. El objetivo es evitar las subidas disparadas en los precios de alquiler, que acaban forzando la salida de inquilinos que no pueden asumirlos. Además, prohibirá la creación de nuevos pisos turísticos en todo el país, con la única excepción de proyectos rurales que beneficien a poblaciones pequeñas.
Y como colofón, ha dado por terminada la concesión de permisos de residencia a quienes inviertan en inmuebles, creen negocios o trasladen capitales a Portugal. Este privilegio, que entró en vigor en 2012, ha permitido que 11.000 personas y sus familias hayan adquirido la nacionalidad lusa sin límites burocráticos.
Esta noticia ilumina la realidad de millones de personas del Estado español a las que les cuesta encontrar una vivienda digna, y especialmente quienes residen en municipios en los que la especulación inmobiliaria se alía con la industria turística. Baleares, por ejemplo, se ha convertido en el paraíso de las Golden Visa para los inversores inmobiliarios, lo que está generando grandes desequilibrios económicos entre los residentes. Como sucede en todo el Estado español, en Baleares cualquier persona extranjera que desembolse más de medio millón de euros en la compra de una o más viviendas puede adquirir la nacionalidad española en sólo 20 días y en condiciones muy ventajosas: no es necesario que permanezcan en el país –mientras lo haga su dinero– y pueden residir acompañados de sus familiares desde el primer momento de su ingreso en el país.
La Comisión Europea lleva tiempo advirtiendo a España de los riesgos que conlleva, ya que puede facilitar el movimiento de dinero de origen dudoso y, por ejemplo, servir de atajo a tramas criminales para el blanqueo de capitales. Si el gobierno luso puede intervenir en el mercado para poner límites a este privilegio, entre otros, ¿por qué no puede tomar medidas parecidas el Gobierno español? El impacto de esta medida frenaría una espiral de desequilibrios que está convirtiendo ciertas partes del Estado español en una bomba de relojería.
Baleares es un buen ejemplo. El hecho de que las islas sean un destino turístico y el suelo sea limitado, hace que se conviertan en la golosina precisamente para este tipo de capitales, con el consecuente impacto en quienes residen en ellas (gentrificación, subida escandalosa de los precios incluso en las barriadas más humildes, saturación de los servicios públicos…).
Un dato que permite imaginar el tamaño de este despropósito es el boom de las inmobiliarias. Las estadísticas oficiales contabilizaban un total de 1.495 compañías el pasado mes de septiembre. En solo una década, estas empresas han aumentado un 95,4% en las islas. El hecho de que en 2021 el 29% de las 5.009 compras realizadas por extranjeros en Baleares superara los 500.000 euros permite imaginar el impacto en el mercado inmobiliario, el abandono de los centros de las ciudades, la escasez de suelo para nuevas viviendas, el posible blanqueo de capitales, etc…
El pasado mes de agosto, un conocido portal inmobiliario destacaba que de las 10 viviendas más caras del mercado en ese momento, tres estaban situadas en Mallorca y las siete restantes en Málaga. Esta realidad coexiste con las dificultades que tienen los residentes, que cada vez ven más mermado su poder adquisitivo, mientras que los precios de la compra y la venta de vivienda se disparan. Desde 2015, el porcentaje de subida del precio de la vivienda en alquiler en Baleares ha sido del 13,3%. En 2020, el archipiélago lideró la subida de los precios del alquiler por delante del resto de comunidades autónomas, como Catalunya (+12,4%), Comunitat Valenciana (+11,7%) y Madrid (+11,4%)
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