Las macroplantas de energías ‘renovables’ amenazan la España Desatendida
Foto: ARCA Cantábrica.
Impactantes parques eólicos y gigantescas plantas fotovoltaicas amenazan a la España Vaciada (o Desatendida): su patrimonio cultural y paisajístico, su biodiversidad y sus horizontes de futuros tranquilos. Una avalancha que, tal como se ha planteado por las grandes empresas eléctricas, ahora mismo no podría recibir el nombre de Transición Ecológica y Energética. Porque es más de lo mismo, a costa de la riqueza natural de España. Reducir el consumo, planificar, dosificar, respetar y dialogar con la gente del territorio (y no sólo con los poderes locales, a veces bajo sospecha de permitir lo que no es permisible) han de construir esa transición. En lugares como la Cornisa Cantábrica, Guadalajara y Teruel, las voces de protesta son urgentes y tan altas como los molinos.
El pasado verano, la Asociación para la Defensa del Paisaje del Río Ungría (ADEPRU) y Ecologistas en Acción denunciaban que la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla–La Mancha presentaba un proyecto de protección para la comarca del río Ungría –en Guadalajara– que se plegaba a las querencias de las fotovoltaicas. “Y lo han hecho hasta el punto de amoldar los límites y usos autorizables del futuro espacio natural a las necesidades de las placas solares, incluso por encima del criterio ambiental”, criticaban las entidades ambientalistas.
Unas decisiones que se vendrían produciendo desde hace, al menos, cinco años. Ese momento es cuando las mencionadas compañías “se comenzaron a interesar por los terrenos incluidos dentro del perímetro inicial del proyecto de Paisaje Protegido, definido en el año 2017 tras ser consensuado por los agentes sociales y los municipios afectados”. Desde aquel momento, “la Junta de Comunidades, con el consejero de Desarrollo Sostenible al frente, ha modificado drásticamente el mencionado perímetro con el propósito de que las fotovoltaicas puedan implantarse donde más les interesaba en lo económico, sin contar con los pueblos perjudicados”. Presiones que “habrían llegado hasta los estamentos superiores del gobierno regional, con el fin de que estos terrenos quedaran desprotegidos”, denunciaban las asociaciones conservacionistas.
Yendo al detalle, y en el caso de la localidad de Caspueñas –en Guadalajara–, dichas iniciativas renovables ocuparían unas 300 hectáreas, lo que supondría casi el 21,5% del término municipal. Así lo confirma Rosa Pardo, portavoz de ADEPRU. “Todo ello incluido en una zona que iba a estar comprendida en una figura denominada Paisaje Protegido Valle del Río Ungría, que inicialmente estuvo promovida por el propio Ayuntamiento, con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, denuncian los afectados. “El problema surgió cuando se comenzaron a plantear los proyectos de placas solares. Entonces, el gobierno regional alteró el perímetro de la referida figura ambiental, con el fin de facilitar la implantación de dicha industria renovable”.
Pero lo que está sucediendo en Guadalajara no es algo aislado en España. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el norte del país, en una franja que va desde Galicia a La Rioja, donde se ha solicitado levantar centenares de plantas eólicas. Según se informaba en la edición de El Asombrario del pasado 4 de agosto de 2021, hasta entonces se estarían tramitando 338 parques con 3.825 aerogeneradores. Una avalancha a la que se han de sumar los 7.000 molinos ya existentes en algunos puntos del tercio septentrional de la Península. Casi nada…
“Estamos hablando de que, entre complejos eólicos instalados y proyectados, en el territorio gallego se verían afectados más del 60% de los municipios, un porcentaje muy similar al que se daría en el sur de Cantabria, la mitad norte burgalesa o el occidente asturiano”, señalaba Ernesto Díaz Otero, coordinador del Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica.
Por tanto, se podría hablar de una industrialización por la puerta de atrás de ciertos emplazamientos de la España Vaciada (más bien, España Desatendida, como hemos empezado a llamarla en El Asombrario). Justo aquellos que se encuentran menos poblados y con gran cantidad de valores ambientales y ecológicos. “Existe una cierta segregación de los proyectos más impactantes. Por un lado, está la concentración de las iniciativas solares en la zona centro y sur peninsular. Y, por otro, hay una gran densidad de proyectos eólicos en el norte, en Galicia, Cantabria, Asturias, Burgos y Aragón”, subraya Ana Carricondo, de SEO/BirdLife.
“Estamos en un momento de tramitación masiva de iniciativas de este tipo, de cientos de ellas, que se encuentran en distintos estados. Algunas se hallan en fases previas, otras en periodos administrativos e, incluso, ciertos casos están ya en construcción”, explica Ernesto Díaz. Sin embargo, dichas macroplantas se han enfrentado a la contestación de la ciudadanía. En la cornisa norte peninsular el problema comienza a ser acuciante. “La movilización es general, llama la atención el número de asociaciones y plataformas que han surgido a raíz de esto”, confirman los implicados.
Una producción renovable respetuosa con la biodiversidad y las personas
Por tanto, estamos ante una situación muy complicada. ¿Cuál sería la solución? “Para lograr que el desarrollo de las energías renovables se realice al ritmo necesario y con la calidad requerida para enfrentar la emergencia climática, y que, al mismo tiempo, se defienda la biodiversidad y los derechos de las personas, se ha de apostar por la máxima participación social y protección medioambiental durante esta producción eléctrica”, defienden desde Greenpeace España. De hecho, esta organización también reclama “una mayor sostenibilidad territorial y una redistribución justa de los riesgos y beneficios en el ámbito rural”.
“La transición energética debe ser entendida, además de como un cambio de fuentes fósiles a limpias, como la evolución de un sistema que se ha basado en un modelo especulativo y concentrado en pocas manos (oligopolio energético) a otro que introduzca la participación, la generación distribuida, la eficiencia y el ahorro (para evitar la proliferación de las macroplantas)”, asegura María Prado, de Greenpeace. “Es una oportunidad para trasladar al territorio los beneficios de un modelo que tiene que ser más justo energética y medioambientalmente”.
En consecuencia, y como añaden desde SEO/BirdLife, “es crucial la investigación a medio y largo plazo sobre nuevas fuentes de energía limpia y modelos de consumo alternativos, que reduzcan la demanda y, con ello, la necesidad de incrementar la potencia instalada”. No hay que olvidar que “existe amplia evidencia científica sobre el impacto de instalaciones renovables, tanto eólicas como fotovoltaicas, cuando se ubican en espacios de valor ecológico”. Por ello, y en primer lugar, se ha de controlar la demanda energética. “Si no queremos tantos parques eólicos y fotovoltaicos, también tendremos que revisar nuestro consumo”, añade María Prado.
Además, para conseguir un progreso en la fórmula de producción de electricidad y evitar la especulación en la industria renovable, se pueden adoptar una serie de decisiones encaminadas a una mayor participación social. Por ello, Greenpeace insiste en que “se garantice la creación de espacios de diálogo y debate entre promotores, autoridades y comunidades que asumen el desarrollo verde para asegurar la coordinación de intereses y búsqueda de soluciones compartidas que sumen el mayor impacto positivo posible”. Todo ello con el fin de estimular “la reflexión sobre el dónde y el cuánto de la producción”, lo cual “es decisivo para garantizar la sostenibilidad de la transición energética”, confirman desde SEO/BirdLife.
Y, por supuesto, al definir los emplazamientos, los proyectos renovables se han de excluir de todos los lugares protegidos. Entre ellos, se han de salvar las áreas críticas de especies en peligro de extinción y la Red Natural 2000, de la que forman parte las Zonas Especiales de Conservación (ZEC), las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y los Lugares de Interés Comunitario (LIC). “El desarrollo de las renovables debe respetar el patrimonio natural y la biodiversidad en todas las fases de su vida útil, incluyendo su desmantelamiento”, subrayan desde SEO/BirdLife. Para ello, “es esencial una planificación territorial vinculante, que excluya las áreas de alto valor y priorice la ocupación de espacios ya degradados y antropizados”.
Entre estos últimos –aquellos puntos más deteriorados– se encontrarían los suelos urbanos, los industriales o los entornos ligados a infraestructuras de transporte previamente existentes, como carreteras o líneas férreas, “dado que se trata de zonas que ya han sido modificadas y, por tanto, el impacto ambiental sería menor”. También se constituirían como alternativas “las ubicaciones en suelo rústico ocupadas, de forma legal, por complejos en desuso”.
Asimismo, “se deben plantear dimensiones de proyectos que tengan un menor impacto ambiental”. “Hay que priorizar aquellas instalaciones de menor escala, dimensiones más reducidas y que puedan ser participadas por gente del entorno, en lo que se denominan Comunidades Energéticas Locales”, explica Sergio Bonati, técnico de WWF. Una propuesta que, además, permitiría “una mayor diversidad de propietarios, incluyendo la participación de la ciudadanía a través de iniciativas de autoconsumo”. Hay que tener en cuenta que “la integración vertical en grandes grupos permite una posición de dominio que la regulación actual no consigue impedir y cuyos intereses son contrarios al cambio de un modelo energético centralizado y especulativo por otro más eficiente, distribuido y democrático, con nuevos actores y servicios, como exige Europa”, añaden desde Greenpeace.
En consecuencia, si se desea evitar que la España Desatendida sufra una industrialización que no genere empleo y riqueza, y que, además, pueda suponer efectos nocivos sobre el entorno, se ha de apostar por el diálogo, la participación, el respeto por el medioambiente, la investigación y por otros métodos de producción. “La transición energética es cosa de todos”, ”, concluyen desde SEO/BirdLife. “No podemos delegarla o reducirla a las necesarias iniciativas de las empresas energéticas. La ciencia debe avanzar y la sociedad en su conjunto ha ser un actor principal –informado y formado– del cambio de modelo energético, lo que se traducirá en una reconfiguración de la demanda hacia modelos más sostenibles y de menor consumo. La democratización del nuevo modelo energético es la única garantía de éxito real”.
COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.
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