Luces y sombras de la recién aprobada Ley de Cambio Climático

Luces y sombras de la recién aprobada Ley de Cambio Climático

Un campo de paneles solares en Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Foto: WWF

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POR MAR ASUNCIÓN y CRISTINA MARTÍN / WWF España

Analizamos de manera sencilla y clara los puntos más positivos y los más negativos de la nueva Ley del Clima aprobada recientemente en España. Han pasado más de cinco años desde que Mariano Rajoy prometiese una ley de Cambio Climático desde la presidencia del Gobierno, y casi cuatro desde que se iniciase la primera participación pública con preguntas generales, aún sin borrador. El jueves 13 de mayo de 2021, tras sucesivos Anteproyectos y su paso por el Congreso y el Senado, por fin ha visto la luz en España la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, tan necesaria para reorientar la economía hacia una senda libre de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y librarnos de los peores impactos del cambio climático en un país tan vulnerable por su ubicación en la región mediterránea y su condición peninsular e insular.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe constituirse en hoja de ruta para las inversiones de los Fondos de Recuperación –los denominados Next Generation–, y hacer honor a su nombre asegurando que se utilizan para revertir la emergencia climática en que nos encontramos y ofrecer oportunidades a los jóvenes en sectores innovadores y sostenibles en un mundo con un medioambiente diverso, seguro y saludable.

La Ley incluye medidas que supondrán un avance respecto a la situación actual, pero también adolece de aspectos que debilitan su efectividad. Analizamos a continuación las luces que abren posibilidades a los avances hacia la descarbonización, las sombras que se ciernen y debilitan su efectividad, así como los claroscuros, es decir, avances que no explotan todo su potencial.

LUCES

Uno de los artículos más positivos que recoge la ley es el referente a la denegación de nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos y de minerales radiactivos, que lanza un claro mensaje para poner fin a las nuevas explotaciones fósiles y nucleares.

Muy importante ha sido también considerar la necesidad de adaptación al cambio climático de nuestra costa, uno de los espacios más sensibles, a través de la planificación y gestión del dominio público marítimo terrestre, en el que se evita alargar innecesariamente la duración de las concesiones establecidas por la Ley de Costas

Otros avances que recoge la nueva ley es el establecimiento de zonas de sensibilidad y exclusión, por su importancia para la biodiversidad, de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. También se contempla que parte de la riqueza que generen estas instalaciones se revierta en el propio territorio para activar su economía y combatir el declive demográfico. Asimismo se recoge la priorización de adaptación basada en ecosistemas y las Soluciones Basadas en la Naturaleza.

En este lado de luces, destacamos que la nueva legislación Incluye el establecimiento de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023 y la instalación de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio y en la edificación nueva.

Por su parte, la ley también marca un hito para que las empresas, entidades financieras y aseguradoras tengan que integrar el riesgo climático en sus decisiones, e informar sobre las medidas que adopten para hacer frente a dichos riesgos. Además, en el caso de las entidades de crédito, deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París. Asimismo, el Banco de España, la CNMV y la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones deberán presentar al Parlamento un informe de evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo, así como del grado de alineamiento con el Acuerdo de París. De este modo, se sientan las bases para que los flujos financieros se reconduzcan hacia la descarbonización.

Destacamos de la ley que también contempla la desinversión en productos energéticos fósiles por parte de la Administración General del Estado, estableciendo que en el plazo de 2 años elaborarán una propuesta de calendario para desprenderse de participaciones o instrumentos financieros de empresas de extracción, refinado o procesamiento de productos energéticos de origen fósil. Además, establece criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono en la contratación pública, incluida la relacionada con una alimentación sostenible y saludable, y las edificaciones de la Administración General del Estado. Por último, también incentiva la rehabilitación energética y el autoconsumo con la propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.

SOMBRAS

La principal sombra que se cierne sobre la Ley de Cambio Climático y que compromete su efectividad es la insuficiente ambición del objetivo de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) contemplado, que se establece en un 23% para 2030 respecto a las emisiones existentes en 1990. Dicho objetivo no está en línea con lo que recomienda la ciencia para no superar el umbral de 1,5ºC de aumento de temperatura global, como reconoce la propia ley en el Preámbulo. que dice literalmente: “Siguen siendo necesarias más medidas para que las emisiones globales de GEI se reduzcan un 7,6% anual, como recomienda el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)”.

El aumento de ambición ha sido el caballo de batalla durante toda la tramitación de la ley, y la petición más reiterada por parte de las organizaciones ecologistas como WWF, aunque solo conseguimos un ligero aumento y que aparezca reflejado que se realizará una revisión de los objetivos a partir de 2023 y siempre para aumentar la senda de reducción de emisiones. Esperemos que entonces se actualicen en línea con la responsabilidad y capacidad de nuestro país, así como con la oportunidad que supone una mayor ambición climática para la transición energética en un país con abundantes recursos renovables y puntera en estas tecnologías.

También oscurece a cualquier ley del clima la existencia de un artículo sobre Ayudas a productos energéticos de origen fósil, y que la condición que se establece para la aplicación de dichos beneficios fiscales sea tan genérica como “estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o la inexistencia de alternativas tecnológicas”, si bien establece que habrá un calendario de revisión.

Por último, nos preocupa el fomento de gases renovables (biogás, biometano y el hidrógeno) en el transporte, inyectándose en las redes de gas natural. Consideramos que puede suponer la permanencia de este combustible fósil en la matriz energética y, por tanto, retrasar la descarbonización. Además, abre la puerta a la utilización de estos combustibles alternativos para todo tipo de transporte, cuando deberían quedar relegados a aquellos como el aéreo o el transporte pesado, donde no es factible la electrificación, que es más eficiente.

CLAROSCUROS

La Ley de Cambio Climático contempla la neutralidad climática a más tardar en 2050, es decir, que para esa fecha no podrán emitirse más GEI que lo que los sumideros naturales, como bosques, mares y humedales, puedan absorber. Si bien es un paso en la buena dirección, desde WWF consideramos que se deben establecer las medidas necesarias para que dicha neutralidad se consiga en 2040, al ser España un país desarrollado y, por tanto, con mayor capacidad y responsabilidad en la reducción de emisiones que los países en desarrollo.

Por su parte, la ley también señala que para 2040 los vehículos ligeros deberán ser cero emisiones; consideramos que es factible adelantar esa fecha a 2030, incentivando con los fondos de recuperación y resiliencia.

En definitiva, celebramos el nacimiento de esta ley histórica para legislar sobre cambio climático en nuestro país. Se trata de un instrumento que abre las puertas a frenar el cambio climático y mitigar sus principales impactos. Ahora, lo importante es que los planes y estrategias que emanen de ella, así como otras leyes relacionadas, aprovechen las oportunidades para acelerar la descarbonización, utilizando todos los recursos posibles y haciendo un uso condicionado a ello de los fondos europeos de recuperación y resiliencia.

Mar Asunción es responsable de Clima y Energía de WWF España, y Cristina Martín, de Comunicación de Clima en WWF España.


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