Nuevo paso atrás en el diálogo y participación en la Cultura en Madrid

Nuevo paso atrás en el diálogo y participación en la Cultura en Madrid

Matadero Madrid. Foto: Matadero Madrid.

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El periodista y gestor cultural Lucas Ferreira sigue analizando el giro en la política cultural del Ayuntamiento de Madrid. Ahondando en su alejamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la actual junta de gobierno de la capital tiene previsto aprobar un nuevo reglamento que supone un retroceso en el derecho de participación de la ciudadanía y de la comunidad artística en la estrategia y el plan de acción cultural de su ciudad.

En enero de 2019 el pleno de la anterior corporación municipal aprobó la creación de un Consejo de Cultura que se fundamentaba en textos como la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales (UNESCO, 2005); el Derecho de toda persona a participar en la vida cultural del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Consejo Económico y Social de NN.UU., 2009), y la Carta Cultural Iberoamericana (XVI Cumbre Iberoamericana, 2006).

Y significó la creación de: 7 mesas sectoriales (artes visuales, escénicas, cine, música, libro, cultura urbana y proximidad e innovación cultural en los distritos) con participación de organizaciones del sector y profesionales independientes. Comisión asesora formada por 8 expertos (4 elegidos por el sector, 2 por la comisión permanente de cultura y 2 por el área de cultura) y un Comité social integrado por representantes de los 2 sindicatos de mayor representación de la ciudad, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid.

Y de un pleno del consejo integrado por: 14 representantes de las mesas sectoriales (dos por cada una) y 2 de la mesa interdistrital de cultura de los foros locales. 8 profesionales independientes (4 propuestos por las mesas sectoriales, 2 por el pleno y 2 por el titular de cultura del Ayuntamiento). 1 representante del Ministerio de Cultura, de la Comunidad de Madrid y los portavoces políticos del Ayuntamiento (estos con voz, pero sin voto).

Sin embargo, el cambio de gobierno municipal tras las elecciones del 26 de mayo de 2019 hizo que este modelo de consejo quedara en suspenso.

Reglamento de 2020 (propuesta)

El 22 de octubre de 2019, Andrea Levy, nueva delegada de Cultura, Turismo y Deporte, anunciaba que se iniciaba “un proceso para lograr el modelo de Consejo de Cultura que reclama el tejido cultural de Madrid (…) aprobado por unanimidad y con consenso total”.

El proyecto inicial del nuevo reglamento quedó aprobado el pasado 8 de octubre –pero no por unanimidad ni con consenso–, determinando que el Consejo pasaría a contar con 5 mesas sectoriales (libro y lectura, cine y audiovisual, artes escénicas, música y artes visuales, integradas por representantes de asociaciones) y un pleno (que contará con una comisión ejecutiva) y que estaría formado por: 10 profesionales independientes: 7 propuestos por el pleno del Ayuntamiento y 3 por el titular del área de cultura. 5 representantes de las juntas de distrito, designados por el área de coordinación territorial. 2 representantes del área de industria y 1 de Madrid Destino, del Ministerio de Cultura y de la Comunidad de Madrid. 2 representantes de los sindicatos, 2 de las organizaciones empresariales y 2 de las federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones más representativas del sector. Los presidentes de las 5 mesas sectoriales y 1 representante de cada foro de participación de la administración estatal y autonómica en el ámbito de actuación del consejo.

Diferencias

Mientras que el pleno del Consejo de Cultura pasa de 30 a al menos 32 miembros, los representantes del sector cultural creativo y vecinal en él se reducen de 20 a 9, de forma que no supondrán ni un tercio de un instrumento de gestión cuyo fin es vehicular su participación y aportación al gobierno de la ciudad.

Además, el nuevo modelo elimina: De su fundamentación, todos los textos supranacionales, así como las referencias a los artículos 9.2 y 23.1 –derecho de participación– de la Constitución Española. Su asesoramiento sobre bases de concursos de direcciones artísticas, subvenciones, ayudas y código de buenas prácticas a realizar por el Ayuntamiento, y la elaboración de un informe anual del estado de la cultura. El comité social, entre cuyas labores estaba proponer medidas con las que crear nuevos públicos.

Y respecto al Pleno: Simplifica sus funciones, únicamente de asistencia y asesoramiento, eliminando cualquier proactividad por su parte. Su composición va ligada a los ciclos electorales, frente a una anterior alejada de estos (vocales de mesas sectoriales a renovar cada dos años y de la comisión asesora cada tres). Desaparece el mandato de presencia equilibrada de hombres y mujeres y que uno de sus vocales se especialice “en la presencia y apoyo de las mujeres en la creación y la cultura”. La posibilidad de asistir y participar de cualquier ciudadano, antes explicitada, queda ahora supeditada a “los mecanismos de seguimiento y transparencia que se acuerden”.

Un paso atrás

En estos momentos, esta propuesta está pendiente del análisis de las alegaciones recibidas durante el período de información pública. Posteriormente, el texto definitivo pasará a junta de gobierno y de este al pleno de Cibeles donde es de prever que sería aprobado con los votos de PP, Ciudadanos y Vox.

De esta manera la política cultural de Madrid dará un paso atrás en su propósito de ser un instrumento facilitador y garantizador de derechos (igualdad y libertad de expresión, art. 14 y 20 de nuestra Constitución).

Un paso más hacia no se sabe dónde; recordemos que no se conoce la estrategia de gestión cultural del actual Ayuntamiento ni su plan de acción. Su página web solo facilita sus presupuestos (192 millones de euros para el área de cultura, turismo y deportes en 2020 –125 millones ejecutados hasta noviembre–, distribuidos por partidas de gastos contables y áreas de actuación, pero no por programas) y las decisiones aprobadas (pero sin señalar nunca su objetivo cultural, quedando muchos anuncios reducidos a la mera rehabilitación o construcción de infraestructuras).

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