La UE aumenta su vigilancia para evitar la deforestación en el mundo

El planeta Tierra ha perdido 420 millones de hectáreas de bosques en tres décadas, entre 1990 y 2020. La tala de grandes áreas tropicales en zonas de escasa protección sigue siendo el agujero por el que se escapa la biodiversidad global y la posibilidad de compensar, y sólo hasta cierto punto, las emisiones con las que estamos provocando el cambio climático. La UE está dispuesta ‘a taparlo’ con un nuevo reglamento que impida la deforestación importada. Entrará en vigor, previsiblemente, el próximo junio; se espera que en la primavera de 2024 sea de obligado cumplimiento y que en 2025 se amplíe a todas las pequeñas empresas de Los 27. Cómo va a afectar la nueva normativa al sector maderero, al comercio mundial y, sobre todo, cómo va ser útil para controlar el origen de los productos que implican la pérdida de masa arbórea irremplazable han sido los ejes de un seminario organizado por Forest Stewardship Council, conocido por el certificado FSC, una organización internacional que lleva 25 años promoviendo la gestión forestal responsable.

“Si seguimos así, en 300 años nos hemos cargado los bosques del planeta”, declaraba recientemente Gonzalo Anguita, director de FSC-España. “La cadena de producción de la madera puede ser muchas veces opaca por los eslabones intermedios que hay y que impiden que se conozca cada paso desde la tala hasta la importación”.

La cuestión es que madera tropical ilegal sigue llegando a nuestros puertos, camuflada como nueces (el caso más reciente con dos contenedores) o como cargamentos de sésamo (los 11 contenedores encontrados hace un año). Ambos casos se detectaron en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria e involucraban a especies protegidas de árboles que provenían de Gambia y se llevaban a China.

Una de las grandes innovaciones del nuevo reglamento europeo, en cuya gestación han participado FSC y otras organizaciones, es que establece normas obligatorias de diligencia debida (es decir, responsabilidad social) para las empresas que comercialicen en la Unión Europea, no sólo la madera, sino productos de consumo que se asocian a deforestación y a la degradación forestal, como son la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao, el café y otros derivados, como el cuero, el chocolate, el papel o los muebles.

En el mercado comunitario, a partir de junio, sólo podrán entrar o salir lo que llaman bienes “legales y libres de deforestación”, algo que se determina según la legislación del país de origen.

Diego Torres, de Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, destacaba en este seminario on line cómo el 90% de la deforestación global proviene de la expansión de la agricultura y sus derivados, algo a lo que la UE no es ajena: es el segundo mayor consumidor del mundo (después de China), con importaciones que suponen 85.000 millones de euros al año, y no tanto de madera sospechosa de deforestación –pese a que ya hay una normativa que la prohíbe, aún vemos que se siguen detectando cargamentos ilegales–, sino de los bienes asociados a ella; de ahí que se traten de minimizar los impactos con normas más estrictas. La definición de lo que son productos ‘libres de deforestación’ que se incorporará se basa en los criterios de la FAO; se busca controlar toda la cadena de suministro, desde la comunidad local.

Para que este nuevo reglamento, conocido por las siglas EUDR, tenga éxito se pondrá en marcha un sistema de trazabilidad que asegure que los productos cumplan con los requisitos, lo que se facilitará geolocalizando las parcelas de donde provienen los árboles talados. En realidad, es algo que también se recoge en el reglamento vigente, pero solo para la madera y ahora se extiende a otros muchos bienes de consumo que serían imposibles sin masivas talas. Además, no sólo se incluye la materia prima que implica deforestación, sino también que haya supuesto alguna degradación forestal desde el 31 de diciembre de 2020. “Para todo ello, las autoridades de los Estados miembros deberán realizan un mínimo nivel de inspecciones que lo garanticen, que van del 9% al 1% del total según en nivel de riesgo”, señalaba Torres. También tendrán que determinar una autoridad nacional competente para este control, sin dejarlo en manos de las comunidades autónomas, unos de los hándicaps que en el caso de España han denunciado las organizaciones ecologistas por ser “un coladero”.

Precisamente Christian Sloth, de la ONG Preferred by Nature, hacía hincapié en la importancia de que también se impida la entrada de bienes procedentes de la degradación de bosques primarios, dado que hay casos en los que se sustituyen por plantaciones de árboles comerciales. Respecto a lo que supone que se cumpla la legislación de los países de origen de la materia prima, en ello deben estar los derechos del uso de la tierra, la protección ambiental y laboral, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, y recordó que para la geolocalización de cada producto una certificación como la que hace FSC puede ser fundamental, porque “proporciona seguridad de que esa materia prima cumple con los criterios que se piden en el reglamento”. “Certificar es una poderosa herramienta para cumplir con los requerimientos que van a ser obligatorios”, aseguraba.

Por la parte empresarial, Marguerita Miceli, gerente de política forestal en la Confederación Europea de Industrias de Papel (CEPI), que agrupa a casi 500 compañías, recordó que el 90% de la madera que utilizan tiene su origen en la UE y el 90% es certificada; también lo está, según CEPI, en torno al 78% de la que se compra en general. Sin embargo, las importaciones extracomunitarias de pulpa o pasta de celulosa para hacer papel son mayores (43%) y ahí aún es un reto conseguir saber de dónde llega exactamente. “No olvidemos que la geolocalización precisa de chips que dependen de pilas y que se convierten en residuos”, señalaba. A eso se suma el problema planteado por otros asistentes sobre qué hacer en casos de cargamentos que llegan a tener 3.000 localizaciones diferentes.

En este sentido, desde FSC, Matteo Mascolo, responsable de asuntos europeos en FSC Internacional, aportaba la importancia de esta organización para que “el bienvenido nuevo reglamento” sea efectivo sobre el terreno, dada la experiencia que ya tiene contra la tala ilegal. “Trabajamos desde hace tiempo con todos los agentes implicados, teniendo siempre en cuenta la protección, especialmente la que implica a los pueblos indígenas, con sistemas de geolocalización que son eficaces”, señalaba.

En esa línea, Joana Novakosska, de la misma organización, mencionaba la existencia del mapa que tienen ya en marcha en el que se pueden ver todos los bosques certificados del mundo y nuevas tecnologías que pueden ser de gran ayuda. “Podemos mejorar los datos de trazabilidad, incluso personalizarlos según los casos específicos dada la diversidad que hay. Existe ya la tecnología de los tests de isótopos estables”, señalaba, en referencia a unos análisis que permiten saber el origen de una madera comparando el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno de las muestras y, así, sabiendo en qué suelos y con qué agua y atmósfera crecieron.

Gonzalo Anguita advertía al respecto que desde FSC se está apoyando, pero que, al final, son las empresas las que deben cumplir con la nueva regulación. El nuevo reglamento, señalaron todos los asistentes al seminario, es un paso importante para que la deforestación de bosques deje de ser un negocio que desembarca en la UE.

Sobre el autor

Rosa M. Tristán

Periodista. Ciudadana sin fronteras. En el diario El Mundo durante 22 años. La ciencia y el conocimiento de la Tierra y sus gentes, mis pasiones. Viajera incansable. Puedes seguirme en Twitter en @RosaTristán

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