¿De dónde viene este exitoso año de paz en Colombia?
Fotograma de la retransmisión de la retoma del Palacio de Justicia colombiano en 1985.
En el contexto del aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, el autor recuerda, a través de una crónica de Ana Carrigan, la toma del Palacio de Justicia colombiano en 1985 por parte de la guerrilla urbana M19 y la trágica retoma por parte del Ejército. Un hecho muy oscuro que marcaría el inicio de los años más duros de la historia que Colombia, tras un exigente Proceso de Paz, intenta dejar atrás. ¿Quién dio la orden de retomar el Palacio? Si no fue el presidente Betancur, ¿hubo un golpe de Estado? Las dudas persisten y el asunto aún divide al país latinoamericano.
***
Pese a los altibajos reales y emocionales que todo proceso de paz vive, un año después del acuerdo firmado por el Gobierno colombiano y las FARC, se puede decir sin miedo al escrache tuitero que Colombia ha cosechado un éxito por el que pocos apostaban hace pocos años. A la extrema complejidad del asunto se unían las circunstancias de un país dividido en relación a los beneficios a los que podrían acogerse los guerrilleros desmovilizados, la existencia de otra guerrilla fuerte (el ELN, ahora en negociaciones de paz con el Gobierno), la fortaleza de las poderosas bandas criminales o BACRIM herederas del paramilitarismo que han aumentado su influencia y sus cultivos ilícitos en el escenario del post-conflicto, así como una oposición política muy fuerte (el uribismo) contraria a las concesiones esenciales del Gobierno.
No obstante, el escenario de paz, normalidad y reconciliación parece hoy más consolidado pese a los enconos propios de un ambiente pre-electoral ante las presidenciales de 2018. “La posibilidad de que Colombia sea un Estado fallido quedó sepultada”, ha resumido el vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, un general de la policía con un papel activo durante los años de lucha y también en el proceso negociador. Su afirmación puede resultar obvia ahora, pero cabe recordar que las FARC controlaron gran parte de un país que vivía asolado por la fortaleza de los cárteles de Medellín y Cali en los años 90. En este ambiente en el que el escritor Santiago Gamboa imaginó verosímil El cerco de Bogotá, cuento en el que el Gobierno ha huido a Cartagena de Indias y los guerrilleros han tomado el sur de una ciudad que resiste asediada por los obuses que caen desde los cerros. Las cosas han cambiado mucho, y es justo reconocerle el éxito a Colombia.
Los retos del futuro pasan por cumplir los compromisos del acuerdo, controlar a la disidencia que ha permanecido en la montaña, culminar las negociaciones con el ELN, y sobre todo plantar cara a las BACRIM para que no se hagan con el negocio de la droga que deja atrás las FARC y no sigan imponiendo su régimen de terror en zonas en las que el Gobierno intenta aplicar la ley de restitución de tierra, o donde trata de favorecer el cambio de cultivos para acabar con plantaciones de coca. El número de asesinados en el último año entre líderes campesinos y comunales es alarmante.
La memoria en Colombia
Como era de esperar, la digestión del pasado ha estado entre lo más complejo de las negociaciones junto con la participación política de los guerrilleros desmovilizados. No cabe el olvido pero sí el perdón, se decía desde el Gobierno. Sin embargo, los ánimos personales de las víctimas y de una sociedad que ha sufrido mucho son difíciles de cambiar en tan poco tiempo, y la rápida integración de los líderes de las FARC (cuyo nuevo partido político mantiene las siglas) no es un hecho fácil de asumir por unos ciudadanos que querrían, muy mayoritariamente, que todos los líderes guerrilleros estuvieran en la cárcel y no en afiches electorales.
Entre esos hechos del pasado, hay uno especialmente significativo en 1985 que marcaría el punto de inicio de los peores nueve años de violencia política en Colombia y que aún se juzga por las incógnitas que lo rodean. El asalto al Palacio de Justicia por parte de un comando de la guerrilla urbana M19 da comienzo a dos lustros que se conocieron con el nombre de ‘El terror’, en los que las guerrillas, la guerra del narco entre los cárteles de Medellín y Cali, el paramilitarismo y la corrupción política sumieron al país en una violencia que se cobró la vida de miles de civiles anónimos, de varios jueces, periodistas y candidatos presidenciales. Entre ellas, la de Carlos Pizarro, líder del M19, quien desmovilizó a la guerrilla y la integró en el movimiento político Alianza Democrática M19.
La toma y la reconquista del Palacio de Justicia
El libro El Palacio de Justicia (editorial Icono), de la periodista irlandesa con nacionalidad colombiana Ana Carrigan, es uno de entre los muchos que este suceso (algo así como el particular 23F de los colombianos) ha inspirado desde que se produjera el asalto. Es una crónica magistral, minuciosa, donde se expone al detalle el proceso de la toma guerrillera, la entrada del Ejército y, sobre todo, los puntos oscuros que aún hay que esclarecer relacionados con la actuación del poder civil y el militar en dicha crisis. ¿Quién dio la orden de entrar para retomar el control del Palacio? ¿Lo hizo el presidente? Muchos dicen que no, o que lo hizo obligado por un Ejército que tenía mucho interés en hacerlo. Las conclusiones a las que se llega tras leer El Palacio de Justicia dejan pocas dudas al respecto.
El 6 de noviembre de 1985, un comando compuesto por una veintena de hombres y mujeres de la guerrilla M19 asalta y toma el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado de Colombia. La acción parece audaz, pero la eficacia de la misma se debe más a la ineficacia (cuando no a la ausencia) de las medidas de seguridad en torno al palacio, situado en la plaza de Bolívar, el lugar más emblemático de la ciudad, donde, además de la sede del poder judicial, se encuentran la Alcaldía, el palacio legislativo, la catedral y el palacio Arzobispal. Detrás de la sede parlamentaria se encuentra la Casa de Nariño, palacio presidencial.
El saldo de la toma, a la mañana siguiente, es desolador. El presidente Belisario Betancur ha rechazado todas las llamadas a la negociación que se le han hecho desde el interior del Palacio de Justicia, bien a través de los comunicados de los propios guerrilleros o a través de los rehenes, entre los que se encuentra Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, además de un gran número de fiscales y jueces que entonces investigaban o juzgaban casos relacionados con el narcotráfico, los procesos de extradición de dichos narcotraficantes o los nexos de estos con la clase política, el Ejército y el paramilitarismo.
El extraño papel del Ejército y la razón de Estado
De alguna manera, el poder judicial era relativamente independiente en un país donde los mayores delitos provenían de las guerrillas y de sectores cercanos (cuando no pertenecientes) al Ejército y a las élites económicas (legales o ilegales) del país. Siendo así, no son pocos los que piensan que la entrada a sangre y fuego del Ejército en el Palacio –que se saldó con la muerte de la cúpula judicial del país, la mayoría de los asaltantes y gran número de trabajadores de la sede del poder judicial– fue la única salida que el Ejército dejó al presidente Betancur. La retoma del Palacio les daba la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro: liquidarían a la cúpula de la guerrilla con un contragolpe fulminante que serviría de aviso a navegantes, y a su vez detendrían los procesos de investigación contra los miembros de su institución. Cabe preguntarse, entonces, ¿dio el Ejército un golpe de Estado?
El presidente Betancur, que había negociado con el M19 hasta hacía escasos meses, se muestra receptivo a las medidas de fuerza que le propone el Ejército. Se siente herido por lo que él considera mentiras y traiciones por parte de la guerrilla durante las conversaciones. Aun así, no tiene opción. Durante toda la gestión del asalto, su ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe, junto a varios poderosos ministros, le han hecho un desplante tras otro, asumiendo de facto un poder que no les corresponde. La salida en directo por televisión del presidente para justificar la decisión de no negociar y retomar el Palacio por la fuerza suena a una defensa retórica vacía de un poder que no ha ejercido. Apela a la razón de Estado que no le permite negociar con terroristas, la que los gobernantes italianos invocaron para no negociar con las Brigadas Rojas para conseguir la liberación del ex primer ministro y líder democratacristiano Aldo Moro en 1978. Su pecado fue el de haber conseguido el pacto histórico entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, acuerdo que amenazaba el reino intocable de los instalados, con el inefable Andreotti en la cúspide.
Las dudas persisten
El expresidente Betancur es renuente a hablar sobre este episodio, y dada su edad –a no ser que haya dejado instrucciones para desvelar en unos años los puntos que aún quedan por aclarar– seguiremos con las dudas sobre quién tomó realmente las decisiones durante aquellas horas. Lo que es innegable es que el Ejército consiguió que se pararan, cuando no que directamente desaparecieran, muchas causas contra ellos por diversos delitos. Muchos analistas coinciden en señalar este hecho como una de las claves que explican el declive de la independencia y la eficacia del poder judicial en un país donde la impunidad sigue siendo la norma en casi todo tipo de delitos. Como bien consigna el libro, varios de los trabajadores que salieron con vida del Palacio una vez el Ejército lo retomó, fueron torturados y desaparecidos por los soldados. Una muerte a sangre fría que, blanco y en botella, buscaba evitar que nadie contara lo que allí había pasado.
Un capítulo oscurísimo que explica muchas cosas sobre la trágica historia reciente que Colombia, con mucha pericia y con la admiración del mundo, intenta dejar atrás.
