Y si la democracia dependiese de ti, ¿qué harías?
Ilustración: Pixabay.
POR CAROLINA BELENGUER
Ojo con el movimiento neorreaccionario, que avanza sin tregua. Mantengamos la alerta a partir de esta sencilla premisa: Hay una pregunta que se repite cada vez que alguien enfrenta una decisión difícil: ¿tú qué harías si estuvieses en su lugar? Esta pregunta quiere colocarnos en el lugar de la otra persona y hacernos entender que no elegimos en el vacío, sino bajo unas condiciones materiales, sociales y personales que casi nunca elegimos del todo.
Pero esta misma pregunta puede tener una segunda intención, según quién y desde que posición de poder se formule. Si tuvieras su talento, su suerte o su dinero, ¿no harías exactamente lo mismo? Si el producto interior bruto de tu país dependiera de esa industria, ¿no actuarías igual? Si quisieras que reeligieran a tu partido político, ¿no retrasarías también esa regulación? Lo que se busca aquí ya no es la empatía, sino el permiso. Da por hecho que cualquier persona, si se encontrase en una situación de ventaja, actuaría de la misma manera, acumularía y protegería lo propio. Y no solo eso, sino que trataría de eliminar las obligaciones legales de compartirlo con quien tuvo menos suerte. Este modo de razonar convierte el interés propio en el único comportamiento imaginable.
Esta pregunta ha bloqueado durante décadas que se tomaran decisiones acerca del cambio climático que tuvieran en cuenta a todas las personas en todos los lugares. Uno de los frenos psicológicos que explica por qué es tan difícil llegar a acuerdos es que cada vez que se propone hablar de un límite legal colectivo, ya sea reducir las emisiones o redistribuir el coste de la crisis climática, alguien con intereses en mantener el statu quo pregunta ¿y tú qué harías si esta empresa te diese de comer? ¿Y tú qué harías si miles de empleos dependieran de esa explotación? ¿Y tú qué harías si el crecimiento económico de tu país dependiera de seguir quemando petróleo?, ¿y tú qué harías si el privilegio económico de tu comunidad dependiese de estos impuestos? La balanza de las respuestas se inclina más a buscar el interés propio que el colectivo.
Existe una tendencia, bien documentada a justificar el sistema en el que vivimos, incluso cuando nos perjudica. Aceptar que el sistema es arbitrario o injusto nos resulta más incómodo que defenderlo. Creemos que vivimos en un mundo justo, que quien más tiene es quien más se lo merece y que quien menos posesiones tiene es porque de alguna manera se lo ha buscado. Queremos creer que las riquezas se reparten de forma coherente al esfuerzo que cada persona pone en alcanzar un objetivo.
¿Tú no harías lo mismo? Si todas las personas solo buscásemos el beneficio propio, aun dañando a otras personas o al planeta, el resultado dejaría de parecer injusto. Seríamos individu@s racionales tomando decisiones lógicas.
Estamos viviendo un verano abrasador que pone en evidencia la falta de previsión en cuanto a las medidas de adaptación al cambio climático.
Cada incendio forestal deja tras de sí mucho más que un paisaje calcinado. Hay viviendas destruidas, explotaciones agrícolas y ganaderas arruinadas, pueblos que tardan años en recuperar su actividad y ecosistemas cuya regeneración puede prolongarse durante décadas. Pero también deja un rastro menos visible: el miedo de quienes han tenido que huir de sus casas, la angustia de quienes lo han perdido todo, el estrés de los equipos de emergencia sometidos a una presión cada vez mayor y la ansiedad de quienes viven cada verano con la sensación de que el siguiente incendio puede alcanzarles a ell@s. Del mismo modo, las olas de calor no solo incrementan la mortalidad y las enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También transforman la vida cotidiana, alteran las condiciones de trabajo, agravan la salud mental, aumentan el aislamiento de las personas más vulnerables y obligan a reorganizar escuelas, hospitales, ciudades y sistemas de abastecimiento para unas condiciones climáticas que ya no son excepcionales, sino cada vez más habituales.
Prevenir incendios, reforzar la atención primaria, acondicionar los centros educativos y sanitarios frente al calor, proteger a quienes trabajan al aire libre o preparar los territorios para temperaturas extremas no constituye un gasto extraordinario, sino una inversión para reducir daños humanos, ambientales y económicos.
No es posible rebajar impuestos, reducir el tamaño del Estado y, al mismo tiempo, financiar la adaptación al cambio climático. No es posible mantener servicios públicos de calidad, reforzar la prevención de incendios forestales, construir infraestructuras resistentes al calor extremo, indemnizar a quienes pierden sus viviendas, compensar las pérdidas del sector agrario, ampliar los sistemas sanitarios o garantizar agua y energía para toda la población si renunciamos a los instrumentos colectivos que hacen posible esas inversiones.
Las incertidumbres, los miedos y preocupaciones son también costes de la crisis climática. Y esos costes recaen de manera desigual. Quien tiene recursos puede mudarse, asegurar su vivienda, instalar el aire acondicionado o contratar ayuda para limpiar y quien no los tiene dependerá cada vez más de la capacidad colectiva de prevenir, proteger y reconstruir.
En un planeta sometido a límites ecológicos, la función de la política debería ser decidir colectivamente qué actividades deben limitarse para que todas las personas puedan seguir viviendo dignamente.
Cuando se afirma que el mercado se regula solo, en realidad se está aceptando que los acuerdos climáticos los fijará quien tenga más capacidad para imponerlos. Quien posee una gran empresa energética, un fondo de inversión o una plataforma tecnológica dispone de más recursos para defender sus intereses.
La democracia se inventó para evitar el poder absoluto de una sola persona y permitir el debate sobre los asuntos que involucraban a toda la ciudadanía, ¿debe una persona tener más capacidad para decidir sobre la vida de las demás simplemente porque posee más dinero, más patrimonio o más influencia? La respuesta de la democracia moderna fue no. No, porque todas las personas van a vivir las consecuencias de las decisiones que se tomen. Por ello la democracia determina que todas las personas somos iguales ante la ley, a pesar de que existan diferencias en inteligencia, talento o propiedades. La igualdad política no elimina las diferencias entre nosotros/as, pero sí impide que esas diferencias se conviertan en privilegios para decidir sobre el resto.
La democracia no nació para eliminar el conflicto. Los conflictos existen porque los recursos son limitados, porque nuestras necesidades no siempre coinciden y porque el poder nunca está repartido de manera equilibrada. Lo que hace la democracia es ofrecer un procedimiento para discutir esos conflictos públicamente y decidir dónde situamos los marcos normativos que nadie debería poder sobrepasar.
La atmósfera, el clima, los bosques, el agua o la biodiversidad no distinguen entre accionistas y trabajadores, entre ricos y pobres o entre quienes votaron a un partido u otro. Los recursos naturales que nos proporcionan son comunes para toda la humanidad y los daños afectan a todos los sistemas vivos. Precisamente por eso en las decisiones que regulan su cuidado deberían participar todas las personas.
Sin embargo, quien dispone de mayores recursos económicos podrá protegerse mejor de algunos efectos del cambio climático: la subida de precios de los alimentos y el agua o el acceso a la atención médica. Quienes menos tienen dependerán cada vez más de aquello que solo puede organizarse colectivamente: hospitales públicos preparados para las olas de calor, servicios de emergencia capaces de responder a los eventos climáticos extremos y políticas que reduzcan los riesgos antes de que las catástrofes ocurran.
No puede ser casual que, al mismo tiempo que la crisis climática hace más necesarias las regulaciones jurídicas colectivas, haya cobrado fuerza una corriente política que considera la democracia el principal obstáculo para el progreso. El llamado movimiento neorreaccionario, compuesto por aquellas personas que defienden que al desarrollo tecnológico no se le pueden poner trabas, niega que la igualdad exista. Desde esta ideología, como las personas nacen con diferentes capacidades cognitivas o económicas, nadie debería poner freno a la libertad de cada cual para desarrollar estas competencias en beneficio propio y contra el bien común. Cualquier ley que intente subsanar esas diferencias es calificada como una interferencia injusta. En consecuencia, la democracia ha dejado de ser un sistema útil porque permite que mayorías supuestamente no cualificadas condicionen las decisiones de quienes se atribuyen la posesión del talento, la capacidad técnica o el éxito económico para dirigir la sociedad.
Según esta corriente, la política debería parecerse más a la gestión de una empresa. Los gobiernos serían más eficientes si estuvieran dirigidos por quienes obtienen mejores resultados en el mercado y no por representantes elegidos mediante el voto universal. La inteligencia artificial y los algoritmos aparecen como herramientas capaces de sustituir el debate político por decisiones aparentemente objetivas, calculadas en función de criterios de eficiencia y productividad.
Así visto, los resultados desiguales que producen los algoritmos, premiando a las personas que ya tienen mucho con más, no parecen injustos. Es lo natural. La igualdad así entendida es un engaño que se nos impone a través del sistema político con el objetivo de mantener el control social y reprimir las libertades individuales.
Pero pasan por alto que la igualdad también puede entenderse como un valor que nos protege frente al abuso de poder. Al rechazar el principio que reconoce a todas las personas como igualmente dignas, desprecian las garantías que permiten poner límites éticos a las discriminaciones. Al mismo tiempo, menosprecian la democracia como el mecanismo diseñado para protegerla. De este modo, gana terreno la idea de que votar constituye un obstáculo que debe eliminarse en favor de la dictadura de las empresas tecnológicas y sus director@s ejecutiv@s.
Esta es, en esencia, la propuesta del llamado movimiento neorreaccionario, que en los últimos años ha pasado de foros minoritarios en blogs a las conversaciones de algunas de las figuras más influyentes de la industria tecnológica.
La valoración del movimiento neoreaccionario encierra un razonamiento engañoso, pues la democracia no inventa el conflicto social, sino que lo hace visible y da un cauce a su expresión. Eliminar la democracia no equivale a eliminar las desigualdades que producen los conflictos. Solo elimina el mecanismo por el cual estas desigualdades podían, al menos en teoría, cuestionarse y corregirse colectivamente. Reducir el Estado en nombre de la libertad individual no reparte el poder, lo concentra todavía más en quienes ya controlan el capital económico y la infraestructura tecnológica. Pero, además, lo quieren hacer sin necesidad de rendir cuentas ante nadie.
Ahora bien, aunque los algoritmos pueden optimizar una decisión una vez que alguien ha definido el objetivo, no debería decidir cuántas emisiones estamos dispuest@s a aceptar para mantener determinado nivel de consumo, cuánto dinero debemos dedicar a proteger un bosque o qué valor concedemos al aire que respiramos. Esas no son preguntas técnicas. Son preguntas políticas.
La igualdad política, entendida como la dignidad que merece toda persona, independientemente de sus capacidades y como el deber que exige considerar sus necesidades por igual, nunca ha pretendido imponer la uniformidad.
Las crisis ecosociales exigen limitaciones jurídicas compartidas para decidir cuánto se extrae, cuánto se emite o cómo se reparten los costos de la degradación de los ecosistemas; sin embargo, el movimiento neorreaccionario pretende eliminar el único mecanismo que permite imponer normativas a quienes más se benefician de no tenerlas.
¿Tú no harías lo mismo si estuvieras en su lugar? Casi nunca nos invita a imaginar qué haríamos si ocupáramos el lugar de quienes sostienen de forma cotidiana y mayoritariamente no remunerada el trabajo de cuidado del que depende toda la actividad productiva.
¿Y tú qué harías si dedicaras gran parte de tu tiempo a cuidar de una persona dependiente sin recibir remuneración por ello? ¿Y si tuvieras que abandonar tu empleo para atender a un@ familiar enferm@? ¿Y si fueras quien limpia, reconstruye y cuida después de un incendio forestal o de una inundación?
Ese trabajo, histórica y globalmente desempeñado en mayor proporción por mujeres, no se reconoce ni como una fuente de poder ni como una condición deseable. Precisamente esa posición social de inferioridad ha servido para cuestionar la autoridad de quienes lo realizan y para excluirlas de la toma de decisiones. De este modo, la legitimidad de las grandes decisiones queda reservada a quienes se vinculan con las instituciones, la tecnología o la ciencia, mientras que las experiencias asociadas al cuidado quedan relegadas a un plano secundario. Por eso, cuando el cuidado, la reproducción de la vida o la protección del medio ambiente se presentan como tareas privadas, emocionales o secundarias, quienes sostienen quedan fuera del espacio donde se define qué cuenta como trabajo, qué se reconoce como conocimiento y qué intereses merecen ser defendidos. Así, la desigualdad no solo determina el punto de partida de cada persona, sino que también establece quién puede hablar, decidir y ser reconocid@ como parte legítima de la comunidad política. Negar la igualdad implica negar que los argumentos de quienes protegen la vida y defienden el medio ambiente merezcan ser escuchados o siquiera imaginados.
Esta asimetría no puede pasar desapercibida. Quienes integran los espacios de decisión política, económica y tecnológica sobre el clima, es decir, los consejos de administración, los foros de las cumbres climáticas, los despachos en los que se diseñan los nuevos marcos legales para la inteligencia artificial y la extracción de recursos, siguen estando, de forma desproporcionada en manos de los hombres. Mientras tanto, quienes en mayor medida absorben los efectos de las decisiones tomadas en esos espacios, los desplazamientos forzados, la escasez de agua o el cuidado de quienes enferman, siguen siendo, también de forma desproporcionada, mujeres.
El cambio climático no distribuye sus efectos de forma igualitaria. Quien dispone de patrimonio puede construirse un refugio climático o huir de zonas afectadas por eventos climáticos extremos. Quien depende de un salario, de los servicios públicos o de una red comunitaria dispone de muchas menos alternativas. Por eso las desigualdades existentes no desaparecen con la crisis ecológica, se amplifican.
¿Tú qué harías? nos coloca en la posición de quien decide en solitario, en desconexión con la realidad, cuando el problema que tenemos delante, la atmósfera o el clima son cuestiones que atañen a la humanidad. La emergencia se resuelve con leyes acordadas entre muchas personas distintas, que ni piensan igual ni tienen los mismos intereses. Pero precisamente por eso necesitan un espacio donde se discutan y del que broten compromisos, en lugar de dejar las decisiones en las manos de quien tiene más dinero.
La democracia promete el derecho a reconocer las diferencias en igualdad y ofrece que se puedan fijar unos mínimos que nadie pueda saltarse, sea cual sea su talento o su dinero.
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