175 activistas ambientales son asesinados en el mundo cada año

“Nuestra defensa de la Madre Tierra redunda en beneficio de toda la Humanidad y por eso es muy triste que nos ataquen a los defensores”. Rigoberto Juárez es la autoridad ancestral maya Q’anjobal y coordinador de varias naciones indígenas en Guatemala. Está siendo perseguido judicialmente en su país por un delito del que ya fue absuelto hace más de ocho años. Su lucha: la defensa de su territorio en Huehetenango frente a la llegada de hidroeléctricas que buscan hacerse con sus ríos. De momento, no teme por su vida, pero ha recibido amenazas. No son muy distintas a las que recibieron las 196 personas defensoras del medio ambiente que por lo menos fueron asesinadas en 2023 en el mundo. Así lo recoge un informe de la ONG internacional Global Witness, que desde 2012 realiza este cruento inventario de crímenes, en el que hay 2.106 víctimas mortales; es decir, una media de 175 cada año.

Hace ya 10 años que Rigoberto, líder de su pueblo, se implicó en la resistencia contra una hidroeléctrica en San Mateo de Ixtatán, un proyecto que finalmente fue suspendido al comprobar su financiador (el Banco Interamericano de Desarrollo) que no se habían cumplido los derechos de las comunidades de la zona. Sin embargo, él ya había sido denunciado y fue encarcelado en 2015 durante un año y cuatro meses, junto a otro líder, Ermitaño López, que también se oponía a la hidroeléctrica que quería construir la empresa española Hidralia en Santa Cruz de Barillas. “La sentencia nos absolvió, porque resolvió que no es delito defender ni mediar en un conflicto en el territorio, pero la fiscalía de mi país, corrupto, apeló y ahora quieren que vuelva a la cárcel, aunque ya ni hay proyecto. Solo queda esperar al recurso que he puesto en la Corte Constitucional guatemalteca”, nos cuenta vía telefónica desde su comunidad. “Esta recriminalización es terrible. Afecta a la familia y a la comunidad entera. No reconocer a una autoridad ancestral genera inestabilidad y es fruto de la corrupción del sistema de Justicia en Guatemala”, asegura

El informe Voces Silenciadas de Global Witness está plagado de casos como el de Rigoberto y don Ermitaño, que nos recuerda tanto al de la asesinada Berta Cáceres. De hecho, Centroamérica es el lugar del mundo con más crímenes ambientales per cápita. De los cuatro primeros países en este ránking, tres (Honduras con 18 crímenes y Nicaragua y Guatemala con cuatro) son de esa zona del mundo. En Honduras, hay que añadir este mismo mes otro a la lista: fue asesinado a tiros a la puerta de una iglesia el concejal y líder comunitario Juan Manuel López, reconocido por su trabajo en defensa del río Guapinol, el Parque Nacional Botaderos ‘Carlos Escaleras Mejía’ y por su oposición a proyectos mineros.

“En Latinoamérica hay movimientos de base muy fuertes del campesinado y los indígenas, y esa fuerza de incidencia tiene su lado tenebroso: los atacan. Esto no quiere decir que no ocurra en África o Asia, y quizá es que nos llega menos información. Cada caso en Global Witness lo documentamos con organizaciones locales y con noticias en los medios, aunque a veces ocultan estos casos bajo otras etiquetas, como ocurre en Filipinas (17 asesinatos en 2023), donde las personas defensoras son acusadas de terroristas o comunistas y muchas son desaparecidas o secuestradas”, señala Laura Furones, portavoz de Global Witness en España.

Detrás, siempre, la extracción de recursos naturales. Es la causa de la persecución, el acoso, la criminalización judicial y hasta la muerte de quienes tratan de defenderse de un expolio que tiene arraigadas raíces desde tiempos coloniales. Nonhle Mbuthuma, la sudafricana ganadora del premio Goldman de 2024, lo dice claramente: “Las personas defensoras y sus comunidades se exponen a un abanico de represalias cada vez mayor y muchas de ellas no se ven. O, peor aún, se pasan por alto”. Un de las que más comienzan a proliferar es la persecución a familiares y allegados. Así lo ha sufrido la líder salvadoreña Vidalina Morales, activista en el municipio de Cabañas contra la minería. Estos días ha iniciado una campaña para la liberación de cinco compañeros, apresados por oponerse hace años a una mina. “En mi caso, detuvieron a mi hijo diciendo que era miembro de una mara, pero es falso, querían hacerme daño para que dejara mi activismo”, nos asegura desde El Salvador.

Rigoberto Juárez, en el centro, de azul, es la autoridad ancestral maya Q’anjobal y coordinador de varias naciones indígenas en Guatemala. Foto: Rosa M. Tristán.

Colombia, el país más violento

Con todo, el país más violento del mundo en cifras absolutas para quienes defienden su territorio sigue siendo Colombia, donde la llegada de Gustavo Petro al poder no ha evitado un terrible recuento: 461 asesinatos en ese país en 12 años. Casi una cuarta parte del global, y casi todos en la zona de Cauca y Nariño, donde el narcotráfico, la guerrilla y la miseria conforman un cóctel que sigue resultando mortífero. Furones reconoce que el gobierno de Petro “ha hecho avances, como poner en su programa el Acuerdo de Escazú, que busca la protección de los defensores, pero cambiar las dinámicas es complicado. Y lo mismo pasa en Guatemala o en Nicaragua, donde están ilegalizando a las ONG, que pasan a estar perseguidas. Se busca silenciarlas”.

El perfil de las víctimas que ofrece la lista es claro: Casi la mitad (un 49%) de los crímenes son de miembros de pueblos indígenas o afrodescendientes, como lo son Rigoberto,  don Ermitaño o Mbuthuma. Un 12% eran mujeres. Lo que resulta más difícil de probar judicialmente es el perfil de los atacantes y de quienes ordenan esos ataques, pero el informe deja clara su relación con la lucha contra intereses energéticos y mineros. De hecho, en Centroamérica es la minería el sector que más conflictos sociales genera, junto con la agroindustria (el cultivo de palma africana, incluso con sello de sostenibilidad, está expulsando a comunidades enteras de sus territorios). “Una ley de debida diligencia para las empresas de los países europeos, que las obligue a cumplir con los derechos humanos y ambientales, es clave, porque lo que genera esta violencia es el acaparamiento de bienes naturales que acaban en la exportación”, indica Furones.

Una directiva sobre esta debida diligencia acaba de ser aprobada en la UE en julio, pero ahora falta transponerla a las legislaciones nacionales. Conviene recordar que la minería explota minerales muy codiciados para la tecnología en el Norte Global y la palma africana se utiliza para los biocombustibles.

“Los regímenes autoritarios se aseguran de que las élites políticas y económicas puedan usar la violencia impunemente para mantener sus redes corruptas y garantizar su control sobre los recursos naturales”, apunta Global Witness. Es algo que constatan en todos los continentes, pero en lo que de nuevo Centroamérica es un claro escaparate: en países como Guatemala o Nicaragua se incumplen sistemáticamente los convenios internacionales sobre derechos de consulta a los pueblos indígenas frente a la llegada de proyectos empresariales, se coacciona y se encarcela “con total impunidad”. “Los gobiernos no protegen, no evitan los daños a quienes defienden la biodiversidad, que es de todos y, si hay denuncias, los culpables quedan impunes, no se investiga. Cuando afecta a comunidades indígenas, a menudo muy aisladas, se tienen que defender en soledad. Es frecuente que se enteren de lo que pasa en sus tierras cuando ven maquinaria”, apunta la portavoz de la ONG.

Por primera vez, también se detecta un aumento de la criminalización ambiental en Europa y Estados Unidos. Manuel Esteban Páez Terán, un activista de 26 años, fue tiroteado por un agente de policía en Georgia (EE UU) mientras protestaba contra la destrucción de un bosque local para la construcción de un centro policial. En Europa, no hay muertes, pero cada vez son más las empresas y gobiernos que interponen demandas contra activistas por su participación en protestas pacíficas, sobre todo relacionadas con el cambio climático. Solo en noviembre de 2023, el gobierno británico detuvo a 630 personas por acudir a marchas contra nuevos proyectos de petróleo y gas. En España, en enero pasado, 22 activistas de Futuro Vegetal  fueron acusados de “organización criminal” por lanzar, por ejemplo, zumo de remolacha a la fachada del Congreso de los Diputados.

Desde Guatemala, en su pequeña aldea, con una cobertura que va y viene, Rigoberto Juárez espera a ver si se libra de la cárcel. Ya tiene una orden de captura en su contra y la decisión judicial sobre su recurso puede tardar meses, quizá un año. “Lo que buscan es que los defensores no nos movamos, nos quieren amedrentar y nos amenazan por las redes sociales, pero yo no me voy a quedar quieto. Soy maya q’anjobal lqb’ajwon y coordinador de las naciones indígenas mayo akateka, chuj, q’anjob’al y popti’ y vamos a seguir representando a nuestros pueblos, no vamos a parar”.

  COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE, HACE SOSTENIBLE ‘EL ASOMBRARIO’.

Sobre el autor

Rosa M. Tristán

Periodista. Ciudadana sin fronteras. En el diario El Mundo durante 22 años. La ciencia y el conocimiento de la Tierra y sus gentes, mis pasiones. Viajera incansable. Puedes seguirme en Twitter en @RosaTristán

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