Ciudades de madera, un futuro por construir
El edificio Terrazas para la Vida, de Daniel Ibáñez y Vicente Guallart Arquitectos, será el más alto de Barcelona construido en madera.
La utilización de la madera como eje de la construcción de viviendas de la forma más sostenible posible, y con ella lograr recursos para esa gestión de los bosques privados que ahora es mínima, concita hoy el interés de administraciones, empresas, arquitectos y constructoras, pero no acaba de despegar. Trabas ajenas a sus posibilidades impiden que, pese a que la masa forestal aumenta en el territorio nacional, este material renovable tome protagonismo en el sector inmobiliario pese a que la actividad cementera es de las más contaminantes que existen.
En la jornada Have a Wood Day, organizada recientemente por la organización FSC, que promueve la gestión responsable de los bosques sostenibles, expertos y expertas realizaron una exhaustiva radiografía de una actividad de “carpintería industrial” que desde hace siglo y medio fue dejando su espacio a la “albañilería del hormigón y el acero”. Ahora se quiere recuperar como una solución más al abandono de los montes. Y es que una conclusión común de los presentes fue que, dado que la inmensa mayoría de los montes están en manos privadas, hay que sacar un rendimiento económico que permita su mantenimiento, y con ello los riesgos de incendios o plagas a los que se enfrentan en un contexto de cambio climático.
Entre los asistentes, José Luis Chan, director general de Planificación y Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia, la comunidad autónoma que más madera corta (11 millones de m3 cada año), recordaba lo complejo que es gestionar un territorio con 90.000 referencias catastrales; es decir, con muchos minifundistas para los que hay que autorizar decenas de miles de permisos de corta. “El problema es que falta mucha formación entre la gente y a menudo se corta un monte entero en vez de sacarle más rendimiento con una gestión más adecuada. Luego, tampoco se usa para madera laminada. En Galicia solo hay una empresa que tiene esa producción, necesaria para la construcción”, señalaba. En la Xunta, precisamente con el objetivo de impulsar el cambio, hace unas semanas se aprobaron cinco millones de euros en ayudas públicas para viviendas unifamiliares o edificios construidos con madera, convocatoria que sigue abierta.
En la misma línea, José Ángel Arranz, responsable de política forestal en la Junta de Castilla y León, resaltaba que en su comunidad se aprobó en 2021 un Plan Hábitat para levantar ciudades y pueblos más sostenibles, pero que el uso de la madera en las viviendas no ha despegado pese a aumentar esa sostenibilidad con un recurso del propio territorio: “Durante años, su uso como biomasa también estuvo estancado y ahora ha despegado, porque se ha visto un rendimiento; puede pasar lo mismo con la construcción, pero vamos muy lentos. Nosotros convocamos una promoción de vivienda pública en madera y quedó desierta pese a que generamos cuatro millones de metros cúbicos al año en producción”, reconocía Arranz.
Un tema recurrente es el de las dificultades que genera que los montes sean privados, como mencionaba el responsable del área forestal en la Junta de Andalucía, Gabriel Ángel Gutiérrez Tejada. Ante ese problema, algunas comunidades autónomas tratan de promover fórmulas de titularidad mixta o cooperativas que ayuden a los propietarios a disponer de recursos para cuidar sus bosques y vender su madera con más retorno. Pero hay otras opciones, como la que apuntaba Susana de las Heras, de la Junta de Castilla-La Mancha: Incorporar el valor que tienen los bosques por los servicios ecosistémicos (la calidad del agua, del aire, la captura de CO2, la biodiversidad…) que generan, servicios que deberían compensarse de forma que sean rentables por estar cuidados.
“Es absurdo”, añadía José Luis Chan, “que un monte sano ni siquiera pueda vender derechos de carbono como sumidero que es y sí se permita cuando se quema. Lo que hay que premiar es hacerlo bien y, además, no tratar igual un monte de eucaliptos para hacer papel que otras especies que tienen calidad para vigas o mesas”.
Como muestra de lo compleja que resulta la situación, aquí la historia de un propietario presente, Rafael Fernández: “Tengo 400 hectáreas de monte. Pedí una subvención como apoyo para mantenerlo, de la que pagué 70.000 euros en IVA. Con la madera cortada pensaba recuperar dinero, pero resultó que nadie la quería comprar, salvo para pellets, que se pagan muy poco. Al final, perdí 40.000 euros, con el dolor de ver los pinos hechos astillas”. “Está claro”, contestaba Arranz, “que hay que poner en marcha el uso de madera estructural y aumentar la demanda del sector de la construcción más allá de los pellets, con incentivos fiscales y apoyo de las administraciones”.
No faltan los ejemplos de que funciona este material, que se renueva de forma natural. Los riesgos de incendios o los problemas de insonorización se han ido solventando con innovación tecnológica; y como hemos visto en la tragedia de Valencia, los riesgos de que los edificios se conviertan en antorchas en pocos minutos vienen por otro lado. “En los últimos incendios, la madera no ha tenido nada que ver, porque la madera cumple el código técnico de edificación y está tratada con productos ignifugantes; cumple la resistencia contra el fuego. De hecho, es un material que arde a poca velocidad”, destaca Gonzalo Anguita, director de FSC en España.
Entre los proyectos arquitectónicos en marcha, estuvo presente el del arquitecto catalán Daniel Ibáñez, llamado Terrazas para la vida, un edificio situado en Barcelona con 40 viviendas sociales que está en construcción utilizando madera de bosque gallego, y con el certificado de sostenibilidad FSC. “Con madera, se finaliza la obra en menos tiempo, se tiene un sumidero de CO2, se genera menos residuos y polvo y es más seguro para los obreros; en este caso, además, será autosuficiente pues tendrá en la cubierta un invernadero para una huerta o frutales”, enumeró Ibáñez. “En otros países como Estados Unidos hay mucha cultura del uso de madera, pero en casas aisladas. Aquí queremos un modelo de ciudad en altura, que precisa menos utilización del coche”, explicaba. Por su parte, el también arquitecto Guillermo Sevillano presentó su Biblioteca Gabriel García Márquez, también en Barcelona, que tiene en su haber el premio a la mejor biblioteca pública del mundo en 2023. Sevillano destacó cómo la madera “permite posibilidades que conectan con el entorno social urbano en el que se enmarcan las construcciones”.
Desde la empresa de madera laminada (CLT) Lignum Tech, Sandra Llorente volvió a recordar que es “la falta de pedagogía” lo que lleva a convertir los árboles talados en pellets o palets, cuando “no es sostenible comprar una vaca y hacerla entera carne picada sin aprovechar los solomillos”, como explicó metafóricamente. Entre sus propuestas, elaborar una etiqueta de eco-edificabilidad o eco-construcción que permita saber cómo se construyen las viviendas con madera y qué bosque se está ayudando a regenerar y, además, instalar las fábricas madereras en los territorios, “porque es donde están los montes y zonas muy despobladas donde hay que invertir”.
Esos inversores, que son las empresas, también estuvieron representados en el Have a Wood Day, que tuvo lugar en Madrid, en la sede del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO). Pidieron a las administraciones públicas, presentes y ausentes, más apoyo legal y exenciones o ayudas fiscales que favorezcan ese uso inmobiliario de madera en un país con muy desigual aprovechamiento. Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Vía Ágora, insistió: “Lo que necesitamos es mejor gestión forestal y tener agentes silvícolas que la faciliten, porque con la nueva regulación europea hay una oportunidad histórica de usar este recurso, dado que se penaliza el acero y el hormigón respecto a opciones más sostenibles, como ésta”.
Pese a lo que pudiera parecer, desde el sector se dejó claro que, cuando se analiza todo el proceso de construcción, el coste económico de levantar viviendas con madera compensa. “Es muy beneficioso porque reduce un 30% el CO2 y, si se combina con otros materiales, como el hormigón para los núcleos, el coste solo supone un 3% más. Tenemos ya fábricas de esa madera CLT en Galicia, en Teruel, en Barcelona. Ahora se precisa apoyo público para lograr contar con un tejido industrial, para estandarizar los procesos abaratando el coste, porque no puede quedarse en unos pocos edificios icónicos o prototipos”, reconocía el delegado de la promotora inmobiliaria AEDAS Homes, José María Quirós. Y concluyó: “Un sobrecoste menor siempre es asumible por una administración pública, sin olvidar que hay países nórdicos donde ya se va a penalizar el no descarbonizar y ese es el camino”.
También estuvo presente la Axencia Galega da Industria Forestal (XERA), cuyo responsable, Jacobo Aboal, destacó que, aunque ciertamente aumenta en cantidad la madera, no toda está disponible: “Porque no se trata solo del número de árboles que hay, sino también de cómo es el acceso a ellos, de que no estén en zonas protegidas Natura 2000 y de que el 45% de sus propietarios están ausentes del territorio; muchos ni siquiera saben que los tienen, lo que hace que nuestros montes se carguen de madera, con el riesgo que eso supone de incendios”. Abola animó también a tomar medidas para promover casas y edificios de madera; en otras palabras, para ver crecer ciudades hechas de árboles a la vez que se evitan las heridas que son las canteras en cerros y montes de todo el país.
La jornada de FSC acabó con una exposición sobre la iniciativa Maderaula, impulsada por la fundación forestal Cesefor, que se dedica a la formación de profesionales para la industrialización del uso de la madera, como arquitectos, ingenieros, carpinteros, empresarios y cuantas personas estén interesadas en capacitarse para trabajar con este material. Eso sí, como dejó claro en la presentación de la jornada el director de FSC España, Gonzalo Anguita, preferiblemente siempre certificado, para que se garantice que esos árboles de los que se extrae han sido cuidados con todas las garantías, ambientales y sociales.
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